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Con Robles y Meade hubo desvíos al estilo Estafa Maestra por 540 mdp en Sedesol, revela Auditoría

jarochilandio

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Arturo Ángel
Enero 10, 2018


La Sedesol entregó a tres universidades casi 540 millones de pesos en convenios que luego negó o en cuyo cumplimiento se desentendió. Casi la mitad del dinero de plano desapareció, según la ASF.

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Los presuntos fraudes se cometieron con el mismo esquema revelado por Animal Político en la investigación periodística La Estafa Maestra.......Cuartoscuro


La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó formalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) tres nuevas denuncias penales por malos manejos de casi 540 millones de pesos que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) entregó mediante convenios a tres universidades en 2015, año en que esa dependencia estuvo encabezada por Rosario Robles y el hoy precandidato del PRI a la presidencia, José Antonio Meade.

Los presuntos desvíos se cometieron con el mismo esquema revelado porAnimal Político en la investigación periodística “La Estafa Maestra”, es decir, a través de convenios que dependencias del gobierno federal firmaron con universidades por servicios que, a su vez, estas terminan subcontratando con otras empresas para eludir los controles de licitación y transparencia. Los bienes y servicios que se contrataron terminaron siendo de dudosa calidad o inexistentes.

Los nuevos casos denunciados por la ASF ante la PGR contemplan convenios de Sedesol firmados en 2015 con la Universidad Intercultural del Estado de México, la Universidad Politécnica de Chiapas y la Universidad Tecnológica Nezahualcóyotl, quienes recibieron en conjunto casi 540 millones de pesos que estaban destinados, entre otras cosas, a identificar a personas en condiciones de pobreza extrema alimentaria.

Lo que los auditores descubrieron es, entre otras cosas, que buena parte del dinero simplemente desapareció, que la existencia de algunos convenios fueron negados por la propia SEDESOL, pese a que los firmó y hay copias de los mismos. Además, la comprobación de los servicios realizados es, en el mejor de los casos, sospechosa.

Con estas tres nuevas carpetas de investigación abiertas por PGR en diciembre pasado, ya suman 19 las averiguaciones que la Procuraduría tiene en curso por fraudes y desvíos con el esquema de la “Estafa Maestra”, sin que al momento alguna haya sido resuelta.

Cabe recordar que Rosario Robles fue la secretaria de Desarrollo Social, desde diciembre de 2012 hasta el 28 de agosto de 2015, llegando en su relevo José Antonio Meade, que se mantuvo en el cargo hasta el 6 de septiembre de 2016.

A continuación se mencionan las conclusiones a las que llegaron los auditores al verificar los convenios mencionados y que dieron pie a las denuncias interpuestas. Todo ello forma parte del informe de resultados de la auditoría financiera y de cumplimiento 277-DS.

Universidad Intercultural del Estado de México

La Secretaría de Desarrollo Social adjudicó, de forma directa, un monto de 124 millones de pesos a la Universidad Intercultural del estado de México para la aplicación de Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIS) en zonas rurales y semiurbanas, con el objetivo de localizar e identificar a personas que pudieran estar en condiciones de pobreza extrema alimentaria en los 32 estados del país.

La adjudicación se dio mediante la firma del convenio UCD/33901/010/2015 cuya vigencia fue del 5 de marzo de 2015 al 31 de julio de 2015. En este caso el periodo corresponde únicamente a la gestión de Rosario Robles al frente.

Lo que la Auditoría encontró al revisar este convenio fue que Sedesol no proporcionó prueba de las supuestas cotizaciones que hizo con distintas universidades para aplicar los cuestionarios, y elegir a la Universidad Intercultural del Estado de México por ser la mejor opción.

Luego, cuando se solicitó la información, se descubrió que la referida universidad subcontrató la totalidad de los servicios por los que recibió el dinero con dos empresas externas incumpliendo con lo pactado en el convenio: que la Universidad pudiera realizar a los servicios.

La institución pagó a las dos empresas subcontratadas 61.2 millones de pesospara la aplicación de los cuestionarios, sin que exista prueba alguna de donde quedaron los otros 62.8 millones de pesos que la Secretaría de Desarrollo Social le entregó a la Universidad a través del convenio firmado. El dinero simplemente desapareció por lo que los auditores presumen que se cometió un fraude a la Hacienda Pública.

Cuando los auditores solicitaron la comprobación de los servicios pactados, tanto las empresas contratadas como la Universidad entregaron exactamente los mismos documentos, incluso con los logotipos de la Universidad y la Sedesol, lo que permite presumir que se trataba solo de copias para solventar el trámite.

La ASF cuestionó a la Secretaría de Desarrollo Social sobre este cúmulo de irregularidades pero la dependencia literalmente respondió que no era de su incumbencia.

“En respuesta de los resultados, la dependencia fiscalizada informó que no es posible pronunciarse respecto de la subcontratación realizada por la UIEM, debido a que corresponde a hechos ajenos a su control.

