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Bovino de la familia
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Redacción
29/04/2018 01:07
• En Apatzingán, cientos de menores de edad han perdido a sus familias por el crimen; autoridades no tienen un número definido
Tres elementos de la Policía Estatal en Apatzingán, Michoacán, rondan por el Palacio Municipal de esta localidad, donde la delincuencia organizada se ha disparado durante los últimos 10 años por la guerra contra el narcotráfico. Foto: ISAÍ MORALES
Michoacán.
A sus 12 años Luis ingresó a las filas del narcotráfico como un empleado más. Su deseo era comprarle una casa a su mamá y pensó que la única manera en que lo lograría era uniéndose a quienes le dieron una pistola y, en poco tiempo, dinero, pero insuficiente.
Luis nació en Apatzingán, en la comunidad de Cenobio Moreno, parte de lo que fuera el epicentro del Cártel de Los Caballeros Templarios, grupo delictivo surgido en el estado de Michoacán en 2011. Hoy tiene 18 años y sabe que dentro de toda la organización, él es el eslabón más débil.
Gregorio López Gerónimo, mejor conocido como El Padre Goyo, se ha dedicado a ayudar a las víctimas de la violencia a través de su asociación Cristos, la cual calcula que en 2014 ya había 4 mil 800 huérfanos en Michoacán y más de 2 mil 500 viudas.
Desafortunadamente las cifras de El Padre Goyo son unas de tantas que pululan en registros no oficiales o en documentación de organismos internacionales. El gobierno mexicano no cuenta con un censo de los huérfanos, víctimas de la delincuencia organizada.
Hasta noviembre de 2017, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Michoacán sólo contaba con 414 niños puestos a disposición de una institución para su cuidado y educación en toda la entidad. Todos relacionados en algún tipo de delito violento.
Información solicitada en el DIF de Michoacán señala que no cuenta con censos especiales para conocer el número de niños y jóvenes en riesgo, mucho menos la cifra de los huérfanos, porque el trabajo es “100% preventivo”, advirtió la directora de Asistencia e Integración Social del Sistema DIF en Michoacán, Gabriela Perusquía Carreras.
La institucionalización de los niños es el último recurso por “ley y humanidad”, aunque eso signifique dejar a los menores a resguardo de un familiar, que no está apto para atender a los niños.
Según los testimonios recabados con funcionarios del DIF estatal, son dos las razones por las cuales esta institución omite dar continuidad a los casos de los niños huérfanos en resguardo de un familiar: la primera, que los trabajadores sociales no pueden obrar con libertad y seguridad en algunas regiones de Michoacán, como la de Tierra Caliente; la segunda, la falta de personal calificado, debido a pugnas sindicales.
Aunque según Perusquía Carreras, “dice la teoría que si hay un niño huérfano, tiene que estar puesto a disposición de una institución, si perdieron a papá y mamá y no están con nosotros es porque hay alguien que se puede hacer responsable de ellos. ¡Sería preocupante pensar que hay menores de edad en la calle y no los tenemos nosotros!”.
Los reportes de las víctimas revelan que los niños que son reclutados por
organizaciones criminales se encuentran, en la mayoría de los casos,
expuestos a entornos violentos.
La Red por los Derechos de la Infancia de México (Redim) reveló en su informe “Infancia y Conflicto Armado en México” que serían alrededor de 30 mil huérfanos en todo el país, mientras que la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de laCámara de Diputados fue más allá, calcula 40 mil.
Uno de estos jóvenes de la comunidad de Cenobio Moreno explica que un menor huérfano es más fácil de captar por las redes del crimen organizado.
“Conocí a un niño de aquí, de Apatzingán, de 12 años, que ahorita anda allá en el cerro con esta gente. Y este es un niño huérfano, que él vivía ahí con su abuelita, pero sin papás; entonces, pues no le hacía caso a la abuelita, y ella no le promocionaba muchos valores, y además tenía vecinos malandrines, entonces el chiquillo todo el día se la pasaba en la calle. Sí, sí es un factor, y muy importante, el que sean huérfanos; es más difícil”, cuenta el menor de edad.
Narco desborda la violencia
Hace siete años, 23 niños deambulaban solos en medio de una plaza en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Los menores dijeron a los policías que a sus padres los habían “levantado”, es decir, secuestrado por el crimen organizado. La noticia que se dio a conocer al día siguiente, también informaría que en la institución encargada de acoger a menores, el DIF de aquella entidad, tenía ya a casi mil menores en los últimos años.
Esta situación es igual que en el estado de Michoacán. Los dos ocupan las principales estadísticas en torno a homicidios y desaparecidos por el crimen organizado.
Para atender el caso de huérfanos, Selene Vázquez Alatorre, ex comisionada presidenta de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Michoacán, informa que se está haciendo un registro, pero que va lento debido al desplazamiento de los deudos.
“El registro es un poco más lento, pero sí lo estamos haciendo. Aunque el mayor número de víctimas son varones, los agraviados indirectos que sobreviven a los varones son niños y esposas que quedan en la miseria y en el abandono, que a veces tienen que cambiar de ciudad o de lugar, por temor a ser ellos luego objetos de venganzas o cosas así”, dice
La ex diputada local explica que el caso de Michoacán es especial, sobre todo después de que se detonó el movimiento de las autodefensas: “Hubo muchas familias desplazadas y eso dejaba en indefensión a las víctimas, tenemos un caso de un solo sobreviviente de una familia de 14 y esa mujer quedó supremamente afectada”, relata para justificar por qué ha sido tan difícil llevar un registro detallado de las víctimas.
Vázquez Alatorre explica cómo se fragmentan las familias y quedan en la orfandad decenas de menores.
“En un caso de Apatzingán, el homicida es el padre, la mamá muere y los niños quedan en extrema pobreza a cargo de algún pariente que los quiera recoger. Te quedan cuatro niños huérfanos, que se van a cargo de una hermana de la madre que vive en una choza, sin piso… y de un momento, de cuatro hijos pasa a ocho”.
A nivel nacional todos los sistemas de integración familiar están limitados en sus funciones y se les dificulta actuar porque así está estipulado por la ley: sólo pueden proteger y atender a los menores a denuncia expresa.
Pero el problema principal por el cual no se ha podido atacar de manera directa es por la falta de registros confiables que permitan conocer cuántos huérfanos son y cuáles son sus necesidades.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe Violencia, niñez y crimen organizado, detalla que al menos 30 mil menores de edad en México estarían en riesgo de ser cooptados por el crimen organizado para realizar actividades como extorsión, tráfico de personas, piratería, robos y narcotráfico.
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