king changuis
Bovino Milenario
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Legislación Antinmigrante
Ordena Arizona tratar como criminales a indocumentados
Culpa la gobernadora a la Casa Blanca
Es una ley irresponsable: Barack Obama
Cientos de manifestantes salieron a las calles este viernes para protestar contra la promulgación en Arizona de la legislación denominada SB1070, la cual permite a policías detener e interrogar a quienes consideren sospechosos de ser indocumentados, entre otras medidasFoto Ap
Policías realizaron detenciones a las afueras del Congreso, donde se efectuaron escenas de repudio a la normativa antimigrante aprobada en ArizonaFoto Ap
David Brooks
Washington, 23 de abril. El estado de Arizona promulgó hoy la ley más antimigrante del país, ante la crítica del presidente Barack Obama, quien la calificó de irresponsable, y la denuncia de una amplia gama de organizaciones, detonando así –otra vez– una nueva batalla nacional sobre el tema.
De pronto, con Arizona en el trasfondo, líderes demócratas de ambas cámaras del Congreso federal junto con la Casa Blanca han retomado como prioridad, dicen, el tema de una reforma integral, mientras que sus opositores buscan, de nuevo, cómo usar el triunfo de las fuerzas antimigrantes en ese estado a escala nacional.
Y todos, tanto críticos como promotores de estas medidas, están de acuerdo en un punto: acusan que es resultado del fracaso de Washington en abordar y tomar acción sobre el tema.
La gobernadora republicana Jan Brewer firmó la norma que criminaliza a todo indocumentado en Arizona y faculta a la policía a detener e interrogar a cualquier sospechoso de ser extranjero ilegal, entre otras medidas.
Al firmar la ley, conocida como SB1070, Brewer responsabilizó a Washington de la situación. Nosotros en Arizona hemos sido más que pacientes esperando que Washington actúe. Pero décadas de inacción y políticas mal guiadas han creado una situación peligrosa e inaceptable. La legislación es, justificó, otra herramienta para nuestro estado, mientras trabajamos para resolver una crisis que no creamos y que el gobierno federal se rehúsa a componer.
Horas antes, el presidente Obama calificó la iniciativa de mal guiada, cuestionó su legalidad y ordenó una evaluación de las posibles consecuencias sobre los derechos civiles.
Obama, en una ceremonia de naturalización de migrantes en las fuerzas armadas, entre ellas una mexicana, reiteró la necesidad de una reforma integral y aceptó que hay ausencia de acción federal. El fracaso de actuar de manera responsable a nivel federal sólo abre la puerta a la irresponsabilidad de otros, y eso incluye los recientes esfuerzos en Arizona, los cuales amenazan minar nociones básicas de justicia que apreciamos como estadunidenses.
Desde que el proyecto fue promovido por la legislatura estatal se han intensificado campañas locales y nacionales contra la iniciativa, con expresiones de condena: desde el arzobispo de Los Ángeles, cardenal Roger Mahoney –quien la comparó con el nazismo–, hasta las principales organizaciones latinas y de defensa de migrantes nacionales, así como sindicatos y políticos.
Algunos líderes sociales pronostican que los hechos en Arizona acabarán nutriendo las movilizaciones proinmigrantes en la nación, como las programadas para el próximo primero de mayo.
Hoy en Arizona cientos de manifestantes acudieron a las oficinas de Brewer en demanda de que no promulgara la ley. En días recientes han circulado peticiones con miles de firmas para instar a la gobernadora a usar su veto para anular el proyecto. Se realizaron todo tipo de protestas, incluyendo caravanas de activistas que viajaron a Arizona desde varios puntos del país para sumarse a la resistencia. Esta semana estudiantes de Phoenix y otras ciudades acudieron a las oficinas de la gobernadora para demandar el veto a la iniciativa, por lo que ocurrieron algunos enfrentamientos.
Hoy, el caucus hispano del Congreso y algunos gobernadores como Bill Richardson, de Nuevo México, entre otras figuras políticas, deploraron la promulgación de la ley.
Se están preparando demandas legales contra la legislación (la cual entrará en vigor en 90 días) por diversos actores –incluso el propio alcalde Phil Gordon, de Phoenix, la ciudad más grande de Arizona– cuestionando la constitucionalidad (sobre la base de que el gobierno federal tiene el deber exclusivo de implementar leyes migratorias).
