Jesús del Toro
12 de julio de 2017

El costo de la educación universitaria en Estados Unidos es estratosférico y muchos estudiantes deben endeudarse y padecer económicamente por años para poder lograr una educación superior. Y aunque abundan las universidades de excelencia y hay programas de asistencia para pago de matrículas y alivio financiero de deudas estudiantiles, también existen escuelas con fines de lucro que tienen como afán principal obtener toda la ganancia posible. Eso no sería en sí ilegal pero, en muchos casos, esa ganancia se obtuvo con prácticas abusivas en contra de sus propios estudiantes.

Para atender ese problema, el gobierno de Barack Obama estableció en noviembre de 2016 una norma llamada ‘Regla en Defensa del Deudor’ (Borrower Defense Rule) que permite a estudiantes de centros de educación superior declarados fraudulentos que sus deudas estudiantiles sean anuladas.


El presidente Donald Trump y su secretaria de Educación, Betsy DeVos. (AP)


Eso se aplica, sobre todo, al caso de ciertas ‘universidades con fines de lucro’: empresas dedicadas a la educación y la instrucción pero que también sacan provecho de ayudas gubernamentales a los estudiantes que cursan educación superior.

Dos casos notorios al respecto, los de ITT Technical Institute y Corinthian Colleges, desataron en buena medida esa regulación oficial. Ambas entidades fueron por años investigadas por realizar publicidad engañosa, prácticas predatorias en créditos estudiantiles y por distorsionar la pobre realidad de las oportunidades de empleo de sus egresados. Ambas empresas enfrentaron demandas a gran escala y cerraron operaciones, pero dejaron a miles de estudiantes atrapados en la obligación de pagar préstamos relacionados con una formación universitaria que acabó en chatarra y sin haber logrado la formación o las opciones laborales que se les prometieron.

Esa regla de protección de los estudiantes afectados, creada en las postrimerías del gobierno de Obama, debía entrar en vigor el pasado 1 de julio, pero el Departamento de Educación de la administración Trump, dirigido por Betsy DeVos, ha pospuesto indefinidamente su aplicación e incluso, temen algunos, podría dar marcha atrás a todo ello.

En consecuencia, 18 estados y el Distrito Columbia han a su vez demandado al Departamento de Educación federal porque, según informa la radio pública NPR, consideran que la suspensión de la ‘Regla de Defensa del Deudor’ es ilegal y los afecta porque han dedicado ingentes recursos y tiempo a investigar y perseguir a esas universidades con fines de lucro que realizaron acciones fraudulentas, además de que los presuntos fraudes que cometieron se tragaron miles de millones dólares de recursos públicos en ayudas estudiantiles.

De acuerdo a los estados demandantes, “los contribuyentes invirtieron 32.000 millones de dólares en escuelas con fines de lucro en el año académico 2009-2010, más que el presupuesto anual de los departamentos de Justicia y de Estado en ese mismo periodo”.

El Departamento de Educación, como se comenta en BuzzFeed, ha tachado la demanda de ser “impulsada por cuestiones ideológicas” (todos los fiscales estatales demandantes son demócratas) y señaló que decidió parar la aplicación de la citada regla hasta que otra demanda en corte -emprendida por una asociación de universidades con fines de lucro de California– sea resuelta para entonces lograr el propósito de “ayudar a los estudiantes afectados”.


Una de las instalaciones del ITT Technical Institute, que cerró tras enfrentar demandas por operaciones fraudulentas y engaños contra sus estudiantes. (Reuters)


Pero revelaciones de Politico sugieren que el Departamento de Educación ya había considerado alegar otras razones distintas a esa demanda para justificar el freno a la ‘Regla en Defensa del Deudor’.

Los estados demandantes, con todo, son muy críticos de DeVos (quien antes de ser nominada por Trump para dirigir el Departamento del Trabajo fue una activa impulsora de transferir recursos públicos a escuelas privadas). El fiscal general de Massachusetts, uno de los que impulsaron el litigio, dijo de tajo que la secretaria de Educación se colocó “del lado de los ejecutivos de escuelas con fines de lucro en contra de los estudiantes”.

Miles de estudiantes, muchos de ellos alumnos de ITT Technical Institute y Corinthian College, solicitaron la anulación de sus deudas una vez fue emitida la norma por el gobierno de Obama. Y aunque se afirma que muchas de esas solicitudes ya han sido aprobadas y que se honrarán las promesas hechas, todo seguirá en la incertidumbre hasta que se resuelva judicialmente el caso planteado por los 18 estados o, quizá, hasta que el Departamento de Estado reconsidere su posición hacia esa regla.

Y cabe preguntarse, en tanto siga sin aplicarse esa norma, cuál sería el destino de los alumnos de otras instituciones con fines de lucro que, en el futuro inmediato, pudieran enfrentar demandas o cierres y los dejaran endeudados y abandonados.

Para los estudiantes ya afectados, la diferencia es la carga o el alivio de una pesadísima losa de miles y miles de dólares que frena y desalienta su futuro.


Fuente


Hay que entender la decisión de la "brillante" compinche del Trompudo, Betsy DeVos. De entrar en vigor esa medida... ¡estaría demandada también la ya trístemente célebre Trump University! Ella está "haciendo bien su trabajo" de defender los intereses de su patrón. Para eso y para privatizar la educación pública es que el Trompetas la puso ahí.