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Eludir la ley

El esquema siempre es igual: Para eludir la Ley de Adquisiciones —que los obligaría a hacer licitaciones y poner a diferentes empresas a competir—, las dependencias firmaron convenios con universidades públicas. Le ley permite hacerlo, pero solo si las universidades realizan al menos el 51% del servicio contratado.

Pero éste no fue el caso. Las universidades subcontrataron a terceros la totalidad de esos servicios en la mayoría de los convenios firmados : distribuir despensas entre los más pobres, supervisar la perforación de pozos de PEMEX, organizar eventos o detectar a personas de 15 años o más que no supieran leer y escribir. En ningún caso hubo universidad que cumpliera con el requisito del 51%.

Aquí un par de videos más que prueban el fraude






Las universidades subcontrataron a 186 empresas y cobraron por esta intermediación una comisión de entre el 10 y el 15% del total del convenio.

Esta triangulación viola la ley, como reconocen los propios funcionarios públicos consultados. Pero además, de las empresas elegidas, 128 presentan lagunas legales que les habrían impedido obtener contratos públicos y, peor aún, la mayoría ni siquiera hizo el servicio contratado.

¿Quién seleccionó a las empresas? Nadie quiere responder eso frente a una grabadora. Sin embargo, personal de las universidades —que hablaron a condición de anonimato— dicen que los funcionarios las “sugirieron”, mientras algunos funcionarios afirman que fueron las instituciones educativas.

Más allá de quién seleccionó, la comisión que cobró cada universidad implicó por sí mismo un sobreprecio de los servicios contratados, porque recibieron pagos por mil millones de pesos por no hacer nada, más que validar la triangulación de recursos.




El desfile de empresas fantasma

De las 186 las empresas seleccionadas en estos convenios, 128 presentan irregularidades, de acuerdo con las propias autoridades consultadas y a la visita que Animal Político y MCCI hicieron a sus oficinas: el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por ejemplo, entre 2014 y 2015 declaró “fantasma” a 11 e investiga a nueve más por la misma razón; 28 no tienen dirección; 12 fueron desmanteladas apenas recibieron los contratos; ocho no están en las direcciones que declararon; 44 no cuentan con registro ante la Secretaría de Economía, requisito indispensable para operar; seis se dedican a temas que no tienen relación con los servicios para los que recibieron contrato y 10 más no fueron localizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuando las buscó para revisar su legalidad.

Es decir, ninguna de estas 128 debieron recibir contratos públicos, según lo que establece la ley.

Un primer ejemplo: Publicidad y Mercadotecnia Infinitum S.A. de C.V. consiguió en 2013 dos contratos con el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT) de la UAEM por 4 millones 934 mil pesos. La contrataron para dar “servicios administrativos para desarrollo del sistema informático” de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Pero el SAT la tiene catalogada desde julio de 2014 como empresa fantasma por realizar operaciones fraudulentas.

El mismo Fondo dio en 2013 un contrato por 17 millones 578 mil pesos a la empresa Impactel S.A. de C.V., aunque ésta ya tenía una investigación abierta por la Procuraduría General de la República porque un año antes había incumplido un contrato con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes por 68 millones de pesos.

Otro caso: La empresa Dumago System Solutions, S. A. de C. V. supuestamente se dedica al “comercio al por menor de computadoras y sus accesorios”. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos le dio un contrato de 33 millones 633 mil pesos para entregar despensas y organizar una feria de organizaciones sociales. Esta compañía no está registrada ante la Secretaría de Economía, el primer requisito para constituir una empresa legal.

Animal Político y MCCI visitaron más de 100 direcciones de empresas y de supuestos accionistas. Hay ocho firmas que, por ejemplo, nunca estuvieron en los domicilios registrados y en su lugar hay casas particulares ubicadas en la periferia de Nezahualcóyotl y Ecatepec en el Estado de México, o Tláhuac, en la capital del país; 12 más que, pese a recibir contratos millonarios, fueron desmanteladas; nueve operan en despachos contables que aparentan ser legales, pero no tienen empleados ni infraestructura para operar o realizar servicios. Las casas de los accionistas están en colonias populares.

Los contratos irregulares obligaron a la Secretaría de Educación Pública a presentar, el 9 de febrero de 2015, una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República, según informó a Animal Político y MCCI .