Entre el temor y el coraje
Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros, uno de los promotores de las campañas para detener la legislación, llamó a la resistencia. “Nuestro pueblo inmigrante en Arizona se debate entre el temor y el enojo por la SB1070. Pero entre el miedo y la imprudencia está el coraje… Coraje para resistir pacíficamente… Salgamos a la calle con la frente en alto, que no robamos nada a nadie…. No permitamos que se nos retrate como los pobrecitos a los que hay que proteger porque tienen miedo. Somos un pueblo en resistencia, noble, pacífico y valiente”, dijo.
Agregó: “la crisis de derechos civiles en Arizona va más allá del tema de migración. Se trata del futuro de nuestro país… O somos un país donde todos tenemos el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad; o somos un país donde se juzga y se limitan las oportunidades de las personas por el color de la piel”.
Las fuerzas antimigrantes celebran su triunfo y lo justifican con la insistencia en la seguridad frente a la violencia y el crimen organizado, que viene de México. Algunos legisladores afirmaron que los ciudadanos están hartos de la inseguridad, y muchos mencionaron la ola de secuestros en Phoenix y otros delitos cometidos por extranjeros ilegales.
La hostilidad en ese estado ha alcanzado tales niveles que el representante federal demócrata de Arizona, Raúl Grijalva, cerró sus oficinas locales en Yuma y Tucson este fin de semana ante amenazas de violencia y hasta de muerte por oponerse a la legislación. Hay policías vigilando ambas oficinas, reportaron medios locales. Grijalva ha pedido a organizaciones que van a celebrar convenciones en Arizona suspenderlas. Hoy la primera agrupación en cancelar su convención nacional programada en ese estado fue la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).
En tanto los políticos en esta capital están calculando los efectos de Arizona para las elecciones intermedias legislativas de noviembre, como para varios concursos estatales (incluyendo la gubernatura de Arizona).
Por tanto, una vez más, los migrantes no sólo serán empleados para generar riqueza en este país, sino piezas en el juego de ajedrez político que dicen llamar democracia en Estados Unidos.
http://www.jornada.unam.mx/2010/04/24/index.php?section=politica&article=002n1pol
Ordena Arizona tratar como criminales a indocumentados
Culpa la gobernadora a la Casa Blanca
Es una ley irresponsable: Barack Obama
Cientos de manifestantes salieron a las calles este viernes para protestar contra la promulgación en Arizona de la legislación denominada SB1070, la cual permite a policías detener e interrogar a quienes consideren sospechosos de ser indocumentados, entre otras medidasFoto Ap
Policías realizaron detenciones a las afueras del Congreso, donde se efectuaron escenas de repudio a la normativa antimigrante aprobada en ArizonaFoto Ap
David Brooks
Washington, 23 de abril. El estado de Arizona promulgó hoy la ley más antimigrante del país, ante la crítica del presidente Barack Obama, quien la calificó de irresponsable, y la denuncia de una amplia gama de organizaciones, detonando así –otra vez– una nueva batalla nacional sobre el tema.
De pronto, con Arizona en el trasfondo, líderes demócratas de ambas cámaras del Congreso federal junto con la Casa Blanca han retomado como prioridad, dicen, el tema de una reforma integral, mientras que sus opositores buscan, de nuevo, cómo usar el triunfo de las fuerzas antimigrantes en ese estado a escala nacional.
Y todos, tanto críticos como promotores de estas medidas, están de acuerdo en un punto: acusan que es resultado del fracaso de Washington en abordar y tomar acción sobre el tema.
La gobernadora republicana Jan Brewer firmó la norma que criminaliza a todo indocumentado en Arizona y faculta a la policía a detener e interrogar a cualquier sospechoso de ser extranjero ilegal, entre otras medidas.
Al firmar la ley, conocida como SB1070, Brewer responsabilizó a Washington de la situación. Nosotros en Arizona hemos sido más que pacientes esperando que Washington actúe. Pero décadas de inacción y políticas mal guiadas han creado una situación peligrosa e inaceptable. La legislación es, justificó, otra herramienta para nuestro estado, mientras trabajamos para resolver una crisis que no creamos y que el gobierno federal se rehúsa a componer.
Horas antes, el presidente Obama calificó la iniciativa de mal guiada, cuestionó su legalidad y ordenó una evaluación de las posibles consecuencias sobre los derechos civiles.
