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7. Mario Anguiano, exgobernador de Colima, acusado también de desviar 170 millones de pesos del erario; fue inhabilitado por el Congreso del estado para ocupar otro cargo público por 23 años y condenado a pagar multas por 45 millones de pesos tras detectarse irregularidades en las cuentas del presupuesto de 2013 a 2015.
Colima es uno de los estados conocidos como “cementerio de gobernadores”. El exgobernador Silverio Cavazos Ceballos fue ejecutado 12 meses después de dejar el cargo. Su sucesor, Fernando Moreno Peña, recibió cuatro balazos después de abandonar la gubernatura.

8. Egidio Torre Cantú, exgobernador de Tamaulipas, es señalado por participar también en una presunta red de desvío de millonarios recursos a las campañas electorales de 2016, la cual perdió su partido (PRI) ante Francisco García Cabeza de Vaca.

Torre Cantú llegó a la gubernatura tras el asesinato de su hermano Rodolfo Torre Cantú, en junio de 2010, uno de los casos más graves e impunes de atentados contra un candidato priista en Tamaulipas, entidad dominada por los tres cruces del crimen organizado: el cártel del Golfo, el cártel de Los Zetas y Los Beltrán Leyva.

9. Eugenio Hernández y Tomás Yarrington, dos exgobernadores priistas también de Tamaulipas, antecesores de Egidio Torre Cantú, han sido detenidos y acusados de encabezar una presunta extensa red de lavado de dinero y de vínculos con el crimen organizado, según cortes federales de Estados Unidos en Texas que piden su extradición. También en Estados Unidos piden la extradición de Jorge Torres López, gobernador interino de Coahuila (2011).

Los casos de Yarrington y Hernández constituyen, sin duda, los ejemplos más acabados de narcogobernadores, cuyas redes y vínculos se extienden hasta el Estado de México (tema que líneas abajo analizaremos).
10. José de Jesús Reyna, gobernador interino de Michoacán, quien terminó por responder jurídicamente frente a la acusación de desvío de fondos públicos por 2 mil 233 millones de pesos (cometida desde la administración de Fausto Vallejo, también expriista).

Reyna asumió el cargo tras la renuncia de Vallejo en 2014, quien estaba aquejado por una serie de enfermedades, pero también por la crisis de gobernabilidad que condujo a la creación de las autodefensas, lideradas por el doctor José Manuel Mireles, el cual se enfrentó a los grupos de los Caballeros Templarios y la Familia Michoacana, cárteles que dominaron las principales zonas de trasiego de la droga.

11. Uno de los casos más graves de impunidad es el de Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, exdirigente nacional del PRI y uno de los más firmes aliados de Peña Nieto en su ascenso a la candidatura presidencial, hasta que fue señalado en México y en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. La Secretaría de Hacienda documentó el desaseo en el manejo de los recursos públicos durante su administración, en la que la deuda pública se disparó de 323 millones a 36 mil millones de pesos.

En enero de 2016 Moreira fue detenido en Barcelona, España, pero unos días después fue liberado. Retornó a México como mártir. Se confrontó públicamente con su hermano y sucesor en Coahuila –Rubén Moreira– y aspiró a ser diputado local por el Partido Joven, una agrupación con su impronta.

A finales de 2017 se dio a conocer un informe de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, que sistematizó los testimonios de tres juicios contra líderes del cártel de Los Zetas. En ese informe se compila y sustenta lo que los habitantes de Coahuila y Veracruz sabían desde hacía tiempo: que los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira en la primera entidad y de Fidel Herrera y Javier Duarte en la segunda fueron “capturados” por el crimen organizado a cambio de millonarios sobornos.

El informe señala que desde 2004 Los Zetas apoyaron con 10 millones de dólares la campaña de Fidel Herrera, exgobernador del PRI, corresponsable del desastre de Veracruz ocasionado por su protegido y sucesor Javier Duarte; Herrera negó “categóricamente” a la prensa haber recibido “dinero ilegal alguno” del narcotráfico.

El vínculo común entre los Moreira, Herrera y Duarte con el cártel de Los Zetas, según el mismo informe, fue el empresario Francisco Antonio Colorado Cessa, mejor conocido como Pancho Colorado, señalado en varios reportajes de la revista Proceso y en el periódico Reforma de ser prestanombres y “lavador” de dinero. Colorado fue propietario de la empresa ADT Petroservicios y en 2012 fue llevado a juicio en Texas.

12. La administración del exgobernador del Estado de México Eruviel Ávila terminó en 2017, después de un desaseado proceso electoral para que el PRI retuviera la gubernatura de esta entidad. Los escándalos involucran a su administración con la compañía española OHL en las ampliaciones y renovaciones irregulares de sus contratos en el Viaducto Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense. La filtración de llamadas telefónicas vinculó a dos funcionarios de su gobierno –Apolinar Mena, secretario de Comunicaciones, y a la consejera jurídica Luz María Zarza–con operaciones ilegales a favor de la constructora.

Hábilmente, Ávila se ha desmarcado de la crisis de seguridad pública en su propia entidad. Fue aspirante a la candidatura presidencial del PRI, pues pensó que la victoria de ese partido en 2017 lo podía ayudar en sus aspiraciones. Estuvo unas cuantas semanas al frente del PRI en la Ciudad de México, para dejarle el control a los tecnócratas cercanos a José Antonio Meade. Ahora bien, las aspiraciones de Ávila se mantienen. Y es quizá de los pocos precandidatos que estarían en condiciones de sustituir a Meade ante cualquier circunstancia.