Pero dos años después, la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCA/SP/M-V/050/2015 sigue abierta.

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Campesino y trabajadores, los pretextos del fraude

Tener una casa propia es la meta natural de cualquier trabajador y nadie podría criticar que un organismo como el Fondo de Vivienda del ISSSTE simplifique los procesos burocráticos para obtener un crédito.

La Universidad Autónoma del Estado de México recibió 223 millones 87 mil pesos del FOVISSSTE por cinco convenios para supuestamente “rediseñar” o simplificar los procesos de atención a derechohabientes.

Pero la universidad no tenía la capacidad de dar el servicio, así que contrató a Interamericana de Negocios y Comercio, S. A. de C. V., que en realidad se dedica —según su acta constitutiva— a la venta de zapatos. A esta empresa le dio 15 millones 389 mil pesos.

También contrató a otras tres empresas —Icalma Servicios y Consultoría, S. A. de C. V., Consolidación de Servicios y sistemas Administrativos, S. A. de C. V. y Evyena Servicios, S. A. de C. V.— que son investigadas desde octubre pasado por el SAT por hacer operaciones irregulares; y a tres más que no están registradas ante la Secretaría de Economía.

El ISSSTE dijo a Animal Político y MCCI que los servicios sí se realizaron y que “el Fondo de Vivienda recibió en tiempo y forma todos los entregables derivados de la contratación”.

“Fue la propia Universidad quien declaró expresamente que estaba en condiciones y capacidad de realizar las acciones contratadas”. Y añadió: “no es competencia del contratante ( FOVISSSTE) ser auditor del proceso de la prestación de servicios del proveedor (U.A.E.M)”.

Sin embargo, en la revisión de la Cuenta Pública 2013, la Auditoría Superior de la Federación encontró lo contrario y concluyó que no hay prueba de que la universidad o las empresas hayan dado los servicios contratados. La ASF explicó que los únicos comprobantes son documentos que “carecen de nombre y firma del personal que elaboró, verificó y aceptó los servicios”, por lo que se realizaron pagos injustificados para servicios que no se realizaron.

Y hay más casos: el programa Proagro debía servir para financiar a productores del campo. El problema es que la Secretaría de Agricultura firmó un convenio por 13 millones 77 mil pesos con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que no hizo el trabajo.

Lo que sí hizo esa universidad, sin que hubiera un solo contrato de por medio, fue transferir todo el dinero a siete empresas. Una de ellas fue Comercializadora GEAR, S. A. de C. V., que reportó su domicilio fiscal en Santa María la Ribera, en donde no hay ninguna oficina, sino una casa particular. El inquilino dijo que tiene cinco años viviendo en el lugar y que está “harto” de que personas y el SAT busquen a una empresa que “nunca ha estado ahí”.

El dinero también llegó a Fortalitia, S. A. de C. V., CEO Marne México, S. A. de C. V. y Soluciones Globales Reggan, S. A. de C. V. Ninguna de las tres ha operado en la dirección fiscal que registraron, según se confirmó al visitar los domicilios. Y una más, Grupo Comercializador Cónclave S. A. de C. V., que en abril pasado fue declarada como fantasma por el SAT.

Animal Político y MCCI solicitaron a la Secretaría de Agricultura comprobantes de que los servicios se ejecutaron. Vía transparencia pública se pidieron fotografías, documentos, bases de datos o cualquier prueba sobre los servicios. La Secretaría de Agricultura, en su respuesta oficial, aceptó que no existen comprobantes del servicio.

También los analfabetas

El fraude también involucró apoyos destinados a 4 millones de analfabetas del país. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) firmó un convenio en 2014 con la Universidad Autónoma del Estado de México por 97 millones de pesos. La contrató para desarrollar una metodología que permitiera la “ubicación de personas de 15 años o más de edad que no supieran leer y escribir un recado en español”.

De nuevo, la Universidad se declaró incapaz de hacer la totalidad del servicio y subcontrató a Estrategia Solutions, S. A. de C. V., que ganó 9 millones 558 mil pesos. Además de no estar registrada ante la Secretaría de Economía, en la visita a su domicilio fiscal en Sevilla 30, colonia Juárez, en la Ciudad de México, trabajadores del edificio confirmaron que la empresa no opera ahí, pero cada determinado tiempo acude una persona a recoger correspondencia.

