jarochilandio
Bovino de la familia
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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 3 (EL UNIVERSAL).- La iniciativa privada se cansó de la inacción de las autoridades federales, estatales y municipales en el conflicto magisterial.
El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, presentó una demanda contra el Presidente, los secretarios de Gobernación y Educación Pública y de la titular de la PGR, así como de los gobiernos de los estados involucrados, por no actuar ni aplicar la ley a pesar del daño a los derechos humanos de las personas.
El representante de los empresarios dijo que a pesar de que se violan los derechos de los mexicanos por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación las autoridades no actúan, lo que les hace incurrir en violación a los derechos humanos de las personas.
La demanda de amparo se turnó al juez encargado de temas en materia administrativa, Agustín Tello Espíndola, en la que empresarios se quejan de que durante los más de 80 días de movilizaciones existe “una falta de capacidad de la autoridad para impedir los bloqueos”.
Al hartazgo de la iniciativa privada se sumó el comercio organizado, que a través de la Concanaco pidió a las autoridades que se les dé una exención en el pago de impuestos a los empresarios afectados por las movilizaciones magisteriales.
De acuerdo con estimaciones de la confederación, las pérdidas económicas ascienden a 7 mil 500 millones de pesos.
La exención de pago que solicita la Concanaco es para el Impuesto Sobre Nóminas, el Impuesto Sobre la Renta, el IMSS e Infonavit.
De no obtener ese beneficio fiscal, amenazaron con presentar la declaración fiscal en ceros.
Además, advirtieron que también analizan presentar una demanda contra el Ejecutivo, para lo cual trabajan con abogados para que el recurso quede bien sustentado.
Declarar en ceros no es acto de desobediencia: Iniciativa Privada
Enrique Solana Sentíes, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo (Concanaco Servytur), aseguró que la propuesta de declarar en ceros no es un acto de desobediencia civil, es una opción que tienen las empresas con cualquier problema contable, o en este caso por las afectaciones económicas que provocaron movilizaciones y bloqueos.
Dijo que algunos empresarios toman medidas que no necesariamente apoyan, e incluso afirmó que han hecho un llamado para que los negocios no suspendan pagos y presenten puntualmente sus declaraciones.
Asimismo, reconoció que los empresarios están desesperados, pues algunos llevan meses sin poder operar adecuadamente, pero reiteró que es necesario que se mantengan apegados a la ley.
En tanto, Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), afirmó que no hay un plazo, no hay un ultimátum para que se resuelva el tema de las afectaciones y las acciones violatorias de los derechos humanos que realiza la disidencia magisterial.
“No deberíamos esperar a que la demanda de amparo sea resuelta para que el gobierno comience a actuar”.
Aseguro que tienen un diálogo continuo con el gobierno, sin embargo, “en este caso nos parece que la conducta de los gobiernos ha sido omisa, le ha faltado tomar el toro por los cuernos”.
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