Hace unos días se anunciaba que, según los gringos, el Seguro Popular, no solo era una idea maravillosa, sino que ayudaba a México a salir del tercer mundo para posicionarlo entre los países de avanzada en materia de salud pública. Pues bien, como todas las mentiras no pueden mantenerse por mucho tiempo, solo basta con que algún reportero curioso empiece a indagar sobre las realidades del mentado Seguro Popular y se descubre que no tiene nada de "maravilloso" y que el comentario realizado por Washington era para justificar el préstamo exhorbitante al que era sujeto México y para coadyuvar al debilitamiento del Estado de Bienestar mexicano por ser contrario a los intereses del capitalismo. En fin, me gustaría oir sus opiniones al respecto.

La decepción del Seguro Popular

Incumple con la promesa de dar servicio médico de calidad y medicinas grauitamente, afirman afiliados y especialistas

Una cicatriz marca el rostro de Kevin. Es el mal recuerdo de las quemaduras de segundo grado que sufrió en noviembre de 2009. Tenía un año y dos meses. Jaló el mantel de la mesa y el caldo que recién habían retirado de la estufa le cayó encima. Cuando nació, Kevin fue inscrito al Seguro Popular en Chilapa de Álvarez, Guerrero. El accidente ocurrió un viernes. Yanet Meza, madre de Kevin, lo llevó a la clínica más cercana pero “no estaba el pediatra”. Lo mismo sucedió en el Hospital General de Chilapa de Álvarez. “Nos dijeron que no había doctores. Que consiguiéramos dinero, para ir a la ciudad de México, que teníamos que pagar la ambulancia”.

Kevin estuvo en el hospital desde las siete de la noche del viernes hasta las 11 de la mañana del siguiente día.

“Sólo le echaron agua”, cuenta Yanet, mientras atiende un puesto de dulces en la plaza de Chilapa.

Yanet consiguió 5 mil pesos: 2 mil 500 para la ambulancia y el resto para pagar a un médico que sólo viajó como copiloto durante las cinco horas que tardaron en llegar al Hospital de Pediatría de Tacubaya. Por la tardanza en la atención, Kevin presentó una infección y estuvo internado una semana. Su mamá aún debe parte de los 5 mil pesos que le prestaron sus familiares.

EL UNIVERSAL visitó clínicas y hospitales en Guerrero, Chiapas, estado de México y el Distrito Federal. En todos los sitios encontró historias de personas decepcionadas porque el Seguro Popular no cumplió con las promesas que pregona: servicios médicos de calidad, así como atención y medicamentos gratuitos para sus afiliados.

La falta de presupuesto no provoca las fallas. En varias ocasiones, funcionarios del gobierno federal han destacado que los recursos para el Seguro Popular se triplicaron. Si en 2006 recibió 18 mil millones de pesos, para 2010 fueron 52 mil millones. Incluso, a finales de marzo, el Banco Mundial aprobó un préstamo por mil 250 millones de dólares a México para que el Seguro Popular “sea más eficiente en su administración” y llegue a más población.

Incluso, datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) muestran que México aumentó su gasto en salud. en el 2000 destinaba 4.4% del Productor Interno (PIB) y en 2007 el porcentaje fue de 5.9%. Países como Polonia invierten 6.4% de su PIB.

John Scott, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), resalta que aunque sí ha existido un aumento en el gasto de salud, parte del presupuesto del Seguro Popular ya se gastaba como parte del Ramo 12.

Especialistas y organizaciones no gubernamentales coinciden en que aunque se tenga más presupuesto la falta de eficacia del Seguro Popular seguiría, porque los problemas están en su diseño y en la administración de recursos.

En 2008, la evaluación elaborada por Investigación en Salud y Demografía, encargada por el Coneval, enumeró las “debilidades y amenazas” del Seguro Popular: “La diversidad de las áreas responsables de la operación, carencia de planes estratégicos, falta de sistemas para medir impacto y una infraestructura con deficiencias y baja calidad”.

Es preciso señalar que el Seguro Popular es un sistema de financiamiento creado para otorgar cobertura de servicios de salud a las personas de bajos recursos que no cuentan con empleo, trabajan por cuenta propia o no son derechohabientes de alguna institución de seguridad social. Para su funcionamiento se crearon Regímenes Estatales de Protección Social en Salud.

Los especialistas coinciden en que este diseño fracciona aún más el sistema de salud, lo que provoca que los recursos no se aprovechen en forma adecuada y se diluyan responsabilidades.

Salomón Chertorivski, titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), instancia que administra los recursos del Seguro Popular, asegura en entrevista que el diseño es “fantástico”. “Lo envidiaría cualquier país desarrollado”, dice.

Sin embargo, también informa que este año impulsarán una “segunda generación” de reformas al sistema de financiamiento a la salud.

