No sólo estamos expuestos a ser cualquier día víctimas del crimen organizado, sino que además tenemos que vivir con el temor de que la impericia y/o la mala fe de algunos policías terminen igualmente con nuestras vidas al ser erróneamente señalados como culpables de algún delito.Lo escribíamos aquí hace unas semanas: da miedo. Y repetimos: la prioridad no puede ser detener a la mayor cantidad de sospechosos posibles sin de forma paralela profesionalizar, capacitar y mejorar los métodos de trabajo de quienes están encargados de integrar las averiguaciones en que se basa un juez para determinar la culpabilidad o la inocencia de un sospechoso. Detener a diestra y siniestra sin garantizar un juicio justo es sentar las bases de un régimen de terror.


Dos casos recientes vienen a confirmar este temor. Uno, la detención por parte de la PGR del asesino confeso de Alejandro Martí. En la conferencia de prensa, Luis Cárdenas Palomino puso especial énfasis en señalar que los detenidos y sus aún prófugos jefes no tienen ninguna relación con quienes están detenidos luego de haber sido acusados del mismo crimen por parte de la PGJDF. Ni una mención de que podría tratarse de células paralelas; todo lo contrario, una acusación apenas velada de que en la PGJDF se fabricaron culpables. De ser cierto sería una tragedia, para las víctimas desde luego, pero también para todos nosotros.


El procurador Mancera rechaza que su equipo haya inventado culpables, dice que cuenta con los testimonios de las víctimas de secuestro que reconocen a los encarcelados, y se disponía anoche a sustentar la solidez de su investigación frente al Consejo de Seguridad Pública del Distrito Federal. Habrá que esperar.


Pero no es el único caso. Ayer mismo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le dirigía la recomendación 47/2009 al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, en la que documenta las irregularidades en que incurrieron el Ministerio Público y un grupo de agentes federales de investigación en el caso que tiene en prisión desde hace tres años a la indígena Jacinta Francisco Marcial y a dos mujeres más, por haber supuestamente secuestrado a seis afis en el poblado de Santiago Mexquititlan. Las irregularidades son muchas y muy graves. Esas mujeres no han podido defenderse porque no se les ha dado la oportunidad, su supuesta culpabilidad quedó fabricada desde la deficiente y malintencionada integración del expediente.


¿Cómo no tener miedo?

FUENTE: http://www.eluniversal.com.mx/columnas/79181.html