Universidad Politécnica de Chiapas

En este caso la Secretaría de Desarrollo Social entregó a la Universidad Politécnica de Chiapas 400 millones de pesos para llevar a cabo la supervisión, control, mejora y monitoreo de los comedores comunitarios en el Estado de México.

Para ello, la dependencia federal firmó dos convenios con la universidad, cada uno por 200 millones de pesos. El primer convenio, número 710.33901.13/2015 tuvo una vigencia del 14 de abril al 31 de diciembre de 2015, mientras que el segundo, 710.33901.14/2015, fue con una vigencia del 6 de mayo al 31 de diciembre de 2015.

La vigencia en ambos contratos abarcó tanto el periodo de Rosario Robles como el de José Antonio Meade en la Sedesol.

El informe de la Auditoría destaca que, como es el modus operandi en esto casos, la dependencia se excusó de haber entregado el dinero sin ningún tipo de competencia con el argumento de que la Universidad es una institución pública y solo se necesitaba acreditar que tuviera la capacidad técnica de realizar el servicio. ¿Cómo se acredita esa capacidad técnica? Con una promesa escrita sin que se realice ninguna verificación al respecto.

Lo grave es que cuando se pidió a la dependencia los comprobantes del servicio por el cual se pagaron los 400 millones, la SEDESOL de plano no proporcionó evidencia alguna que acreditara que recibió en tiempo y forma los servicios de la Universidad. Posteriormente desconoció por completo haber firmado los referidos convenios.

“En respuesta de los resultados, la dependencia fiscalizada informó que la Dirección General de Desarrollo Comunitario desconoce la existencia del Primer Convenio Específico número 710.33901.13/2015, y Segundo Convenio Específico número 710.33901.14/2015 formalizados con la Universidad Politécnica de Chiapas debido a que no fueron incluidos en el acta de entrega – recepción del titular de esa dirección”, señala el informe de los auditores.

Esta negativa es incongruente con la realidad, agregan los auditores, ya que la documentación de dichos convenios fue entregada a la Auditoría Superior de la Federación en la visita domiciliaria que se efectuó a la Universidad Politécnica de Chiapas.

“La respuesta de la SEDESOL respecto del desconocimiento de las operaciones con la UPCH, no es congruente con la evidencia documental existente en sus archivos como son los convenios formalizados con la UPCH y el pago de 400,000.0 miles de pesos que se realizó a dicha universidad”, detalla el reporte que dio pie a la denuncia contra Sedesol.

Y como es costumbre en estos casos, la Universidad no realizó el servicio sino que para ello subcontrató a un tercero sin ningún tipo de licitación o competencia. Además pagó por el servicio 278.4 millones de pesos sin que exista justificación sobre dónde quedó el resto de dinero transferido por la dependencia. Los auditores presumen un fraude al erario de, por lo menos, 121.6 millones de pesos.

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Universidad Tecnológica Nezahualcóyotl del Estado de México

Esta universidad logró que la Sedesol le transfiriera directamente poco más de 15 millones de pesos, con el objetivo de operar la coordinación de diversos proyectos vinculados con la Cruzada Nacional contra el Hambre, programa con el cual se busca abatir la pobreza alimentaria.

El convenio firmado (que no tiene número) tuvo una vigencia del 16 de febrero al 31 de diciembre de 2015. Abarcó tanto la gestión de Robles como de Meade en Desarrollo Social.

Lo que los auditores encontraron en este caso fue que la Sedesol no tenía documento alguno que acreditara que se cumplió con el objetivo del contrato.

Sobre el cumplimiento de dicho convenio, la SEDESOL informó : “En cuanto a la acreditación en tiempo y forma de los entregables derivados de dichos convenios no existe un documento como tal; sin embargo eso queda plasmado en el Acta de cierre de la Comisión Técnica…” indica el repofrrte de los auditores. El problema es que no se proporcionó tampoco ninguna evidencia documental de que lo anterior fuera cierto.

Cabe señalar que algunos de los conceptos que tendrían que haberse cubierto por parte de la universidad era realizar trabajos como la conformación y consolidación de comités comunitarios, autodiagnósticos comunitarios, planes de desarrollo comunitario, la gestión e implementación de acciones y proyectos específicos y asambleas implementadas para el fomento al desarrollo comunitario.

Pero cuando se pidió a la universidad la comprobación, lo único que entregó fueron documentos donde se asegura que se realizaron 5,001 asambleas de seguimiento. Los auditores revisaron la documentación y encontraron múltiples incongruencias como fechas de 2014 o promotores que no tenían el perfil para serlo. En resumen, ninguna evidencia concreta que acreditara que esas asambleas ocurrieron.

Por ello la Auditoria concluyó que existe un quebranto a erario público que asciende a los 15 millones 658 mil pesos. La denuncia penal se interpuso en contra de los funcionarios de la Sedesol que resulten probables responsables.


(pinchar en la imagen para ir a la lectura del documento completo)


Fuente


¿No que Meado muy limpio y puro? Y si le siguen, no duden que haya más.
 
