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Verónica Espinoza
Reportaje Especial
9 Enero, 2018
Alcántara Soria. Revelaciones. Foto: Octavio Gómez
IRAPUATO, Gto. (Proceso).- Funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), específicamente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cabildearon durante meses ante integrantes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para que éste “suavizara” el “Informe de Evaluación Mutua sobre medidas contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”, que recientemente dio a conocer ese organismo internacional.
El informe evidencia la mala actuación del gobierno de Enrique Peña Nieto en ese rubro, lo mismo que las administraciones estatales, de las cuales ni la tercera parte cuenta con unidades de inteligencia patrimonial y no destinan presupuesto a ese tema, pese a que está definido como prioritario en el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP).
Juan Miguel Alcántara Soria, quien fuera subprocurador de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR) y secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), revela a Proceso que con ese cabildeo la SHCP pretendía que no se le exhibiera, independientemente de las omisiones y señalamientos que el informe contiene sobre el desempeño de la Procuraduría y los gobiernos estatales.
Alcántara, entrevistado el jueves 4, al día siguiente de que el GAFI publicara su Informe 2018, dice:
“Mi percepción es que esto se hizo para cuidar a los secretarios, a Luis Videgaray y a José Antonio Meade, porque la versión original (del informe) era mucho más radical en su señalamiento de deficiencias y omisiones, particularmente de la UIF adscrita a la oficina del secretario de Hacienda. Todo lo que se señala sobre esto tiene destinatario: nombres y apellidos que son los dos secretarios de Hacienda del gobierno de Peña Nieto”, además del propio titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Alberto Bazbaz Sacal.
El actual consultor en prevención y combate al lavado de dinero comenta que funcionarios del GAFI aseguraron que la versión inicial del documento “apuntaba con mayor dureza a la responsabilidad de Hacienda”.
“Estamos enterados de esa versión porque, como consultores desde 2014 en temas de combate al lavado de dinero, socios y exsocios de la firma tenemos los contactos con funcionarios del GAFI. Es una relación visible, constante y comprobable; por eso conocimos esta primera versión que se puso a consideración del gobierno mexicano y también del cabildeo fortísimo de la UIF de la SHCP para suavizar los términos.”
Con ello se logró “de alguna manera exculpar a la SHCP para culpar a la PGR y a los estados y municipios por las omisiones y deficiencias”, sostiene Alcántara, quien también fue procurador de justicia de Guanajuato.
Recuerda que, en noviembre pasado, al término de la reunión del GAFI en Argentina, Hacienda difundió un boletín en el que supuestamente el organismo validaba los esfuerzos del gobierno mexicano en el combate al lavado de dinero, “cuando no se había aprobado la versión final del informe”.
En efecto, la SHCP y la PGR emitieron dicho boletín el 2 de noviembre, cuando José Antonio Meade aún no dejaba la primera para convertirse en precandidato del PRI a la Presidencia.
“El reporte indica que México cuenta con un régimen maduro en la materia, que incluye un marco legal e institucional adecuado, y que se ha fortalecido significativamente en distintas áreas desde que el país fue evaluado en 2008”, dice el comunicado publicado en el portal de Hacienda, y menciona que el informe se haría público “una vez que concluya su edición final”.
Como funcionario de la PGR y del SNSP en el sexenio de Felipe Calderón, Alcántara Soria intervino en la elaboración del segundo de los tres informes que el GAFI ha recopilado sobre la actuación del gobierno mexicano en estos rubros, en 2008:
“Me tocó primero participar en la parte de legislación, con el artículo 400 bis del Código Penal (que tipifica las operaciones con recursos de procedencia ilícita), cuando fui subprocurador, y luego impulsar la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el último avance legislativo que se hizo al final del sexenio de Calderón.”
Ambos avances fueron incluidos en el “Segundo Informe de Evaluación Mutua”, del GAFI.
Posteriormente comenzó en el CNSP la aplicación de las estrategias acordadas con el organismo internacional, como la creación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica, que firmaron 32 entidades en noviembre de 2010.
“No se les llamó unidades de inteligencia financiera porque el tema financiero es competencia federal, no de los estados; a éstos les competen los asuntos patrimoniales, como registros públicos y comercios”, aclara Alcántara.
Sin embargo, explica que el entonces procurador del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, decidió que en la capital sí se llamaría UIF y consiguió darle autosuficiencia con varias acciones, sobre todo en las materias de importaciones, exportaciones y extinción de dominio.