Del resto del dinero —87 millones de pesos— no se sabe nada. Animal Político y MCCI solicitaron, vía transparencia, las pruebas de que el servicio se realizó, pero el INEA respondió que los únicos datos disponibles están respaldados en discos compactos con un “formato inactivo” de lectura, por lo que ya no es posible tener acceso a la información.

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Una y otra vez

Los fraudes documentados por Animal Político y MCCI no siempre son iguales. Los casos más simples se resumen en dos pasos: una dependencia del gobierno federal le da dinero a una universidad pública y ésta lo transfiere a una empresa fantasma.

Pero hay casos donde el esquema involucra hasta 12 empresas en un mismo contrato. Una o dos empresas realizan el servicio y el resto cobra por no hacer nada.

Por ejemplo, el gobernador electo del Estado de México, Alfredo del Mazo, estaba al frente del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) en 2013, cuando el organismo firmó tres convenios por 491 millones de pesos con el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT) de la Universidad Autónoma del Estado de México, un fideicomiso público que ofrece asesorías, outsourcing o capacitación, y cuya gestión es independiente de la Universidad.

Para hacer los servicios “de control, operación y soporte” de la red interna de Banobras, el Fondo contrató a dos empresas, una de ellas Intellego Servicios de Consultoría S.A. de C.V., que se quedó con una comisión y que a su vez contrató a cinco más. Todas, excepto una, tienen una constante: irregularidades —como que no tienen ni siquiera dirección fiscal— que les impedirían recibir contratos públicos de manera directa.

La única localizada, que opera de forma aparentemente legal, fue QUITZE, S. A. de C. V. Recibió 452 mil 500 pesos para realizar los servicios, es decir, el 1.18% del monto original de los convenios firmados por Banobras. Prácticamente nada. Del resto, 490 millones de pesos, no hay rastro.

Intellego Servicios de Consultoría opera en Paseo de la Reforma 1236. Mauricio Barragán, que se identificó como consultor externo de relaciones públicas de la firma, envió por correo electrónico dos cartas en las que confirmó que la empresa subcontrató a otras para los servicios del FONDICT con Banobras.

Pero sobre la legalidad de esas compañías dijo que Intellego “no verifica el registro de sus proveedores ante la Secretaría de Economía” porque no es de su competencia, y agregó que la emisión de facturas les “da plena confirmación de la “existencia legal” de cualquier firma.

Banobras, para probar que se realizaron los servicios, entregó vía transparencia 82 hojas con informes mensuales en los que personal del Banco Nacional describen que las redes de comunicación interna funcionan, pero no se menciona nada del sobreprecio ni del destino final del dinero.

Además respondió a Animal Político y MCCI que “en el presente ejercicio fiscal no se ha suscrito contrato alguno con institución de educación superior” y que “es política de esta administración reducir al mínimo indispensable las contrataciones” usando el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, que se violó en este esquema.

Alfredo del Mazo, por su parte, se negó a responder sobre las irregularidades que esta investigación confirma y que ocurrieron durante su mandato al frente de Banobras.

En palabras del auditor superior, Juan Manuel Portal, los titulares de las dependencias federales son los responsables aunque los que firman los convenios con las universidades son mandos medios de las dependencias. En el caso de Banobras, la firma estuvo a cargo del subdirector de Recursos Materiales, Luis Efrén Ramírez García; y del gerente de Servicios de Tecnologías de la Información, Gerardo Pavón Luna. Mientras que por el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnología (FONDICT) de la UAEM, firmó Erick Harzaín Torres Mulhia, director general.

La estafa documentada por Animal Político y MCCI sumó 7 mil 760 millones de pesos, y fue hecha por 11 instancias del gobierno federal: el Banco Nacional de Obras (491 mdp), el Registro Agrario Nacional (447 mdp), la SEP (278 mdp), FOVISSSTE y SUPERISSSTE (249 mdp), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (138 mdp), el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (97 mdp), la Secretaría de Economía (96 mdp), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (52 mdp) y la Secretaría de Agricultura (19 mdp).

