maveurr
Bovino maduro
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Expertos: contra la Constitución, el gobierno otorga concesiones especiales a la IP
El gobierno federal ha sobrestimado deliberadamente los requerimientos de energía eléctrica para justificar la participación de inversionistas privados extranjeros, por más de 5 mil millones de dólares.
Este superávit en capacidad de generación ocasiona que la CFE tenga que compartir 50 por ciento de su renta eléctrica con trasnacionales, lo cual repercute en elevadas tarifas para los consumidores.
De acuerdo con un amplio estudio elaborado por Mario Govea Sansón, ingeniero integrante del Comité Nacional de Estudios de la Energía y Rosío Vargas, investigadora y profesora de la UNAM, precisaron que mientras el gobierno estimaba que la demanda de electricidad crecería a un ritmo de 5 por ciento anual, en realidad entre 2000 y 2008 las ventas de fluido eléctrico se incrementaron apenas 2.1 por ciento en promedio.
El estancamiento de la demanda de electricidad en años recientes ha obligado al Centro Nacional de Control de Energía, controlador del apagado y encendido de las plantas generadoras, a mantener fuera de servicio las plantas de generación, sobre todo las de la CFE. Esto se refleja en el aumento del margen de reserva en lo que va de la administración del presidente Felipe Calderón a 52 por ciento cuando lo recomendado es 27 por ciento.
Significa que se tienen más plantas de las que se están requiriendo en estos momentos y que este superávit de capacidad se refleja en electricidad más cara, pues al tener capacidad de sobra, aún cuando no se genere y no se tenga que pagar el combustible, se pagan costos de una inversión que no produce.
La razón de tan espectacular crecimiento por parte de productores independientes estriba en que se les favorece de diversas maneras: a través de tarifas de porteo y respaldo que están por debajo de sus costos reales, otorgándoles preferencia en el despacho de carga por encima de las energías hidroeléctricas, con el cierre de centrales propiedad de la CFE para propiciar la instalación de nuevas plantas de privados, y con permisos para instalar nuevas centrales de Ciclo Combinado (que utilizan gas natural combustible de elevados costos).
Para abrir los espacios a las empresas privadas, en su mayoría españolas, la CFE en 10 años ha tenido que retirar 10 mil mega wats, plantas antiguas en perfecto estado cuya operación resulta competitiva, debido a que han sido amortizadas dejando con ello mayor espacio a los ciclos combinados de la iniciativa privada.
Así, los actores privados es con quienes la CFE comparte en forma creciente la renta eléctrica generada, pues por cada peso de venta de electricidad 50 centavos van a los generadores privados.
Con mayor participación de particulares, el Cenace despacha permanentemente 50 por ciento de energía privada en tanto que la CFE, el otro 50 por ciento.
De acuerdo con el análisis titulado: Mayores espacios para las corporaciones trasnacionales: Contradicciones y riesgos para el sistema eléctrico, entre las empresas más beneficiadas por la apertura del sector destacan: Abengoa, Repsol, Unión Fenosa, Gamesa e Iberdrola, a las cuales se otorgan contratos inflados y concesiones especiales. Junto con las plantas de generación, se les entregan líneas de transmisión, subestaciones, terminales de recibo y manejo de carbón y gas.
Esto pese a la claridad del mandato Constitucional, en su artículo 27, el cual establece que la electricidad es un área estratégica, un bien público y no sólo una mercancía bajo la responsabilidad directa del Estado, sin embargo, las políticas implementadas por los gobiernos, desde 1992, han sido contrarias a este mandato y, en cambio, se ha buscado los mecanismos para darle la vuelta a la Constitución, simulando que se respeta.
Sustituir a organismos públicos por empresas privadas extranjeras tiene un alto costo para el país, ya que la CFE paga a las trasnacionales con una tasa de descuento de 12.5 por ciento anual en dólares (durante 25 años), lo cual duplica lo que la misma paraestatal erogaría en caso de invertir directamente en las plantas (6 por ciento).
La nota completa:
http://www.jornada.unam.mx/2010/07/0...ticle=016n1eco
El estudio demuestra que no sólo están arruinando al Sector eléctrico propiedad de la Nación sino que además nos obligan a pagar altos costos por servicio eléctrico.