Como una muestra de que el Seguro Popular funciona en forma adecuada, Chertorivski menciona encuestas que demuestran que el esquema “tiene los índices de satisfacción de usuarios más altos del país”.

Esos resultados fueron puestos en duda por Investigación en Salud y Demografía, organización que advirtió: “La metodología empleada para explorar la satisfacción de los usuarios capta mayoritariamente la opinión de afiliados que sí fueron atendidos”.

“La medicina estaba caduca”
Sus manos tejen sombreros, canastas, petates. Felipa Riqueño, nahua de 49 años, vive en la comunidad del Limón, en Chilapa, Guerrero. Desde hace tres años está afiliada al Seguro Popular.

En diciembre de 2009 fue a la clínica porque una infección respiratoria no la dejaba en paz. Le dieron cinco ampolletas de ampicilina. Se aplicó la primera y se sintió peor. Al siguiente día, la vecina que la inyectaba observó la caja y se dio cuenta que la medicina estaba caduca. En la clínica sólo le dijeron: “Ya no hay ese medicamento, venga mañana. Si quiere, cómprelo, no es caro”. Felipa terminó en la Farmacia Similares.

Un estudio de las organizaciones Noche Zihuame Zan Ze Tajome y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, halló que en la Montaña Baja de Guerrero los más beneficiados por las deficiencias del Seguro Popular son empresas como Farmacias Similares, las cuales “son utilizadas, por el bajo costo de los medicamentos y la consulta”.

Ese mismo estudio, presentado en diciembre de 2009, señaló que en los municipios de Chilapa, Zitlala y Ahuacuotzingo, 58% de los afiliados al Seguro Popular se habían quedado sin atención porque no había médico, la clínica estaba cerrada o no tenían dinero para ir al centro de salud. También detectó que sólo a 17% de los afiliados se les surtió su receta completa.

En 2004, cuando el sexenio de Vicente Fox iba en picada, el entonces titular de Salud, Julio Frenk, puso en marcha el Seguro Popular. El lema: “Servicios y atención médica gratuitos”.

En su más reciente informe, la Auditoría Superior de la Federación señala que en Chiapas, 60.7% de los afiliados compraron sus medicinas.

Desde 2007, una evaluación elaborada por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) resaltaba que los asegurados al Seguro Popular “tienen el derecho de reembolso si no se consiguen los medicamentos en el lugar de atención”, pero reconoce que “es muy difícil que el usuario lo obtenga, dados los obstáculos burocráticos. Otro problema es que no saben que tienen ese derecho y no lo reclaman”.

En su Índice de Desempeño de Programas Públicos (2008-2009), Gestión Social y Cooperación (Gesoc) reprobó al Seguro Popular, sobre todo porque “no tiene mecanismos que permitan medir si está sirviendo o no para lo que fue creado”, dice Alejandro González, director de la organización.

González explica que “como está diseñado y se está implementando, el Seguro Popular no garantiza que un incremento del presupuesto se traduzca en solución de acceso a la salud. No garantiza un uso eficiente de recursos”.

Más trabajo, el mismo personal
Camillas sin sábanas, ventanas con vidrios rotos, techos con goteras, enfermos que esperan horas para tener atención. Esta es la imagen del Hospital Regional de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. En la sala de urgencias, Hipólita Gutiérrez, indígena tzetzal, lucha contra la tos. Tiene asma y está afiliada al Seguro Popular. Aún así, cada mes gasta 300 pesos en medicamentos, asegura Antonio Juárez, su esposo.

Desde que se lanzó el Seguro Popular, funcionarios federales y estatales presumen las cifras de afiliados. Salomón Chertorivski cuenta que al cierre de 2009 había 31 millones de afiliados. “Vamos por 18 [millones] más, se está afiliando a un millón al mes”. En 2011, dice, se tendrá la cobertura universal.

Mario Luis Fuentes, director del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), asegura que se distorsionó el significado de “afiliación”, porque se utiliza como analogía de acceso a la salud, cuando hay una gran diferencia entre estar afiliado y recibir servicios de calidad. “No se han fortalecido los procesos de calidad ni el acceso a los servicios”, dice. Muchas unidades no tienen personal todo el año ni equipos para estudios básicos como análisis de sangre.

En el Hospital Regional de San Cristóbal de las Casas, médicos y enfermeras coinciden: “Desde que empezó el Seguro Popular hay más trabajo. Y no se ha contratado a más gente”. Si antes se hacían 10 mil pruebas de laboratorio al mes, ahora son 25 mil, aseguran.

Una doctora que prefiere el anonimato, “porque hay represalias laborales si nos quejamos”, asegura que a los pacientes se les pide que compren su medicamento, porque no hay. Resume la situación con una frase: “No se trabaja con calidad, sino con cantidad”.

Salomón Chertorivski afirma que en los últimos dos años, “con recursos del Seguro Popular”, se regularizaron 70 mil plazas de médicos y enfermeras.

