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Bovino de alcurnia
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Pidió a la Corte Suprema de Justicia que emita la orden de captura por abuso de autoridad.
Además, solicitó la apertura de un proceso judicial sobre el caso.
El fiscal contra la Corrupción, Henry Salgado, confirmó a periodistas que presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un "requerimiento fiscal" contra la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, encabezada por el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Romeo Vázquez, e integrada por otros cinco oficiales.
El fiscal precisó que se pidió al tribunal supremo emitir "la orden de captura (contra los militares) y que se les inicie el procedimiento, que se les escuche y se les tome su declaración indagatoria".
Salgado explicó que presentó el recurso ante la CSJ porque se trata de "altos funcionarios" de Estado e indicó que se acusa a la Junta de Comandantes de los delitos de abuso de autoridad y expatriación por haber expulsado a Zelaya hacia Costa Rica el 28 de junio del 2009, cuando los militares sacaron por la fuerza al presidente del poder.
La CSJ deberá nombrar ahora, entre sus 15 magistrados, a un juez especial para que lleve este caso. La Constitución prohíbe la expatriación de hondureños.
Según el Gobierno de facto que preside Roberto Micheletti, los militares expulsaron a Zelaya en cumplimiento de una orden de captura emitida por un juez de la Corte Suprema, como parte de un proceso incoado por el Ministerio Público contra el depuesto mandatario, por impulsar una consulta declarada ilegal para promover una Asamblea Constituyente.
El general Vázquez dijo a medios locales desde San Pedro Sula (norte), donde cumple una visita de trabajo, que desconoce la acción de la Fiscalía pero que está dispuesto a presentarse ante la Justicia.
"Todavía no tengo la información, vamos a tratar de investigar", pero ante "cualquier situación que se presente (...) vamos a someternos a la Justicia hondureña si es necesario porque nosotros somos hombres de ley", aseguró.
Los otros miembros de la Junta de Comandantes son el subjefe del Estado Mayor, general Venancio Cervantes; y los jefes del Ejército, general Miguel Ángel García Padgett; de la Fuerza Aérea, general Luis Javier Prince; y de la Fuerza Naval, contraalmirante Juan Pablo Rodríguez. También lo es el inspector general de las Fuerzas Armadas, general Carlos Cuéllar.
La acción del Ministerio Público contra la cúpula militar coincide con la presencia en Honduras del subsecretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Craig Kelly.
El Congreso Nacional tiene pendiente discutir en los próximos días una amnistía política para los involucrados en la crisis causada por el derrocamiento de Zelaya.
'Manto a la verdad'
Por su parte, Zelaya afirmó que la acción judicial emprendida contra la cúpula militar por haberlo expulsado del país busca "poner un manto a la verdad" de lo ocurrido el 28 de junio de 2009, cuando las Fuerzas Armadas lo derrocaron.
"Para mí con ese requerimiento fiscal simple y llanamente lo que quieren es poner un manto sobre la verdad de los hechos que ocurrieron el 28 de junio", dijo Zelaya a medios locales por teléfono desde la embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde se refugia desde el 21 de septiembre del año pasado.
Zelaya apuntó que, "si se está diciendo que las Fuerzas Armadas cometieron un error, pues a ese error se le llama golpe de Estado militar y ese error fue después ratificado, o sea, confirmado por el Congreso Nacional", que lo destituyó a él y designó en su lugar a Roberto Micheletti.
"Si sabían que los militares habían cometido un error, el Congreso Nacional no podía destituirme, no tiene ninguna facultad para destituirme, lo que hubiera pedido era que regresara directamente a mi puesto como presidente y que pusiera mis abogados y me defendiera", añadió.
Fuente:ELTIEMPO.COM
:bakayin:
Además, solicitó la apertura de un proceso judicial sobre el caso.
El fiscal contra la Corrupción, Henry Salgado, confirmó a periodistas que presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un "requerimiento fiscal" contra la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, encabezada por el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Romeo Vázquez, e integrada por otros cinco oficiales.
El fiscal precisó que se pidió al tribunal supremo emitir "la orden de captura (contra los militares) y que se les inicie el procedimiento, que se les escuche y se les tome su declaración indagatoria".
Salgado explicó que presentó el recurso ante la CSJ porque se trata de "altos funcionarios" de Estado e indicó que se acusa a la Junta de Comandantes de los delitos de abuso de autoridad y expatriación por haber expulsado a Zelaya hacia Costa Rica el 28 de junio del 2009, cuando los militares sacaron por la fuerza al presidente del poder.
La CSJ deberá nombrar ahora, entre sus 15 magistrados, a un juez especial para que lleve este caso. La Constitución prohíbe la expatriación de hondureños.
Según el Gobierno de facto que preside Roberto Micheletti, los militares expulsaron a Zelaya en cumplimiento de una orden de captura emitida por un juez de la Corte Suprema, como parte de un proceso incoado por el Ministerio Público contra el depuesto mandatario, por impulsar una consulta declarada ilegal para promover una Asamblea Constituyente.
El general Vázquez dijo a medios locales desde San Pedro Sula (norte), donde cumple una visita de trabajo, que desconoce la acción de la Fiscalía pero que está dispuesto a presentarse ante la Justicia.
"Todavía no tengo la información, vamos a tratar de investigar", pero ante "cualquier situación que se presente (...) vamos a someternos a la Justicia hondureña si es necesario porque nosotros somos hombres de ley", aseguró.
Los otros miembros de la Junta de Comandantes son el subjefe del Estado Mayor, general Venancio Cervantes; y los jefes del Ejército, general Miguel Ángel García Padgett; de la Fuerza Aérea, general Luis Javier Prince; y de la Fuerza Naval, contraalmirante Juan Pablo Rodríguez. También lo es el inspector general de las Fuerzas Armadas, general Carlos Cuéllar.
La acción del Ministerio Público contra la cúpula militar coincide con la presencia en Honduras del subsecretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Craig Kelly.
El Congreso Nacional tiene pendiente discutir en los próximos días una amnistía política para los involucrados en la crisis causada por el derrocamiento de Zelaya.
'Manto a la verdad'
Por su parte, Zelaya afirmó que la acción judicial emprendida contra la cúpula militar por haberlo expulsado del país busca "poner un manto a la verdad" de lo ocurrido el 28 de junio de 2009, cuando las Fuerzas Armadas lo derrocaron.
"Para mí con ese requerimiento fiscal simple y llanamente lo que quieren es poner un manto sobre la verdad de los hechos que ocurrieron el 28 de junio", dijo Zelaya a medios locales por teléfono desde la embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde se refugia desde el 21 de septiembre del año pasado.
Zelaya apuntó que, "si se está diciendo que las Fuerzas Armadas cometieron un error, pues a ese error se le llama golpe de Estado militar y ese error fue después ratificado, o sea, confirmado por el Congreso Nacional", que lo destituyó a él y designó en su lugar a Roberto Micheletti.
"Si sabían que los militares habían cometido un error, el Congreso Nacional no podía destituirme, no tiene ninguna facultad para destituirme, lo que hubiera pedido era que regresara directamente a mi puesto como presidente y que pusiera mis abogados y me defendiera", añadió.
Fuente:ELTIEMPO.COM
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