Es decir, perdemos por todos lados mientras se viola la Constitución impunemente.
El gobierno federal ha sobrestimado deliberadamente los requerimientos de energía eléctrica para justificar la participación de inversionistas privados extranjeros, por más de 5 mil millones de dólares.
Este superávit en capacidad de generación ocasiona que la CFE tenga que compartir 50 por ciento de su renta eléctrica con trasnacionales, lo cual repercute en elevadas tarifas para los consumidores.
De acuerdo con un amplio estudio elaborado por Mario Govea Sansón, ingeniero integrante del Comité Nacional de Estudios de la Energía y Rosío Vargas, investigadora y profesora de la UNAM, precisaron que mientras el gobierno estimaba que la demanda de electricidad crecería a un ritmo de 5 por ciento anual, en realidad entre 2000 y 2008 las ventas de fluido eléctrico se incrementaron apenas 2.1 por ciento en promedio.
El estancamiento de la demanda de electricidad en años recientes ha obligado al Centro Nacional de Control de Energía, controlador del apagado y encendido de las plantas generadoras, a mantener fuera de servicio las plantas de generación, sobre todo las de la CFE. Esto se refleja en el aumento del margen de reserva en lo que va de la administración del presidente Felipe Calderón a 52 por ciento cuando lo recomendado es 27 por ciento.
Significa que se tienen más plantas de las que se están requiriendo en estos momentos y que este superávit de capacidad se refleja en electricidad más cara, pues al tener capacidad de sobra, aún cuando no se genere y no se tenga que pagar el combustible, se pagan costos de una inversión que no produce.
La razón de tan espectacular crecimiento por parte de productores independientes estriba en que se les favorece de diversas maneras: a través de tarifas de porteo y respaldo que están por debajo de sus costos reales, otorgándoles preferencia en el despacho de carga por encima de las energías hidroeléctricas, con el cierre de centrales propiedad de la CFE para propiciar la instalación de nuevas plantas de privados, y con permisos para instalar nuevas centrales de Ciclo Combinado (que utilizan gas natural combustible de elevados costos).
Para abrir los espacios a las empresas privadas, en su mayoría españolas, la CFE en 10 años ha tenido que retirar 10 mil mega wats, plantas antiguas en perfecto estado cuya operación resulta competitiva, debido a que han sido amortizadas dejando con ello mayor espacio a los ciclos combinados de la iniciativa privada.
Así, los actores privados es con quienes la CFE comparte en forma creciente la renta eléctrica generada, pues por cada peso de venta de electricidad 50 centavos van a los generadores privados.
Con mayor participación de particulares, el Cenace despacha permanentemente 50 por ciento de energía privada en tanto que la CFE, el otro 50 por ciento.
De acuerdo con el análisis titulado: Mayores espacios para las corporaciones trasnacionales: Contradicciones y riesgos para el sistema eléctrico, entre las empresas más beneficiadas por la apertura del sector destacan: Abengoa, Repsol, Unión Fenosa, Gamesa e Iberdrola, a las cuales se otorgan contratos inflados y concesiones especiales. Junto con las plantas de generación, se les entregan líneas de transmisión, subestaciones, terminales de recibo y manejo de carbón y gas.
Esto pese a la claridad del mandato Constitucional, en su artículo 27, el cual establece que la electricidad es un área estratégica, un bien público y no sólo una mercancía bajo la responsabilidad directa del Estado, sin embargo, las políticas implementadas por los gobiernos, desde 1992, han sido contrarias a este mandato y, en cambio, se ha buscado los mecanismos para darle la vuelta a la Constitución, simulando que se respeta.
Sustituir a organismos públicos por empresas privadas extranjeras tiene un alto costo para el país, ya que la CFE paga a las trasnacionales con una tasa de descuento de 12.5 por ciento anual en dólares (durante 25 años), lo cual duplica lo que la misma paraestatal erogaría en caso de invertir directamente en las plantas (6 por ciento).
La nota completa:
http://www.jornada.unam.mx/2010/07/0...ticle=016n1eco
El estudio demuestra que no sólo están arruinando al Sector eléctrico propiedad de la Nación sino que además nos obligan a pagar altos costos por servicio eléctrico.
Es decir, perdemos por todos lados mientras se viola la Constitución impunemente.