Las dos dependencias con los mayores desvíos son la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que alcanzó los 2 mil 224 millones de pesos, y Petróleos Mexicanos con 3 mil 576 millones. Esos dos casos se desarrollarán en las siguientes entregas de este reportaje.

De la revisión de los convenios y de cada una de las empresas involucradas, se concluye que 3 mil 433 millones de pesos fueron a parar a empresas irregulares; y las universidades públicas se quedaron con mil millones más por ser parte de la estafa, sin realizar un solo servicio.

Para el fraude, los prestanombres como Francisco, el conserje de escuela, son indispensables. La empresa Maheca, S. A. de C. V., de la que era supuesto dueño, fue creada en 2010 en Villahermosa, Tabasco y en los siguientes dos años ganó 502 millones de pesos en ocho contratos con PEMEX-Producción y Exploración.

Aunque la empresa supuestamente se dedicaba a la “prestación de servicios profesionales propios de los licenciados en derecho y en informática”, fue contratada para la “asistencia técnica en materia de producción y perforación de pozos para la Subdirección de Producción Región Marina Noreste” de la petrolera. Tampoco hay pruebas de que haya hecho el servicio.

Como parte de la investigación, se visitaron 84 direcciones de empresas y 21 de accionistas en cinco entidades: Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Nuevo León, Chiapas y el Estado de México. Se entrevistó a un centenar de personas, entre supuestos dueños, representantes legales y vecinos de los lugares donde debían estar las empresas, pero nadie conocía la existencia de las compañías.

El equipo de investigación hizo 350 solicitudes de información a las dependencias y universidades sobre los convenios y contratos que realizaron entre ellas y con las supuestas empresas. Las respuestas sobre los comprobantes de los servicios fueron de dos tipos: que“no existe evidencia” del servicio contratado; o documentos que dicen “sí se dieron los servicios”, pero sin ningún elemento que lo pruebe.

El rastreo de cada una de las 186 empresas incluyó, además, la revisión en el Registro Público de Comercio, Compranet, el Registro Único de Proveedores del Gobierno, el Sistema Empresarial Mexicano, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el directorio de Proveedores y contratistas sancionados y en los Portales de Transparencia de las dependencias.

También la relación de empresas fantasmas del SAT, donde se enlista a empresas falsas, que no reportan ingresos o que no cuentan con empleados, pero que aun así fueron contratadas por las dependencias. Y finalmente, en todos los casos, la Secretaría de Economía proporcionó un informe, donde se consigna los nombres de las empresas que ni siquiera tienen registro legal.


Fuente

¡ACTUALIZACIÓN AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017!

El SAT investiga a nueve empresas que recibieron mil 130 mdp en La estafa maestra


Noviembre 15, 2017

Las empresas recibieron recursos públicos y no cumplieron con los servicios para los que fueron contratadas, entre ellos entregar despensas para la Cruzada contra el Hambre.


Cuartoscuro Archivo


El Servicio de Administración Tributaria (SAT) investiga a nueve empresas que desviaron mil 130 millones de pesos de la Sedesol, Pemex, Banobras y la SEP a través del esquema de fraude documentado en La estafa maestra.

Desde el 16 de octubre, el SAT señaló como “presunta fantasma” a las nueve empresas debido a que, hasta el momento, no han podido comprobar que tengan capital, infraestructura y personal que sustente las operaciones financieras que han hecho.

Sólo estas empresas recibieron en total mil 130 millones de pesos sin cumplir los servicios para los que supuestamente fueron contratadas, como entregar despensas e insumos para la Cruzada Nacional contra el Hambre, digitalizar cédulas profesionales, servicios informáticos y trabajos en plataformas petroleras entre 2013 y 2014.

La estafa maestra, la investigación de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, reveló que 11 dependencias del gobierno Federal desviaron 7 mil 670 millones de pesos a través de convenios con ocho universidades públicas que a su vez contrataron a 186 empresas para supuestamente cumplir con los servicios. Sin embargo, 128 compañías son ilegales y no debían recibir contratos ni recursos públicos.

De las 128 empresas ilegales, 11 ya habían sido declaradas como fantasma por el SAT e investigaba otras nueve por presuntas irregularidades. Ahora se suman nueve más que no estaban en la mira de la autoridad fiscal.

