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Bovino adicto
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Anteriormente, ya se había publicado en este mismo espacio, un articulo donde se revelaban algunas de las "estrategias" seguidas por esta señora en su afán de lograr "justicia", http://ba-k.com/showthread.php?t=2820359&highlight=wallace, por eso no resulta sorprendente que estos comportamientos gansteriles se hubiesen manifestado en ocasiones anteriores, y sin el pretexto de buscar a los asesinos de su hijo, sino por algo mas pueril, demostrar que ella era mas poderosa que las autoridades del D.F., al que ahora pretende gobernar, impidiendo el retiro de anuncios espectaculares que su empresa había colocado en lugar prohibido.
Y no es guerra sucia, como rápidamente salieron a afirmar los PANistas.
Isabel Miranda de Wallace se hizo conocer como activista contra la delincuencia y de pronto comenzó a aparecer junto con el presidente Calderón para apuntalar su estrategia contra el crimen organizado, encabezada por el secretario Genaro García Luna. Se metió así de lleno en el polémico caso de Florence Cassez, que ha opacado su proselitismo electoral. Sin embargo, en 1998 la empresaria luchaba por su propia libertad, acusada por funcionarios de la delegación Tlalpan de que, al obstruir el retiro de tres espectaculares de su empresa Showcase, se resistió a la autoridad, dañó equipo del gobierno capitalino y ordenó a sus empleados que atacaran a quien subiera a los espectaculares.
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
7 DE ABRIL DE 2012
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Interlocutora del gobierno federal en materia de seguridad, Premio Nacional de Derechos Humanos por obra y gracia del presidente de la República, mujer de las confianzas del propio Felipe Calderón y de su secretario de Seguridad Pública, la candidata del PAN al gobierno del Distrito Federal, Isabel Miranda de Wallace, arrastra un pasado que no la condena pero la marca: sus antecedentes policiacos y judiciales en la ciudad a la que pretende gobernar.
En 1998 fue indiciada en una causa penal como probable responsable de los delitos de resistencia de particulares y homicidio en grado de tentativa.
Aunque fue exonerada, una resolución de segunda instancia del Tribunal Superior de Justicia en el Distrito Federal (TSJDF) la responsabilizó de causar daños al Gobierno del Distrito Federal (GDF) cuando se enfrentó a personal de la delegación Tlalpan para impedir el retiro de tres anuncios que la empresa de la que proviene su riqueza económica, Showcase Publicidad, colocó en una zona de riesgo.
El 21 de julio de 1998 el juez Duodécimo Penal del DF ordenó su formal prisión o preventiva como probable responsable del delito de resistencia a particulares, pero la liberó del homicidio doloso, en grado de tentativa.
De acuerdo con el expediente del caso, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal la había consignado ante la justicia como probable responsable de ambos delitos porque el 16 de julio de 1998, al mando de una veintena de personas, se enfrentó a personal de la delegación Tlalpan para impedir el retiro de anuncios colocados en Periférico Sur.
Ese mismo día fue remitida al Ministerio Público y cinco días después el juez ordenó “identificar a la procesada María Isabel Miranda de Wallace por los sistemas administrativos adoptados en vigor”, recabar sus ingresos anteriores y hacerle un estudio de personalidad.
Miranda no tenía la notoriedad de ahora cuando quedó registrada en los archivos policiales de la Ciudad de México. Siete años después, de la mano gubernamental, capitalizó un proceso que inició con la denuncia sobre la desaparición de su hijo, Hugo Alberto Wallace, el 11 de julio de 2005.
