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Bovino de la familia
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Juan Luis García Hernández
Junio 28, 2017
El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos desde septiembre de 2014, es otra muestra del espionaje al que son sometidos víctimas del crimen y defensores de derechos humanos en México. El teléfono de Omar García, sobreviviente de la noche de Iguala, y tres abogados: dos del Centro Prodh y uno del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, fueron intervenidos en los momentos más álgidos del caso, que sigue vivo a nivel judicial y también ocupa el centro de atención de organizaciones civiles nacionales y extranjeras.
El normalista sostiene que no sólo él, sino que varios de sus compañeros fueron víctimas de vigilancia ilegal, ya sea por medio de la intervención de sus teléfonos e incluso por personas que les seguían los pasos. Omar afirma, en entrevista con SinEmbargo, que desde hace años se percató de que en el Gobierno “no se iban a limitar [ a espiar] al narco ni a sus enemigos” –como los denominaban–, sino que también irían tras activistas, luchadores sociales, defensores de bosques y de derechos humanos.
Ciudad de México, 28 de junio (SinEmbargo).– El espionaje en México se ha adentrado en el caso judicial más importante de lo que va de este sexenio en México: la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en Guerrero. Omar García Velázquez, sobreviviente de la tragedia del 26 de septiembre de 2014 y, posteriormente, activista, también fue blanco de la intervención de su teléfono celular e incluso, afirma, de vigilancia personalizada.
En noviembre del 2015, una supuesta conversación telefónica fue publicada por el diario Milenio. Se acusaba a García Velázquez de estar enterado de un intento de “levantón” de normalistas por parte de un grupo delictivo. El joven alertó en su momento que sus palabras fueron editadas.
Casi seis meses después de la filtración de la llamada de Omar, en los medios de comunicación mexicanos se dio a conocer una conversación de Vidulfo Rosales Sierra, abogado de las familias de los jóvenes normalistas e integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
El teléfono del litigante fue intervenido en la víspera del último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 24 de abril del 2016, que echó por tierra la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre lo sucedido a los 43 normalistas.
Por esas mismas fechas, otros de los abogados que apoyan en la indagatoria sobre el caso Iguala también vieron intervenidos sus teléfonos: Mario Ernesto Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y Santiago Aguirre, abogado directo de las víctimas. Ellos dos son parte del grupo de activistas y periodistas víctimas del espionaje que el diario estadounidense documentó.
En algún momento de la guerra contra el narcotráfico, el equipo de inteligencia del Gobierno federal pasó de espiar criminales a defensores de los derechos humanos, señala Omar García, quien desde el 26 de septiembre del 2014 asumió un papel activo en la exigencia de aparición con vida de sus compañeros.
En entrevista con SinEmbargo, Omar relata la vigilancia a la que fue sometido y sus puntos de vista sobre esta problemática.
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Las familias, los normalistas y los abogados que exigen justicia en el caso de los 43 supieron desde el principio que el Gobierno los iba a vigilar e incluso a perseguir y presionar, dice Omar García Velázquez. Foto: Sandra Sánchez Galdoz.
—¿Qué perspectiva tienes sobre el escándalo de espionaje que recién sacude al Gobierno federal?
—Recuerdo que desde hace mucho tiempo, desde el 2008 y 2009, cuando hablábamos con Tlachinollan [centro de derechos humanos] y otros organismos civiles se decía que el Gobierno mexicano, de pronto, había cambiado de enemigo en la guerra contra el narco. Ya no era una búsqueda de un enemigo exterior sino interno, e incluía no a los grupos criminales sino a los críticos y opositores.
—¿Esos eran ustedes?
—Nosotros veíamos que no se iban a limitar al narco ni a sus enemigos como los denominaban, sino que también irían contra activistas, luchadores sociales, defensores de bosques, de derechos humanos. Es algo que hemos venido padeciendo desde hace mucho tiempo, y que hemos visto lo sufren también otras personas. Por lo tanto, ojalá y continuara esta denuncia de manera formal y cesaran estos actos de espionaje.
—En tu caso particular, tu teléfono fue intervenido. ¿Por qué se volvió el movimiento de los 43 de Ayotzinapa en un blanco para las autoridades federales?
–Pues porque querían conocer que estaba pasando dentro: quiénes movíamos, quiénes dirigíamos, quiénes jugábamos un papel importante dentro de ese movimiento. Además, desde el principio se nos trató de vincular con el narcotráfico que era, según yo, la principal razón que perseguía el Gobierno. Cualquier palabrita que dijéramos del narco era escandaloso para ellos, y era una muestra, una clave, para llegar a acusarnos de cosas así.
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