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La bandera anticorrupción

En días pasados Ochoa Reza lanzó los criterios del proceso de selección de los candidatos para los comicios de los dos años entrantes. Los principales requisitos son: que no tenga vínculos con el narcotráfico ni antecedentes de corrupción o de desvío de recursos públicos.

Pese a que en el PRI ya se registraban casos de algunos militantes involucrados con el crimen organizado –como los exgobernadores Tomás Yarrington, Eugenio Hernández y Mario Villanueva–, es apenas ahora cuando se impone como requisito para los aspirantes a una candidatura no tener un pasado sospechoso.

La sombra del crimen organizado y los escándalos de corrupción han mellado la fuerza electoral del PRI, que después de los comicios de 2016 –donde perdió en siete de 15 elecciones de gobernador– pasó a ser la segunda fuerza política nacional después del PAN, precisa Abundis, quien en las encuestas de opinión del año pasado ya incluía como categoría nueva el tema de la corrupción.

En un intento de recuperarse, en la 38 sesión extraordinaria de su Consejo Político Nacional, el PRI acordó que los militantes y simpatizantes que aspiren a participar en la selección y postulación de candidatos deberán suscribir una carta compromiso mediante la cual autoricen al partido a investigar su situación patrimonial, fiscal o entorno social, así como, en su caso, su actuación como servidor público y respecto de responsabilidades penales o administrativas.

También a que el PRI realice “las evaluaciones y pruebas necesarias para acreditar que no se han realizado actos antijurídicos relacionados con el uso de recursos de procedencia ilícita y que no tienen vínculos con la delincuencia organizada ni son adictos al consumo de sustancias prohibidas por la ley”.

Abundis advierte que es sorprendente que en el PRI no vean el error de esta estrategia, que es como “dispararse en el pie”, porque en las mediciones hechas por Parametría se observa que la respuesta del público no es favorable.

En una de sus más recientes mediciones, Parametría ubica que, a poco menos de dos años de la elección presidencial, el PAN está al frente de las preferencias electorales con 30%. En segundo lugar está el PRI, con 27%. En tercer sitio aparece Morena, con 21%, y detrás el PRD, con 10%, y el Verde, con 5%.

“Si analizamos las preferencias electorales en el tiempo, observamos que los cambios más importantes respecto a la última elección presidencial son: el crecimiento del PAN y de Morena y la caída y posterior estabilidad del PRI y del PRD”, advierte la encuesta.

En un ejercicio adicional que realizó Parametría en esta encuesta, en el que se mide el escenario con posibles alianzas, los datos indican que la formada por el PAN y el PRD sería la más competitiva, pues el porcentaje de preferencia efectiva aumenta a 36%. En tanto, si se forma una alianza PRI-PVEM-Nueva Alianza, obtendría 34%.

Frente a estos escenarios, en los cuales el PRI tiene desventajas, Abundis manifiesta que se puede entender que, por estrategia, los priistas no quieren dejarle la bandera de campaña de la lucha contra la corrupción sólo al PAN y a Morena.

“Pero en el PRI están logrando lo contrario”, precisa el encuestador con maestría en políticas públicas por la Universidad de Oxford y en asuntos internacionales por la de Columbia.

Recuerda que aun cuando en el PAN también hay casos de gobernadores acusados de corrupción –como el sonorense Guillermo Padrés– o en el PRD –el oaxaqueño Gabino Cué–, el público no deja de ver una responsabilidad del PRI y de Peña Nieto en los escándalos más sonados.

“La gente no exculpa al PRI por el hecho de que están persiguiendo a exgobernadores; al contrario, los hacen más responsables porque le están recordando a la gente la magnitud de la corrupción como a la que llegó Veracruz con Javier Duarte, que es el extremo del problema.”

Precisa: “El PRI no está comunicando lo que quiere, porque lo ve de una manera muy mecánica y en una lógica oportunista, porque al ver que el tema de debate era la corrupción, se subió a la discusión sin lograr comunicar a la gente su mensaje de cambio”.