El alegado secuestro y asesinato de su hijo, que aún se juzga en tribunales, la perfiló como personaje de “la sociedad civil” después de que en unas cuantas horas, “sin ayuda de la policía”, identificó a los supuestos responsables. Sin embargo, en un reportaje publicado en la edición 1842 de Proceso, las madres, hermanos y otros parientes de las personas encarceladas acusaron a la señora Wallace de haber incurrido en ilegalidades graves, entre éstas “actos de tortura” contra los presuntos secuestradores y asesinos de su hijo, para que se inculparan; ella, afirmaron, está utilizando el poder que le da su “amistad” con el presidente Felipe Calderón y con el ahora exprocurador capitalino Miguel Mancera…
Con el despliegue de espectaculares precisamente colocados por su empresa Showcase Publicidad, que creó en 1994 junto con Hugo Alberto, Miranda de Wallace lanzó una cacería contra sus acusados, acompañada de una intensa campaña mediática. Defensora de las políticas de seguridad del gobierno de Felipe Calderón y de su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se convirtió en la activista del sexenio para lo cual creó la asociación de membrete Alto al Secuestro.
Con ese aval acudió a las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el que sólo participan el presidente y los gobernadores, a quienes reclama y emplaza. A solicitud de Calderón, según se lee en la página de Alto al Secuestro, promovió la ley antisecuestro aprobada en 2009 y al siguiente año el propio presidente le dio el Premio Nacional de Derechos Humanos.
En octubre de 2011 logró imponer su presencia en el segundo diálogo de Calderón con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza Javier Sicilia, y en el Castillo de Chapultepec reivindicó la estrategia del presidente ante la “debilidad” de los gobiernos estatales. Calderón también la incorporó “como representante de la sociedad civil” a la junta de gobierno de Províctima, el desfondado organismo creado para “responder” al movimiento pacificador ciudadano.
Su más reciente batalla la emprendió para evitar la liberación de la ciudadana francesa Florence Cassez, acusada por García Luna de secuestro detenida por policías federales en un operativo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya calificó como violatorio de la Constitución. En vísperas de ese fallo, Miranda presionó a los ministros encargados de la resolución y desde las escalinatas de la Corte, ya como aspirante del PAN a gobernar el DF, volvió a apoyar a Calderón y a García Luna.
De todas formas se defiende: “No, yo no soy la candidata del presidente, yo soy candidata independiente, ciudadana”, tuvo que aclarar ante la prensa el pasado 3 de febrero, cuando asistió al informe del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ante la percepción de que su candidatura está huérfana del respaldo del liderazgo local del PAN.
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La nota completa pueden verla en la FUENTE
Y no es guerra sucia, como rápidamente salieron a afirmar los PANistas.
Isabel Miranda de Wallace se hizo conocer como activista contra la delincuencia y de pronto comenzó a aparecer junto con el presidente Calderón para apuntalar su estrategia contra el crimen organizado, encabezada por el secretario Genaro García Luna. Se metió así de lleno en el polémico caso de Florence Cassez, que ha opacado su proselitismo electoral. Sin embargo, en 1998 la empresaria luchaba por su propia libertad, acusada por funcionarios de la delegación Tlalpan de que, al obstruir el retiro de tres espectaculares de su empresa Showcase, se resistió a la autoridad, dañó equipo del gobierno capitalino y ordenó a sus empleados que atacaran a quien subiera a los espectaculares.
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
7 DE ABRIL DE 2012
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Interlocutora del gobierno federal en materia de seguridad, Premio Nacional de Derechos Humanos por obra y gracia del presidente de la República, mujer de las confianzas del propio Felipe Calderón y de su secretario de Seguridad Pública, la candidata del PAN al gobierno del Distrito Federal, Isabel Miranda de Wallace, arrastra un pasado que no la condena pero la marca: sus antecedentes policiacos y judiciales en la ciudad a la que pretende gobernar.
En 1998 fue indiciada en una causa penal como probable responsable de los delitos de resistencia de particulares y homicidio en grado de tentativa.