Cerrazón federal
Como ya se había acreditado que México realizaba ese proceso legislativo y de construcción institucional, lo que evaluó el GAFI en 2017 fueron los avances en este entramado legal y en la estructura para combatir los delitos.
Sobre la tercera evaluación, Alcántara Soria indica: “Nos permite enfocar por un lado qué no se hizo bien y quién no lo hizo bien, pero también qué hay que hacer hacia adelante”.
Sin embargo, indica que al menos este año no se vislumbra liderazgo o capacidad del gobierno de Peña Nieto para dar algún paso en el tema, sobre todo en medio del proceso electoral, y menos aún ante la ineficiencia del titular de la UIF, Bazbaz, a quien Alcántara señala como el principal responsable de la parálisis en el área.
En 2015 integrantes de la consultoría Buró de Seguridad y Legalidad Financiera, SC, de la que es socio Alcántara, se reunieron con Bazbaz en su despacho de la Ciudad de México, puesto que asesoraban a varios estados en la creación de sus unidades de inteligencia patrimonial. Ahí le expusieron al funcionario que no se estaba cumpliendo la estrategia para prevenir y combatir el lavado de dinero asumida públicamente por el Estado mexicano.
Relata el exsecretario ejecutivo del SNSP:
“Le pedíamos a Bazbaz que asumiera el liderazgo que le correspondía para incrementar las capacidades del Estado mexicano a través de los gobiernos estatales en esa estrategia, y lo que lamentable y reprobablemente nos contestó fue que él no iba a compartir ninguna información derivada de la inteligencia que se estaba generando para la UIF por todo el sistema financiero (bancos, casas de bolsa, instituciones de seguros y fianzas, etcétera) y las actividades para sujetos obligados, como vendedores de autos, joyas, contadores y notarios; que toda esa información no se la iba a poner a disposición ni de la PGR ni de la Policía Federal, porque no les tenía confianza.
“Bazbaz nos dijo: ‘Yo sólo voy a poner a disposición de terceros información o reportes cuando me lo instruya el secretario de Hacienda. Si los estados con las unidades me quieren dar información, bienvenida, pero yo no les voy a dar nada’. Le cuestioné esa actitud, porque entonces era un esfuerzo infructuoso toda la inversión, incluso de instituciones financieras privadas, del gobierno y del gobierno de Estados Unidos. Nos dijo literalmente: ‘Háganle como quieran’.”
Lo peor, dice Alcántara, es que los exsecretarios Luis Videgaray y José Antonio Meade no repararon una grave omisión: “La SHCP es la única facultada para querellarse ante la PGR ante un posible delito por lavado en el sistema financiero. Tiene ese monopolio. Y se ha abusado de esa facultad discrecional: como no hay querellas de Hacienda, pues por mucho que la PGR esté observando lavado de dinero en un banco, no puede hacer nada, porque si la secretaría no lo denuncia, la procuraduría está imposibilitada jurídicamente para proceder”.
De ahí, enfatiza, que el informe 2018 del GAFI señale un mínimo porcentaje de reporte de actividades sospechosas que la UIF denuncia a la PGR: 1% de los que recibe. “Y si la PGR persigue el 1%, dada su incapacidad, ese 1% es nada”.
Eso sí, en la reunión con los consultores Bazbaz reconoció que la UIF cuenta con tecnología de punta financiada con 100 millones de dólares por la embajada de Estados Unidos, como parte de la Iniciativa Mérida durante el gobierno de Felipe Calderón, cuando el titular de la unidad era José Alberto Balbuena.
Éste fue socio de la consultoría mencionada y actualmente colabora con el empresario Ricardo Salinas Pliego en la prevención de lavado de dinero.
En tanto, la cerrazón federal tuvo consecuencias.
Dice Alcántara Soria: “Estados Unidos tenía mucho interés en tener acceso a todos los registros públicos del país para los casos de lavado que llevan allá. Si esto se hubiera instrumentado como se planeaba, desde Estados Unidos se podría acceder a todos los registros públicos y encontrar, por ejemplo, todas las propiedades de Guzmán Loera en segundos. Pero esto se abortó con Bazbaz y ya no se logró el fruto de esa inversión que Estados Unidos esperaba recuperar con los resultados de largo aliento”.
[CONTINUA EN LA SIGUIENTE ENTRADA]
