Héctor de la Peña / Isaac Torres
Investigación y Desarrollo
05 Junio 2012



Debido a la carga simbólica en materia de educación y conocimiento, el pasado 15 de mayo fue elegido como el “Día D” para agotar lo que parece uno de los últimos recursos de la comunidad científico-tecnológica del país por mejorar las condiciones presupuestales de su sector. Una denuncia presentada por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (Forocyt) a raíz del incumplimiento de los artículos 9 bis y 25 de las leyes de Ciencia y Tecnología y General de Educación, respectivamente, fue presentada ante la Secretaría de la Función Pública contra quien resulte responsable del Ejecutivo federal, en específico a funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Los hechos denunciados se refieren a las omisiones incurridas durante la elaboración de los proyectos presupuestales del periodo comprendido de los años 2006 a 2012, en el cual se dejaron de incorporar al menos 464 mil 484 millones de pesos a las actividades de ciencia y tecnología a nivel nacional. Un agravio que, según plantea el Forocyt, ocasionó “daños y perjuicios al país”, toda vez que impidió el adecuado desarrollo de las actividades científicas y tecnológicas, afectando no solamente a las instituciones y personas que las llevan a cabo, sino a la sociedad en su conjunto.

Si bien desde 2003 los montos destinados por el Gobierno Federal a ese rubro no han rebasado el medio punto porcentual del PIB, la inclusión en 2004 del artículo 9 bis a la Ley de Ciencia y Tecnología, y la reforma al 25 de la Ley General de Educación ordenan destinar al menos uno por ciento del PIB a las actividades relacionadas con la generación del conocimiento, por lo que a partir del ejercicio 2005 se debía mejorar significativamente la inversión pública en la materia, sin que eso se llevara a cabo hasta la fecha.

Sin alternativas

La presentación de una denuncia con estas características había sido, hasta ahora, un campo poco explorado por un sector que se consideraba agraviado ante la falta de recursos asignados por el Estado. Pero esta acción legal emprendida por los científicos y tecnólogos está precedida por otros intentos menos drásticos para mejorar los montos, como cabildeos ante el Ejecutivo y legisladores encargados de aprobar el presupuesto del ramo.

“Esta (la denuncia) ha sido una discusión en las sesiones del Foro, porque las experiencias del cabildeo han resultado irrelevantes. Si medimos el recurso aprobado por los diputados y se compara con el proyecto del Ejecutivo, vemos que el nivel de influencia es de dos por ciento por parte de los legisladores, esto nos hace ver que la política presupuestaria radica en el Ejecutivo federal. Pero también nos acercamos a (la Secretaría de) Hacienda sin buenos resultados”, comentó el coordinador del Forocyt, doctor Juan Pedro Laclette.

La idea de iniciar un proceso administrativo contra los funcionarios de la SHCP fue planteada desde finales del año pasado en el seno de la mesa directiva del Forocyt, constituido por las principales universidades e instituciones de investigación públicas del país (como UNAM, Cinvestav, IPN y UAM), academias científicas (de Ingeniería, Mexicana de Historia, de la Lengua y de Ciencias, entre otras), cámaras patronales, representantes de investigadores y organismos gubernamentales.

Uno de los miembros de la mesa directiva, el maestro Gerardo Ferrando Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico (Adiat), dijo que cada año el Foro se ha acercado con las instancias responsables de realizar y aprobar el presupuesto federal (Legislativo y Ejecutivo), y a pesar de que en cada reunión estos actores dan la razón a los científicos sobre la importancia de mejorar la inversión en ciencia y tecnología, el resultado no se refleja en los montos asignados.

“En la mesa directiva del Foro estamos muy atentos a la inversión del país y cada año vemos con pesar que en los presupuestos nacionales, en lugar de alcanzar la cifra ordenada legalmente del uno por ciento del PIB, durante el actual sexenio no pasamos del medio punto porcentual”, expuso el directivo de la Adiat.

La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, en el que se destinó a la ciencia y tecnología sólo el 0.39 por ciento del PIB, fue el detonante para que, por unanimidad, los miembros de la mesa directiva del Forocyt decidieran entablar la denuncia administrativa, y hacerlo del conocimiento público a través de desplegados en la prensa nacional.

El apoyo a tal proceso fue rubricado por la nueva dirigencia de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) en un comunicado, donde se menciona el aval a la denuncia “por incurrir con sus omisiones en probables ilícitos, al no presupuestar más de 464 mil millones de pesos a ciencia y tecnología y que generó daños a los científicos jóvenes, perjuicios al país y afectaciones a millones de mexicanos que viven en situación de pobreza”, según refiere el documento.

En entrevista, el doctor José Franco López, quien recientemente asumió la presidencia de la AMC, señaló que la situación presupuestaria de la ciencia y tecnología nacional era insostenible. “Esperamos a que el presupuesto aumentara paulatinamente sin resultados. Ahora, en todos los foros se habla y coincide en la necesidad de presionar para que se cumpla la ley. Esta petición ya es generalizada por eso ha avanzado de esta forma. Fue una magnífica idea”.