Estrategia contraproducente

César Augusto Santiago es uno de los pocos priistas que ha accedido a realizar un análisis crítico de la estrategia de Ochoa Reza de tomar como bandera de reposicionamiento del PRI el combate a la corrupción.

De entrada sostiene que esa lucha debe surgir de una profunda convicción y de una ética pública que honre los valores para que sea eficaz y “jamás debe ser impostura o una estratagema mediática para salir del paso”, porque, de lo contrario, el impacto en el PRI será negativo.

Exsubsecretario de Gobernación y exdirector general adjunto de Pemex, desde marzo de 2013 Santiago es representante legal de la Comisión Federal de Electricidad.

Como abogado, el priista precisa que, si no hay certeza en los casos de corrupción, “el asunto está peor porque todo queda a la voluntad del presidente del partido”.

En ese sentido inquiere: “¿Cuándo se actúa? ¿En qué casos? ¿En contra de quién o quiénes? ¿En qué tiempos y en qué temas? El asunto está peor porque reflejaría un autoritarismo dictatorial que no corresponde a la esencia de un partido político o de un comportamiento ético. Además, dejar en la voluntad de una persona este tipo de decisiones resulta sumamente delicado”.

Señala en entrevista que la corrupción es un problema que corroe las entrañas del sistema político nacional y que los partidos son corresponsables directos de esta circunstancia, al igual que los políticos, porque todos se quedaron sin valores, sin espíritu, sin propuesta, sin proyecto.

Cuestiona una vez más: “Si de verdad se trata de combatir la corrupción, por qué el PRI no se pronuncia, por ejemplo, en el tema de esos bonos que se dieron los diputados para organizar posadas, reuniones de fin de año, etcétera, que están siendo cuestionados por la sociedad entera.

“Por qué el partido no se pronuncia, por ejemplo, en contra del despilfarro de los burócratas del INE, con sueldos exorbitantes, bonos, asesores, implementos, viajes, canonjías, para hacer lo mismo que se hacía antes sin todo este boato y todo este aparato.

“Por qué no se pronuncia el PRI, por ejemplo, en relación con el estado de la economía de Pemex, su aparente bancarrota, la compra de inservibles plantas de fertilizantes, o el tema de los astilleros en Galicia; por qué no dicen nada del dispendio en costear con dinero público un lienzo charro monumental en Chiapas para que el gobernador se disfrazara de charro y cabalgara.

“Por qué no hablar de esas maniobras infinitas de empresas fantasma, cobro de comisiones, prestanombres, etcétera. Finalmente, por qué no decir con claridad si es válido que los gobernadores dejen deudas estratosféricas en las entidades que gobernaron.”

Asimismo, Santiago advierte del peligro de caer en “una cacería de brujas” si no se tienen las pruebas o los indicios de una presunta responsabilidad contra algunos funcionarios o gobernantes.

“Hablar de corrupción debe ser una cosa muy seria. Es importante hablar de los temas, de los asuntos que están en la opinión pública y, sobre todo, dar certeza a los militantes de qué se puede hacer y qué no se vale.”



Fuente


Y con el relevo de Claudia Ruiz Massieu por Luis Videgaray, se evidencia aún más la división interna en el PRI. El grupo de Mensorio Chones sería el financiado por el pelón Salinas Recortari y el de Aurelio Gruño estaría financiado por el Grupo Atlacomulco. Lo de Manlio Fabio y Emilio, pues ya son no dinosaurios, sino... ¡trilobites! del sistema. La realidad es que, hoy por hoy no hay en el firmamento político un sólo personaje que realmente represente, ni siquiera mínimamente lo que este país NECESITA (que no son trilobites, ni caciques, ni patrones, ni capataces, ni mesías). Negro, muy negro, se ve el futuro en el horizonte.