jarochilandio
Bovino de la familia
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Pedro Pablo Peñaloza
8 de mayo de 2018
Venezuela sufre la peor crisis de su historia. Los anaqueles de supermercados y farmacias están vacíos. Hasta el mes de marzo la inflación anualizada alcanzó el récord de 8.871%. La devaluación pulverizó el bolívar, la moneda local. El salario mínimo mensual equivale a 2,99 dólares. La tasa de homicidios se ubica en 89 por cada 100 mil habitantes, la peor de América Latina. Y, pese a este cuadro trágico, el presidente Nicolás Maduro tiene todo a su favor para ganar las elecciones presidenciales del domingo 20 de mayo.
Nicolás Maduro, el heredero de Chávez, junto con su esposa Cilia Flores (Foto: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)
Si las encuestas revelan que más del 90% de la población opina que el país está mal y siete de cada diez venezolanos rechazan la gestión gubernamental, ¿cómo es posible que Maduro sea el favorito en estos comicios que le entregarían otros seis años en el poder? La respuesta se esconde en tres factores clave: la manipulación del sistema electoral, el chantaje a los más pobres y las debilidades de sus adversarios políticos.
Condena global
La Asamblea Nacional Constituyente dominada por el chavismo sorprendió el 23 de enero convocando el adelanto de las elecciones presidenciales, que históricamente se han celebrado en el último trimestre del año. Aunque parezca contradictorio, la decisión de apurar el llamado a las urnas generó la condena unánime de la oposición y la comunidad internacional, precisamente quienes buscan desalojar a Maduro del palacio de Miraflores.
En esta imagen de archivo, tomada el 4 de agosto de 2017, los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela posan para una fotografía tras su toma de posesión, en la Asamblea Nacional, en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Ariana Cubillos, archivo)
Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y el Grupo de Lima –que reúne a 12 gobiernos de América- han advertido que no reconocerán la votación por considerar que carece de las condiciones mínimas de “legitimidad y credibilidad” que demanda un proceso de este tipo. “En Venezuela la democracia ha colapsado”, sentenció en abril el vicepresidente de EEUU, Mike Pence, quien tachó de “fraudulentas” estas elecciones.
“No puede haber elecciones libres y justas con presos políticos, sin la plena participación de los partidos políticos y líderes detenidos o inhabilitados arbitrariamente, con una autoridad electoral bajo el control del gobierno, sin la participación de millones de venezolanos en el extranjero imposibilitados de votar, convocada originalmente por la Asamblea Constituyente, órgano carente de legitimidad y legalidad, cuya existencia y decisiones no reconocemos”, expresó el Grupo de Lima, integrado entre otros por Argentina, Brasil, Canadá, Colombia y México.
El Grupo de Lima se trata de un bloque de países de la OEA que, junto a Estados Unidos, que lo apoya desde fuera del grupo, suma más del 90 % de la población americana: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guyana, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía. EFE/Archivo
Tanto Naciones Unidas como la UE anunciaron que no observarán los comicios debido a la ausencia de garantías. “Lamentamos profundamente que se hayan convocado elecciones sin un amplio acuerdo sobre el calendario electoral ni sobre las condiciones para un proceso electoral creíble e inclusivo. También lamentamos la existencia continua de presos políticos y los obstáculos para limitar la participación de los partidos políticos y los candidatos”, manifestó la alta representante europea para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini.
Sin condiciones
Luego de los comicios regionales de octubre de 2017, en los que el chavismo arrasó al conquistar 17 de las 23 gobernaciones del país, la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) denunció que en esa jornada se “materializó un proceso fraudulento sin precedentes en nuestra historia”. De acuerdo con sus investigaciones, a más de 1 millón de personas “se les impidió u obstaculizó votar en centros históricamente favorables a la oposición”, y otros “700 mil venezolanos fueron migrados de sus centros 48 horas antes e inclusive el mismo día de la elección”.
La MUD y el gobierno adelantaron una negociación en República Dominicana que tenía como fin acordar las condiciones de la elección presidencial; sin embargo, este esfuerzo chocó contra la negativa del oficialismo de ceder ante las demandas de sus adversarios. “En República Dominicana me negué a firmar un documento donde no quedaban establecidas las condiciones para unas elecciones libres y democráticas”, argumentó en febrero el jefe de la delegación opositora, Julio Borges.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy recibió en el Palacio de la Moncloa a los líderes de la oposición venezolana Julio Borges (2i) presidente de la Asamblea de Venezuela; y Antonio Ledezma, (3i) alcalde de Caracas, (FOTO: EFE/Presidencia del Gobierno)
En un comunicado publicado el 3 de mayo, la MUD ratificó que se abstendrá en estos comicios porque “no es una elección transparente y creíble como para que el pueblo pueda elegir libremente, es un evento sin garantías y con gran ventajismo por parte del gobierno, para aparentar que Maduro fue reelecto a pesar de que su gestión de gobierno tiene el rechazo del 80% de la población venezolana”.
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