13. La corrupción no fue exclusiva de los gobernadores priistas. Está el caso del exgobernador panista de Sonora Guillermo Padrés, detenido en 2016 por delitos como lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal. Sus abogados han ido ganando ante los jueces varios casos. El juez duodécimo de distrito de procesos penales federales en la Ciudad de México le dictó auto de libertad por el delito de lavado de dinero por 8.8 millones de dólares, pero aún está en prisión preventiva por defraudación fiscal.

14. En aquella fotografía de 2012 con Peña Nieto también aparece el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, quien dejó la entidad en medio del escándalo provocado por la inseguridad pública, la corrupción y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

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Aguirre buscó al PRD en 2010 para contender por la gubernatura tras perder la nominación priista (cargo que ocuparía por segunda vez, pues de 1996 a 1999 se desempeñó como gobernador interino). Siempre tuvo el apoyo de Peña Nieto y del grupo del Estado de México para ganar en una entidad que el perredismo había gobernado durante más de una década, en medio del crecimiento exponencial de la doble espiral de violencia generada por el crimen organizado y los grupos disidentes, así como la fuerte presencia del Ejército.

Éste es el panorama a casi seis años de distancia. Nunca como en este periodo toda una generación de exgobernadores priistas había sido acusada y señalada de tantos delitos, como peculado, lavado de dinero, desvío de fondos públicos, quebrantos multimillonarios al erario En la mayoría de los casos no hubo ninguna acción por parte de la Secretaría de Hacienda o la Secretaría de Gobernación, las cuales debieron haber alertado del enorme daño que causarían en las entidades.

En este periodo se agudizó una tendencia marcada en 2000, con la llegada de los gobiernos de alternancia entre el PRI, PAN y, en menor grado, PR a mayor incertidumbre de permanencia de los partidos en un gobierno estatal, mayor grado de corrupción y de descaro en las formas de peculado y triangulación de fondos.

Un recuento publicado por el periódico Reforma el 11 de febrero de 2018 dio cuenta que de 2000 a 2017 uno de cada 10 gobernadores ha sido acusado de desvío de recursos o de formar parte de redes de cleptocracia en sus estados. De 129 mandatarios en estos 17 años, 11 gobernadores imputados son del PRI, dos del PAN y uno exgobernador de coalición, el de Chiapas, Pablo Salazar. Tan sólo en el sexenio de Peña Nieto, nueve de estos exgobernadores del PRI, incluyendo a dos interinos, fueron acusados por desfalco, desempeño irregular en la función pública y presuntos vínculos con el crimen organizado.

Con Peña Nieto se dio el auge y caída del fenómeno de los “virreyes” priistas. Es decir, lo que fue el “sindicato de gobernadores” formado desde el zedillismo para protegerse, apoyarse y “tomar por asalto” la Presidencia de la República en 2012, amparados por el grupo político más fuerte, con mayor volumen de recursos y operadores electorales en el país: el Grupo Atlacomulco.

Peña Nieto cobijó, protegió y fue cómplice de la mayoría de estos casos por una razón evidente: él también fue el resultado de un pacto de impunidad con su antecesor, el exgobernador Arturo Montiel, cuya aspiración a la candidatura presidencial de 2006 se estrelló con los expedientes de sus propiedades inmobiliarias, la vinculación de sus hijos con redes de corrupción y miles de millones de pesos desviados.

Montiel cumplió con dejar a Peña Nieto al frente del gobierno del Estado de México y éste nunca emprendió una investigación seria en contra de él. Sólo se cuidó mediáticamente de no aparecer más junto con su tutor y pariente en lejano grado.

Como un sexenio antes lo hiciera Montiel con otros exgobernadores priistas como Tomás Yarrington (Tamaulipas), Manuel Ángel Núñez Soto (Hidalgo), Enrique Martínez y Martínez (Coahuila), Fidel Herrera (Veracruz) y Natividad González Parás (Nuevo León), también Peña Nieto tejió su propia “red de apoyos” con los gobernadores priistas que llegaron junto con él. La complicidad fue muy básica: a cambio del desvío de recursos para su campaña presidencial en 2012, el gobierno mexiquense de Peña Nieto apoyó e “invirtió” (por supuesto, con dinero público o triangulado) en las operaciones político-electorales de varias entidades. Una operación que se realizó frente a las narices del gobierno panista de Felipe Calderón, y que no se hizo nada para frenarla, sobre todo después de las elecciones federales de 2009 y de los comicios estatales de 2010.

Ese modelo creó a los “virreyes” o “señores feudales” de cada entidad que alcanzaron su máximo poder e impunidad durante los sexenios panistas, pero que se quebró en el peñismo. Sirvió para recuperar la Presidencia de la República en 2012, pero se fue derrumbando periféricamente por las mismas razones que derivaron en sus derrotas electorales: la escandalosa impunidad y corrupción que le costará al país y a cada una de las entidades más de una década para que sean resarcidas.

Estos fragmentos del libro Cleptocracia escrito por Jenaro Villamil se publicaron el 13 de mayo de 2018 en la edición 2167 de la revista Proceso.



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