Blog Invitado
Norma Sánchez
Julio 10, 2017

PRI, Partido Sinaloense y Nueva Alianza impulsan una iniciativa para eliminar la facultad del Pleno para discutir, aprobar y/o suspender las cuentas públicas del Poder Ejecutivo, municipios, entidades paraestatales y paramunicipales, así como de organismos autónomos y demás entidades obligadas a rendir cuentas.


En Sinaloa, entidad que en mayo pasado firmó un compromiso de Gobierno Abierto, ejercicio local que coordina el INAI y se basa en los pilares de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, legisladores de tres fracciones parlamentarias están a punto de consumar una decisión que abrirá las puertas a la opacidad y a más corrupción.

El PRI, Partido Sinaloense y Nueva Alianza impulsan una iniciativa para eliminar la facultad del Pleno para discutir, aprobar y/o suspender las cuentas públicas del Poder Ejecutivo, municipios, entidades paraestatales y paramunicipales, así como de organismos autónomos y demás entidades obligadas a rendir cuentas.

Aunque atenta contra los principios de transparencia y representatividad política que deben prevalecer en cualquier Congreso, lo que se busca es derogar los párrafos sexto y séptimo del artículo 37 de la Constitución local, para que sea la Auditoría estatal quien rinda cuentas solo a la Comisión de Fiscalización, y sea ésta quien emita el dictamen final y no el Pleno mediante una votación abierta y transparente.

La Comisión de Fiscalización del Congreso de Sinaloa está actualmente integrada por cuatro diputados del PRI, uno del PAN, uno de Nueva Alianza y uno del Partido Verde. Sus reuniones de trabajo no son públicas ni se difunden por internet.

Lo que impresiona es que, a diferencia de otras iniciativas que tienen meses estancadas en el órgano legislativo (como la presentada por organismos ciudadanos en octubre del 2016 para eliminar el carácter privado que actualmente tienen las reuniones de las comisiones legislativas en Sinaloa), el actual proyecto que modificaría la Constitución de Sinaloa en materia de cuentas públicas se consumaría en tan solo 10 días.

Esta iniciativa entró al Congreso local apenas el 26 de junio y el jueves 6 de julio ya se le había dado primera lectura al dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Fiscalización y Puntos Constitucionales. En sesión ordinaria se anunció que el próximo martes se votará en el Pleno. Así de eficientes son algunos diputados de Sinaloa cuando quieren.

En la exposición de motivos, sus defensores argumentan que las facultades que ahora tiene el Pleno para aprobar y/o suspender una cuenta pública generan “expectativas de carácter político” que conviene eliminar. No quieren que se “politicen” las discusiones legislativas sobre los informes que emite la Auditoría estatal, señalan.

“Ante la madurez y especialización de la Auditoría Superior del Estado como órgano técnico con las más amplias facultades de fiscalización y de orden a inicio de procedimientos, tanto de carácter penal como de índole administrativos, ya no es indispensable que las cuentas públicas del Estado y de los Municipios sean aprobadas o suspendidas por el Pleno del Congreso; pues ante eventuales violaciones a los principios, procedimientos y formalidades que rigen el gasto público, acorde con las leyes aplicables así observadas por el citado organismo auditor, lo que resta es que se actúe en consecuencia, dando inicio y vigilando el desarrollo y conclusión de los procesos de sanción correspondientes”.

“Tales facultades se limitan a generar expectativa de carácter político, que en nada varían la obligación de fiscalización del órgano especializado, que incluso integra parte del Poder Legislativo”.




Los principales perdedores ante este hecho que podría estarse consumando este martes 11 de julio con la aprobación del dictamen avalado por la Comisión de Fiscalización, seremos sin duda los ciudadanos sinaloenses.

Con eso ya no podremos ser testigos de hechos como el ocurrido por primera vez en la historia de Sinaloa en enero pasado cuando, ante fuertes críticas ciudadanas, el Congreso local decidió rechazar la cuenta pública del exgobernador Mario López Valdez por el uso indebido de miles de millones de pesos durante el primer semestre del 2016.

Increíble pero cierto. En aquella ocasión fueron 35 diputados del PRI, PAS, PAN, Morena, Panal y PRD quienes aprobaron esa suspensión y, hoy, son los legisladores de esos dos primeros partidos arriba mencionados, los que buscan limitar al Pleno para que no sea él quien emita el fallo final.

La rendición de cuentas da un paso atrás en Sinaloa. El Parlamento Abierto está duda. La reforma al artículo 37 de la Constitución de Sinaloa abrirá la puerta a más corrupción, en un estado donde no dejan de brotar los casos por uso indebido de recursos durante el sexenio de Mario López Valdez (2010-2016)



* Norma Sánchez es directora de Iniciativa Sinaloa A.C.



Fuente



Así es como "trabajan" siempre nuestros amados "representantes populares". Primero firman "compromisos" (incluso ante notario público) y luego... "la vale..." y se pitorrean de quienes cándidamente les creyeron. ¿Hasta cuando aprenderá la población de este país?