Aunque fue exonerada, una resolución de segunda instancia del Tribunal Superior de Justicia en el Distrito Federal (TSJDF) la responsabilizó de causar daños al Gobierno del Distrito Federal (GDF) cuando se enfrentó a personal de la delegación Tlalpan para impedir el retiro de tres anuncios que la empresa de la que proviene su riqueza económica, Showcase Publicidad, colocó en una zona de riesgo.
El 21 de julio de 1998 el juez Duodécimo Penal del DF ordenó su formal prisión o preventiva como probable responsable del delito de resistencia a particulares, pero la liberó del homicidio doloso, en grado de tentativa.
De acuerdo con el expediente del caso, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal la había consignado ante la justicia como probable responsable de ambos delitos porque el 16 de julio de 1998, al mando de una veintena de personas, se enfrentó a personal de la delegación Tlalpan para impedir el retiro de anuncios colocados en Periférico Sur.
Ese mismo día fue remitida al Ministerio Público y cinco días después el juez ordenó “identificar a la procesada María Isabel Miranda de Wallace por los sistemas administrativos adoptados en vigor”, recabar sus ingresos anteriores y hacerle un estudio de personalidad.
Miranda no tenía la notoriedad de ahora cuando quedó registrada en los archivos policiales de la Ciudad de México. Siete años después, de la mano gubernamental, capitalizó un proceso que inició con la denuncia sobre la desaparición de su hijo, Hugo Alberto Wallace, el 11 de julio de 2005.
El alegado secuestro y asesinato de su hijo, que aún se juzga en tribunales, la perfiló como personaje de “la sociedad civil” después de que en unas cuantas horas, “sin ayuda de la policía”, identificó a los supuestos responsables. Sin embargo, en un reportaje publicado en la edición 1842 de Proceso, las madres, hermanos y otros parientes de las personas encarceladas acusaron a la señora Wallace de haber incurrido en ilegalidades graves, entre éstas “actos de tortura” contra los presuntos secuestradores y asesinos de su hijo, para que se inculparan; ella, afirmaron, está utilizando el poder que le da su “amistad” con el presidente Felipe Calderón y con el ahora exprocurador capitalino Miguel Mancera…
Con el despliegue de espectaculares precisamente colocados por su empresa Showcase Publicidad, que creó en 1994 junto con Hugo Alberto, Miranda de Wallace lanzó una cacería contra sus acusados, acompañada de una intensa campaña mediática. Defensora de las políticas de seguridad del gobierno de Felipe Calderón y de su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se convirtió en la activista del sexenio para lo cual creó la asociación de membrete Alto al Secuestro.
Con ese aval acudió a las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el que sólo participan el presidente y los gobernadores, a quienes reclama y emplaza. A solicitud de Calderón, según se lee en la página de Alto al Secuestro, promovió la ley antisecuestro aprobada en 2009 y al siguiente año el propio presidente le dio el Premio Nacional de Derechos Humanos.
En octubre de 2011 logró imponer su presencia en el segundo diálogo de Calderón con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza Javier Sicilia, y en el Castillo de Chapultepec reivindicó la estrategia del presidente ante la “debilidad” de los gobiernos estatales. Calderón también la incorporó “como representante de la sociedad civil” a la junta de gobierno de Províctima, el desfondado organismo creado para “responder” al movimiento pacificador ciudadano.
Su más reciente batalla la emprendió para evitar la liberación de la ciudadana francesa Florence Cassez, acusada por García Luna de secuestro detenida por policías federales en un operativo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya calificó como violatorio de la Constitución. En vísperas de ese fallo, Miranda presionó a los ministros encargados de la resolución y desde las escalinatas de la Corte, ya como aspirante del PAN a gobernar el DF, volvió a apoyar a Calderón y a García Luna.
De todas formas se defiende: “No, yo no soy la candidata del presidente, yo soy candidata independiente, ciudadana”, tuvo que aclarar ante la prensa el pasado 3 de febrero, cuando asistió al informe del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ante la percepción de que su candidatura está huérfana del respaldo del liderazgo local del PAN.
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