Obama, en una ceremonia de naturalización de migrantes en las fuerzas armadas, entre ellas una mexicana, reiteró la necesidad de una reforma integral y aceptó que hay ausencia de acción federal. El fracaso de actuar de manera responsable a nivel federal sólo abre la puerta a la irresponsabilidad de otros, y eso incluye los recientes esfuerzos en Arizona, los cuales amenazan minar nociones básicas de justicia que apreciamos como estadunidenses.
Desde que el proyecto fue promovido por la legislatura estatal se han intensificado campañas locales y nacionales contra la iniciativa, con expresiones de condena: desde el arzobispo de Los Ángeles, cardenal Roger Mahoney –quien la comparó con el nazismo–, hasta las principales organizaciones latinas y de defensa de migrantes nacionales, así como sindicatos y políticos.
Algunos líderes sociales pronostican que los hechos en Arizona acabarán nutriendo las movilizaciones proinmigrantes en la nación, como las programadas para el próximo primero de mayo.
Hoy en Arizona cientos de manifestantes acudieron a las oficinas de Brewer en demanda de que no promulgara la ley. En días recientes han circulado peticiones con miles de firmas para instar a la gobernadora a usar su veto para anular el proyecto. Se realizaron todo tipo de protestas, incluyendo caravanas de activistas que viajaron a Arizona desde varios puntos del país para sumarse a la resistencia. Esta semana estudiantes de Phoenix y otras ciudades acudieron a las oficinas de la gobernadora para demandar el veto a la iniciativa, por lo que ocurrieron algunos enfrentamientos.
Hoy, el caucus hispano del Congreso y algunos gobernadores como Bill Richardson, de Nuevo México, entre otras figuras políticas, deploraron la promulgación de la ley.
Se están preparando demandas legales contra la legislación (la cual entrará en vigor en 90 días) por diversos actores –incluso el propio alcalde Phil Gordon, de Phoenix, la ciudad más grande de Arizona– cuestionando la constitucionalidad (sobre la base de que el gobierno federal tiene el deber exclusivo de implementar leyes migratorias).
Entre el temor y el coraje
Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros, uno de los promotores de las campañas para detener la legislación, llamó a la resistencia. “Nuestro pueblo inmigrante en Arizona se debate entre el temor y el enojo por la SB1070. Pero entre el miedo y la imprudencia está el coraje… Coraje para resistir pacíficamente… Salgamos a la calle con la frente en alto, que no robamos nada a nadie…. No permitamos que se nos retrate como los pobrecitos a los que hay que proteger porque tienen miedo. Somos un pueblo en resistencia, noble, pacífico y valiente”, dijo.
Agregó: “la crisis de derechos civiles en Arizona va más allá del tema de migración. Se trata del futuro de nuestro país… O somos un país donde todos tenemos el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad; o somos un país donde se juzga y se limitan las oportunidades de las personas por el color de la piel”.
Las fuerzas antimigrantes celebran su triunfo y lo justifican con la insistencia en la seguridad frente a la violencia y el crimen organizado, que viene de México. Algunos legisladores afirmaron que los ciudadanos están hartos de la inseguridad, y muchos mencionaron la ola de secuestros en Phoenix y otros delitos cometidos por extranjeros ilegales.
La hostilidad en ese estado ha alcanzado tales niveles que el representante federal demócrata de Arizona, Raúl Grijalva, cerró sus oficinas locales en Yuma y Tucson este fin de semana ante amenazas de violencia y hasta de muerte por oponerse a la legislación. Hay policías vigilando ambas oficinas, reportaron medios locales. Grijalva ha pedido a organizaciones que van a celebrar convenciones en Arizona suspenderlas. Hoy la primera agrupación en cancelar su convención nacional programada en ese estado fue la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).
En tanto los políticos en esta capital están calculando los efectos de Arizona para las elecciones intermedias legislativas de noviembre, como para varios concursos estatales (incluyendo la gubernatura de Arizona).
Por tanto, una vez más, los migrantes no sólo serán empleados para generar riqueza en este país, sino piezas en el juego de ajedrez político que dicen llamar democracia en Estados Unidos.
http://www.jornada.unam.mx/2010/04/24/index.php?section=politica&article=002n1pol
