Esta noticia en particular me parece muy molesta, especialmente porque nos habla no solo de que el incendio fue provocado por la mano del hombre (y no por un cooler en mal estado como el Procurador y Eduardo Bours nos quisieron hacer creer), sino que además, nos habla de un posible robo millonario del fideicomiso destinado a las víctimas. Si el dinero fue robado, tendría que haber una acción penal contra este ladrón que no respeta ni el dolor de los niños sobrevivientes ni las familias afectadas de una u otra forma.

Incendio ABC intencional, según dictamen; detectan fraude en fideicomiso

Padres de niños fallecidos en la Guardería ABC de Hermosillo revelaron que, en base a un dictamen realizado por una empresa estadounidense, que forma parte de la investigación judicial, se determinó que el incendio en la bodega de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado fue provocado por la mano del hombre.

El abogado Gabriel Alvarado Serrano explicó que, en base a dicho dictamen, se determinó que el origen del incendio no fue fortuito ni fue generado por el sobrecalentamiento del “cooler”, como al inicio de la investigación fue informado por el procurador General de Justicia del Estado, Abel Murrieta Gutiérrez.

“El aspecto principal es que no se trató de un hecho fortuito, no es un accidente, sino que es un hecho que se generó por conducto de la acción del hombre”, afirmó Alvarado Serrano, pero será la autoridad judicial la que determine quién o quiénes fueron los autores materiales e intelectuales.

Dicho dictamen se realizó en enero pasado, pero el abogado no reveló el nombre de la empresa que lo elaboró ni que autoridad lo ordenó, pues forma parte de la investigación en proceso, en relación al incendio del 5 de junio de 2009, que inició en la bodega de Hacienda y alcanzó la Guardería ABC, causando la muerte de 49 niños y más de 70 heridos.

Sólo se precisó que, a diferencia del dictamen realizado por The McMullen Company, ordenado por la Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, éste sí tendrá efectos judiciales.

Esto se dio a conocer en una rueda de prensa realizada este jueves, en la que madres de niños fallecidos en el incendio, que integran la agrupación Manos Unidas, formada por 21 familias padres de 13 menores, leyeron un comunicado, relatando los hechos y reiterando que usarán todos los medios jurídicos a su alcance para que se haga justicia.

Detectan fraude en pago de fideicomiso
También informaron un posible fraude en la integración del fideicomiso anunciado el 23 de junio de 2009, por el ex gobernador Eduardo Bours Castelo, por 67 millones 100 mil pesos, para garantizar la reparación del daño, al encontrarse que en la cuenta donde éste se constituyó, en el banco HSBC, sólo hay un peso depositado.

Explicó que este fideicomiso fue tomado por el Juez Octavo de lo Penal de esta ciudad para otorgar la libertad provisional bajo caución a los involucrados y sujetos a proceso en el expediente 226/009, sin que a ninguno de ellos se les haya requerido la correspondiente fianza.

En este caso están 14 empleados estatales y de Protección Civil de Hermosillo, indicó, que fueron detenidos por su presunta participación en delitos del fuero común relacionados a este caso y posteriormente liberados bajo caución. Según el abogado, cada uno de ellos debió pagar 200 millones de pesos para salir en libertad.

Añadió que si, como se anunció por el Gobierno Estado un día antes del cambio de administración, 22 familias de víctimas del incendio, recibieron el cheque por este concepto, éste se les pagó del gasto corriente y “no de un fideicomiso que no existe”

Demanda contra Bours y Murrieta
Alvarado Serrano señaló que desde el año pasado, sus representados, interpusieron una demanda en contra del entonces titular del Ejecutivo, Eduardo Bours Castelo, y el procurador Abel Murrieta Gutiérrez, quien se mantiene en el cargo.

Dijo que la demanda es por la inconformidad en la forma en que manejaron la investigación, que posteriormente fue atraída por la Procuraduría General de la República, y por las responsabilidades que les impone la Ley de Protección Civil.

Según el abogado, en dos o tres meses podrían concluir las investigaciones del caso.

“El caso debe de terminar con que se consignen y se procesen a aquéllos que tuvieron qué ver, ya sea de manera material o manera intelectual en que se llegaran a realizar esos muy lamentables acontecimientos. Esa es la manera en que debe de terminar eso, y que se les sentencie y se les condene”, puntualizó.