Como parte de la investigación sobre la legalidad de las compañías, el SAT las puede ubicar como presunta fantasma, definitiva o revocada, por presuntamente violar 69-B del Código Fiscal Federal que se refiere a hacer operaciones fiscales sin que la ampare el capital o la infraestructura.

Cuando la autoridad fiscal comprueba irregularidades, las empresas son señaladas “presunta” fantasma; en este caso, tiene derecho a demostrar su legalidad en los siguientes 30 días hábiles. De subsanar sus fallas, se considera “revocada” y cuando se comprueba que incumple con las normas se confirman como “definitivas” fantasma.

Sedesol, el fraude a los más pobres

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) desvió 2 mil 224 millones de pesos que estaban destinados a la Cruzada Nacional contra el Hambre, la principal estrategia del presidente Enrique Peña Nieto para combatir la pobreza en el país.

La dependencia, entonces a cargo de Rosario Robles, hizo convenios con la Universidad Autónoma del Estado de México y con la Autónoma del Estado de Morelos para cumplir con diversos servicios, pero no lo hicieron. Por ello, la Auditoría Superior de la Federación las denunció penalmente ante la Procuraduría General de la República.

Ambas universidades contrataron a 11 empresas y estas entregaron el dinero a una misma compañía: ESGER, Servicios y Construcciones, S. A. de C. V., que sin firmar un solo contrato, recibió 683 millones de pesos de recursos públicos entre 2013 y 2014.

La Auditoría Superior de la Federación reportó este esquema de desvío en la Cuenta Pública de esos años y señaló a la empresa para que fuera investigada por el SAT, pero no ocurrió, ni siquiera porque en la declaración anual de impuestos, la compañía no reportó la totalidad de los recursos que había recibido.

Esta empresa, por primera vez aparece en la lista del SAT como “presunta” fantasma. Es decir, ya es investigada por la sospecha de violar el artículo 69-B del Código Fiscal Federal.

Como parte de la investigación periodística, se visitó la sede de esta compañía en tres ocasiones entre mayo y junio pasado, y en ninguna se localizó a los accionistas, el representante legal ni a más empleados que supuestos recepcionistas.

En cada ocasión hubo empleados distintos que reconocían que la empresa operaba en esa sede y al mismo tiempo era el despacho Casas, dedicado a la contabilidad.

El pasado viernes 10 de noviembre, Animal Político acudió nuevamente. Una recepcionista que supuestamente era nueva en el cargo negó que ESGER estuviera ahí y aseguró que sólo operaba el despacho de contadores.

De acuerdo con el acta constitutiva, la empresa fue creada en febrero de 2011 y supuestamente se dedica a “hacer gerencia de proyecto y construcción”, sobre todo para obras industriales farmacéuticas, comerciales, edificios corporativos, desarrollos turísticos e inmobiliarios”.

Los accionistas son Esteban Cervantes, un supuesto empresario que tenía 25 años cuando constituyó la empresa y Gerardo Casas, corredor público. Aunque también se visitó las direcciones de ambos nunca fueron localizados.

El dinero que terminó en esta empresa estaba destinado a la compra y distribución de equipo y material de apoyo para promotores que trabajarían en los 400 municipios más pobres, focalizados por la Cruzada Nacional contra el Hambre, la realización del concierto Compartamos la música, erradiquemos el hambre; la compra y reparto de medio millón de despensas y la organización de un encuentro para organizaciones de la sociedad civil.

También recibió recursos del servicio para la evaluación y organización de actividades del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), enfocado a realizar servicios apremiantes en los municipios más marginados del país.

Advanced Computer Knowledge, S. A. de C. V., dedicada a la “fabricación de equipos de computación”, fue una de las contratadas por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, durante la administración de Alejandro Vera, para comprar y distribuir productos como botas, vasos, playeras, gorras, balones a los promotores de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Ganó 30 millones y transfirió 20 millones de pesos a ESGER.

Ésta, también fue incluida por el SAT como “presunta” empresa fantasma en octubre pasado. Su supuesta sede está en la calle Liverpool, en la Zona Rosa de la Ciudad de México, la misma dirección que la empresa Dumago Systems Solutions, S. A. de C. V., que también fue contratada por la Universidad morelense y también desvió dinero, pero ésta no es investigada por la autoridad fiscal.