Hipólita debe viajar cada dos meses, en promedio, a San Cristóbal de las Casas, porque en la clínica de Aurora Esquipulas, comunidad del Municipio de Pantelhó, “nunca hay medicinas ni doctores”, explica su esposo. Ese viaje le implica un gasto de 200 pesos.

Recursos guardados
Información que obtuvo Fundar, Centro de Análisis e Investigación, gracias a la Ley de Acceso a la Información, muestra que de 2004 a 2009 no se transfirió a los estados 75% del presupuesto destinado a cubrir necesidades de infraestructura, es decir, 5 mil 940 millones de pesos.

La Auditoría Superior de la Federación encontró que en 2008 sólo se trasfirió a 11 estados 21.9% (285 millones 217 mil pesos) del presupuesto para “dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud”. El resto sigue en el Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud. ¿La razón? Los mecanismos del Seguro Popular señalan que los estados deben tener sus propios recursos para los proyectos y después solicitar el reembolso.

Las consecuencias de que los recursos no se apliquen están en zonas como la Montaña de Guerrero. Ahí sólo hay 0.1 camas de hospital por cada mil habitantes. La Organización Mundial de la Salud recomienda una por cada mil.

Chertorivski asegura que en lo que va del sexenio se han hecho más de mil 300 obras, entre construcciones, remodelaciones o equipamiento. Además, menciona que de 2004 a 2009 se han acumulado unos 7 mil millones de pesos en el Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud.

En su reciente informe, la Auditoría Superior de la Federación puso la lupa en el Fideicomiso: “Muestra deficiencias que atentan contra el derecho a la salud (...) la población que habita en zonas de alta marginación, y que está afiliada, no está siendo beneficiada”.

El titular de la CNPSS menciona que la respuesta a la Auditoría “la tendremos que hacer por los mecanismos oficiales a la propia Auditoría”. El fideicomiso, dice, está planteado para ser “una bolsa que se vaya autoalimentando”. Para Fundar el manejo del fideicomiso es “poco transparente”.

“Si no pago, no atienden a la niña”
Lidia y Gabriel tienen una noche sin dormir. Hace 15 horas, su hija Naomi, de nueve meses, se cayó de la cama. La niña está en urgencias del Hospital General José Vicente Villada, de Cuautitlán, estado de México. El diagnóstico: “Fractura occipital y traumatismo craneoencefálico”. Tiene Seguro Popular. Su afiliación se hizo en el Distrito Federal, porque ahí vivían sus padres. En este hospital les dijeron que no podían hacer válida esa afiliación.

Para que la pareja no pagara 9 mil pesos por hospitalización y ambulancia, se afilió otra vez a Naomi, ahora en el estado de México. Aún así les cobraron 110 pesos de consulta; ahora esperan saber cuánto pagarán por la ambulancia que llevará a su hija a un hospital que sí realice tomografías. “Me dijeron que serían como 2 mil pesos. Si no pago, no llevan a la niña y urge el estudio”, cuenta Gabriel. El Seguro Popular, dice, “no está sirviendo, sólo me han hecho perder tiempo con trámites”.

Lidia y Gabriel no tenían por qué perder tiempo, según el Convenio de Portabilidad que se firmó en Los Pinos el 23 de octubre de 2009. El acuerdo, se dijo, permitiría a los afiliados recibir atención en cualquier lugar de México, sin importar dónde se registraron. Con Naomi no fue así.

El diseño del Seguro Popular tuvo su primer cambio en diciembre de 2009. Entonces se reformó la Ley General de Salud para que los recursos que los estados reciben se calculen a partir del número de personas afiliadas y no de familias, como se hizo de 2004 a 2009.

Desde 2007 se detectó que varios estados inflaron sus padrones de afiliados con familias de uno o dos miembros.

Chertorivski reconoce que 25% del padrón correspondía a familias de una sola persona, por lo que “un estado podía estar recibiendo hasta 30% más de recursos que otro”.

John Scott, investigador del CIDE, dice que aún hay grandes dudas sobre cómo se están integrando los padrones. La mayoría de los afiliados, explica, están clasificados entre los dos primeros deciles de la población, lo que, en teoría, quiere decir que se trata de familias pobres que no tienen que pagar por el Seguro Popular. “Si así fuera, el programa ya hubiera cubierto a toda la población de los dos deciles”.

Alejandro González, de Gesoc, recuerda que algunas auditorías mostraban que 5% de las personas registradas en los padrones no existen.

John Scott resalta que existen “muchas evidencias” que sugieren que el Seguro Popular tiene problemas. “Hay una separación muy grande entre los recursos que se asignan y la prueba de que éstos se transformen en servicios de salud para los beneficiarios”.

Esto lo sabe Kevin, Yanet, Felipa, Hipólita, Lidia, Gabriel y otros más que se han decepcionado al ver que el Seguro Popular sólo se quedó en promesas.