Interpretación legal

A partir de las modificaciones a las leyes General de Educación y de Ciencia y Tecnología a principios del actual sexenio, el sector científico y tecnológico nacional vislumbró la posibilidad de que, tal como en la década de 1980 en Corea del Sur, se pudiera dar un “milagro mexicano” de desarrollo social y económico basado en el conocimiento. Pero tal expectativa fue dilapidándose cada año, tras conocer los montos presupuestales asignados al rubro.

Incluso, los organismos representantes de los científicos, tecnólogos e interesados en el tema desecharon la idea de llegar al uno por ciento del PIB en el corto periodo, y bajaron sus pretensiones a que, al menos, se pasara del medio punto porcentual a final del sexenio. Nada de eso ocurrió.

Los argumentos que sustentaban la decisión de los funcionarios federales (legisladores y de la SHCP) eran que al artículo 9 bis de la Ley de Ciencia y Tecnología señala que el monto anual que el Estado --Federación, entidades federativas y municipios-- destinen a las actividades de investigación no podrá ser menor al uno por ciento del PIB del país. Lo que supone que los tres órdenes de gobierno, en conjunto, deben aportan esa cantidad.

Bajo esa interpretación fue que, durante los últimos seis años, la SHCP desistió de incrementar el gasto en ciencia y tecnología. Sin embargo, la denuncia presentada por el Forocyt no sólo se basa en el citado artículo de la Ley de Ciencia y Tecnología, sino también en el 25 de la Ley General de Educación, donde se hace referencia que las entidades federativas harán uso de los montos que la Federación les proporcione.

“Ante tal agravio creímos que nuestra obligación era actuar, pues si no se cumple una ley debe tener consecuencias, entonces han sido años de la reflexión y en la mesa (directiva del Forocyt) llegamos a la determinación de que había elementos para hacer una denuncia”, explicó el maestro Ferrando Bravo, aunque aclaró que la intención no es perjudicar a ninguna persona, sino sentar precedentes para mejorar el apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación en el país.

En ese sentido también se expresó el titular de la AMC, al decir que debido a que las leyes no establecen una sanción por el incumplimiento de los artículos referidos, se sabe que la demanda trascenderá de un asunto administrativo.

Ahora la decisión está en manos de la Secretaría de la Función Pública, instancia que deberá comunicar si admite o desecha la denuncia antes del 29 de mayo (al cierre de esta edición no se había recibido respuesta), y después de ello el Forocyt decidirá las acciones que procederán.

“Los escenarios son complejos de evaluar, en la argumentación de la denuncia se menciona que la falta de inversión ha provocado una falta de desarrollo económico que redituaría en mayor bienestar de la población, y esto es muy sensible desde mi punto de vista. Pero esperamos que (la Secretaría de la) Función Pública interprete correctamente la denuncia”, expresó el titular del Foro Consultivo.

La frase del doctor Laclette se enmarca en las posibles respuestas de la SFP, a lo que agregó que si bien el Forocyt da su voto de confianza, será tema de su mesa directiva atender a la resoluciones y decidir si se continúa por otras vías en caso de ser rechazada la acción legal emprendida.

¿Momento adecuado?

La presentación de la denuncia del Foro Consultivo Científico y Tecnológico trasciende por el momento político-electoral del país, pero también coincide con cambio en la coordinación general del propio organismo científico.

Para el doctor José Franco, de la AMC, la coyuntura política que vive el país en la actualidad podría opacar el efecto de la demanda, pero es a su vez una oportunidad. “Es difícil que este planteamiento llame los reflectores en este momento debido al tiempo de campañas y elecciones presidenciales. Sin embargo, el tema de la ciencia y tecnología como motor de desarrollo y futuro del país ha tenido buena acogida por los candidatos a la Presidencia de la República”.

En ese último punto concordó el titular de la Adiat, al señalar que la denuncia se presenta en un momento importante para el país, ya que el tema de ciencia, tecnología e innovación se ha posicionado como nunca en los discursos de los candidatos a través de una reflexión más profunda.

Sobre el cambio de la titularidad en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Ferrando Bravo aclaró que los tiempos de resolución de la denuncia por parte de la SFP no interfieren con la selección del nuevo coordinador general del organismo científico, y que de prosperar ésta, será tarea de la mesa directiva, en su conjunto, continuar con el proceso legal.

El actual titular del Foro Consultivo, Juan Pedro Laclette, se pronunció al respecto, al recordar que su mandato al frente del organismo concluye en un par de meses, pero aclaró que en órganos colegiados como es el caso del Forocyt, la ventaja es que las decisiones se toman en consenso, y el seguimiento de esta acción legal tendrá el respaldo de las 16 instituciones que conforman su mesa directiva.


Fuente


Comentario: Y así, unos y otros, funcionarios federales y legisladores se "echan la bolita", jugando a "la papa caliente". Pero... sólo la elección de un presidente es lo importante... ¿A quien le importa quienes vayan a ser los legisladores? Y no AMLOvistas, estos no son, ni serán los 300 mil millones (o parte de ellos) de que el Peje hablaba. Lo digo para que no empiecen a enredarse en discusiones tergiversadas. LEAN y ENTIENDAN detenidamente el texto.