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Pemex: 341 millones a cuatro empresas investigadas como fantasma

En el caso de Pemex Exploración y Producción (Pemex-PEP), cuatro compañías que fueron incluidas en la lista del SAT como presuntas ‘fantasma’, recibieron 341 millones de pesos en contratos.

Una de las compañías es MC Tecnologies SA de CV. A través de la Universidad Autónoma del Carmen (Unacar), esta empresa ganó 86 millones de pesos en dos contratos con Pemex-PEP en 2012.

MC Tecnologies ganó los contratos hasta un año antes de que Pemex-PEP contratara a la universidad para la realización de los servicios. Esto es, el convenio entre Unacar y Pemex-PEP está firmado en junio de 2013. Y para justificar que cumplió con los servicios de ese convenio, la universidad presentó dos contratos con MC Tecnologies que datan de junio… pero de 2012. O sea, fue subcontratada para dar servicios a Pemex-PEP un año antes de que la propia Pemex-PEP supiera que necesitaba esos servicios.

Además, esta compañía –que no tenía experiencia previa con Pemex- recibió contratos millonarios dos años después de que su socio fundador, Benito Javier Criollo Herrada, dejara la petrolera tras 20 años de trabajar como gerente en el área de Perforación-división Norte.

En el acta constitutiva de MC Tecnologies también figura como comisaria Candy Guadalupe Pérez Pérez, quien no solo es empresaria, sino también –y al mismo tiempo- funcionaria de Pemex-PEP en el área de supervisión de contratos.

Animal Político y Mexicanos contra la corrupción visitaron el domicilio de MC Tecnologies, en Villahermosa, Tabasco. Pero el accionista Benito Javier Criollo no respondió a la solicitud de entrevista.

Holmal Construcciones SA de CV también fue subcontratada por la Unacar para dar servicios a Pemex-PEP por 13 millones 264 mil pesos. Sin embargo, esta empresa no tenía la capacidad ni el personal necesarios para dar servicios a la petrolera. Por lo que, a su vez, desvió 10 millones 953 mil pesos a otras dos empresas, que tampoco tenían la capacidad para dar los servicios.

En cuanto a Tecnologías Óptimas del Sur, ganó un contrato por 167 millones de pesos a través de la Universidad Autónoma de Tabasco. Sin embargo, no tenía la capacidad, el personal ni la infraestructura para dar los servicios, y desvió el dinero a otras seis compañías.

La dirección de Tecnologías Óptimas también fue visitada en Villahermosa, pero personal de seguridad del inmueble donde se encontraba señalaron que fue desmantelada sin dejar rastro. Los socios tampoco fueron localizados en los domicilios reportados, en colonias pobres de Villahermosa.

Mientras que Sociedad de Ingeniería Petrolera de México obtuvo, a través de la Universidad Politécnica del Golfo, un contrato para dar servicios a Pemex por 73 millones 839 mil pesos. Pero de nuevo, la empresa no tenía la capacidad y desvió el dinero entre otras dos compañías. De hecho, antes de ser incluida en la lista de supuestas empresas fantasma, ya en junio de este año el SAT incluyó a esta empresa en la lista de sociedades “no localizadas”.



Banobras y SEP, con empresas ilegales

El SAT también señaló como presuntas fantasma a las empresas Tecmasat Digitalización, S. A. de C. V. e Impactel S. A. de C. V. que recibieron 28 millones de pesos y 36 millones de pesos, respectivamente, provenientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para digitalizar documentos del acervo histórico y cédulas profesionales.

Impactel forma parte de un grupo de siete empresas que fueron contratadas por la Universidad Autónoma del Estado de México por un convenio de 192 millones de pesos que le otorgó la SEP para digitalizar el archivo de cédulas profesionales, que serviría para crear un sistema público en línea, pero nunca se concretó.

La UAEM la contrató en 2013 pese a que desde un año antes era investigada por la PGR por el presunto desvío de recursos de CONACULTA por un servicio que no cumplió. Pese a esto, el SAT tampoco la había investigado como presunta fantasma.

El abogado representante de las empresas que participaron en este contrato, Jorge de los Ríos, otorgó una entrevista previa a la publicación del reportaje y defendió la legalidad de las compañías, aunque nunca entregó la documentación que así lo acreditara. Sin pruebas, aseguró que los servicios se habían cumplido y la Auditoría se había equivocado al señalar irregularidades.

El Banco Nacional de Obras (Banobras), entonces dirigido por el actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, entregó 491 millones de pesos al Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica FONDICT-UAEM para hacer supuestos servicios informáticos que según la Auditoría no se cumplieron.

El FONDICT entregó el dinero a una veintena de empresas, pero el SAT sólo incluyó una como presunta fantasma: Zetting Technologies, S. A. de C. V., que recibió 10 millones 797 mil pesos para la “administración de Personal, diseño de la arquitectura de sistemas de cómputo y para la metodología de administración de proyectos para la definición de requerimientos”, en 2013.


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¿Cómo? ¿Usaron el hambre de los más pobres para robar dineros del erario público? ¡Eso no puede ser posible! ¿Y Robasario Dobles otra vez inmiscuida en asuntos de "billetazos"? ¿Quien será el "Carlos Ahumada" de ahora?


"MC Tecnologies ganó los contratos hasta un año antes de que Pemex-PEP contratara a la universidad para la realización de los servicios. Esto es, el convenio entre Unacar y Pemex-PEP está firmado en junio de 2013. Y para justificar que cumplió con los servicios de ese convenio, la universidad presentó dos contratos con MC Tecnologies que datan de junio… pero de 2012. O sea, fue subcontratada para dar servicios a Pemex-PEP un año antes de que la propia Pemex-PEP supiera que necesitaba esos servicios."

A eso se le llama ser... visionario. Estos de Animal Político que no entienden nada del futurismo político JAJAJAJAJAJAJA


"Además, esta compañía –que no tenía experiencia previa con Pemex- recibió contratos millonarios dos años después de que su socio fundador, Benito Javier Criollo Herrada, dejara la petrolera tras 20 años de trabajar como gerente en el área de Perforación-división Norte."

¿Y qué nos extraña? Los que se han jubilado en CFE (y también antes en la extinta LyF) igualmente son proveedores de CFE. Parte de los beneficios de conocer a los cuates en compras de la CFE que les comprarán con su respectivo "moche", como la mencionada Candy Guadalupe Pérez Pérez. Así "todo queda en familia".


"Holmal Construcciones SA de CV también fue subcontratada por la Unacar para dar servicios a Pemex-PEP por 13 millones 264 mil pesos. Sin embargo, esta empresa no tenía la capacidad ni el personal necesarios para dar servicios a la petrolera. Por lo que, a su vez, desvió 10 millones 953 mil pesos a otras dos empresas, que tampoco tenían la capacidad para dar los servicios."

Y en ese "yo no sé, te subcontrato", Holmal se "ganó", por el sólo hecho de delegar sus responsabilidades, poco menos de 3 millones de pesos. ¿Chido, no? Ya luego que los otros vean cómo le hacen... aunque tampoco sepan hacerlo. Que conste que yo honradamente reconocí que no podía y le dejé al paquete a otro(s).


"La dirección de Tecnologías Óptimas también fue visitada en Villahermosa, pero personal de seguridad del inmueble donde se encontraba señalaron que fue desmantelada sin dejar rastro. Los socios tampoco fueron localizados en los domicilios reportados, en colonias pobres de Villahermosa."

Con 167 millones en el bolsillo es fácil desaparecer sin dejar rastro. Y si vivían en colonias pobres, era... porque no les gustaba ser derrochadores.


"Impactel forma parte de un grupo de siete empresas que fueron contratadas por la Universidad Autónoma del Estado de México por un convenio de 192 millones de pesos que le otorgó la SEP para digitalizar el archivo de cédulas profesionales, que serviría para crear un sistema público en línea, pero nunca se concretó."

Es que ya después se enteraron que todo lo concerniente a la SEP se tenía que poner en el terriblemente MALO sitio "gob.mx" y decidieron que lo que desarrollaron no era compatible con el sitio del gobierno federal.


Y... ¡épale, épale!, no me quieran empezar a desprestigiar al flamante nuevo gober del EdoMex. Él es de "rancio abolengo" (muuyyy raaanciiioooo) y jamás haría algo así.