#LaEstafaMaestra: Meade niega malos manejos durante su etapa al frente de Sedesol

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Redacción
Enero 11, 2018


El equipo de José Antonio Meade dio su postura ante la nota “Con Robles y Meade hubo desvíos al estilo Estafa Maestra por 540 mdp en Sedesol, revela Auditoría”; se reproduce textual, al igual que la respuesta de Animal Político.

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Cuartoscuro Archivo


El equipo de José Antonio Meade, precandidato del PRI a la presidencia, dio su postura ante la nota publicada por Animal Político este miércoles 10 de enero, con el título “Con Robles y Meade hubo desvíos al estilo Estafa Maestra por 540 mdp en Sedesol, revela Auditoría”.

A continuación reproducimos su réplica, y presentamos también la respuesta deAnimal Político:

Con relación a la nota periodística titulada “Con Robles y Meade hubo desvíos al estilo Estafa Maestra por 540 mdp en Sedesol, revela Auditoría” difundida el 10 de enero del presente a través del medio digital “Animal Político”, se hacen las siguientes precisiones:

Su nota hace referencia a supuestos desvíos de recursos en la Secretaría de Desarrollo Social, según revela una auditoría.

En primer término, la auditoría que se menciona constituye un ejercicio de fiscalización realizado por una autoridad administrativa cuya finalidad es la de encontrar hallazgos de una indebida aplicación de la norma en ejecución de procedimientos administrativos, pero no puede considerarse como una investigación de la cual se deriven pruebas contundentes que permitan arribar a conclusiones categóricas como la de señalar la existencia de desvíos de recursos. La Auditoría Superior de la Federación autoridad competente para investigar hechos posiblemente constitutivos de un delito y menos para establecer la existencia probada de los mismos, por lo tanto, el hacer aseveraciones concluyentes con dichos elementos es desinformativo para la opinión pública y en menoscabo de los derechos de las personas ahí mencionadas.

Su nota señala: “Los presuntos desvíos se cometieron … a través de convenios que dependencias del gobierno federal firmaron con universidades por servicios que, a su vez, éstas terminaron subcontratando con otras empresas para eludir los controles de licitación y transparencia”. Al respecto, se aclara que el ejercicio de recursos se realizó en el marco de la celebración de convenios que constituyen un instrumento legal previsto y regulado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los cuales son perfectamente auditables por las distintas instancias fiscalizadoras competentes; por lo tanto, es totalmente falso asegurar que se haya empleado un procedimiento de contratación carente de legalidad y poco transparente, pues en todo momento se encuentran sujetos a su revisión.

Por otra parte, se afirma de manera categórica que “los bienes y servicios que se contrataron terminaron siendo de dudosa calidad o inexistentes…”, con ello nuevamente se hacen afirmaciones cuando menos temerarias, pues como la misma nota refiere, los hechos se encuentran en investigación y no se cuenta con los suficientes elementos para asegurar, como tendenciosamente se hace en la publicación, que los servicios contratados no contaban con la calidad convenida y menos aún la inexistencia de los mismos, pues se requiere de diversos elementos de prueba, incluso periciales, para estar en la posibilidad de asegurar lo indebidamente manifestado como un hecho comprobado.

La nota indica en otra parte que el dinero simplemente desapareció…”; manifestación que resulta totalmente absurda y contradictoria, pues en el primer párrafo de la nota se señala que la SEDESOL entregó recursos mediante convenios a tres universidades, es decir, se tiene la certeza del destino que dicha dependencia entregó los recursos y estos se ejercieron al amparo de instrumentos legales suceptibles de ser auditables.

En el supuesto de que las autoridades facultadas para ello, acrediten que existió una subcontratación en la prestación de los servicios por parte de las universidades, corresponderá a dichas instituciones acreditar el cumplimiento o no de las normas administrativas posiblemente infringidas, ya que para celebrar los convenios que se citan, bastaba con la manifestación de capacidad técnica para prestar los servicios por parte de las universidades, de conformidad con la normatividad aplicable al procedimiento.

Por lo que hace a cada uno de los casos señalados en la nota se precisa lo siguiente:

En lo que respecta al convenio celebrado con la Universidad Intercultural del Estado de México para la aplicación de Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIS) en zonas rurales y semiurbanas, con el objetivo de localizar e identificar a personas que pudieran estar en condiciones de pobreza extrema alimentaria en los 32 estados del país; la adjudicación se dio mediante la firma del convenio UCD/33901/010/2015, cuya vigencia fue del 5 de marzo de 2015 al 31 de julio de 2015. Conforme a lo señalado por la ASF al Órgano Interno de Control en la SEDESOL, la presunta irregularidad consistió en la indebida subcontratación de la totalidad de los servicios para la aplicación de los citados cuestionarios con un presunto daño de $62,877,192.00 pesos, lo que habría dado lugar a un expediente de investigación administrativa.

En lo relativo a los convenios celebrados entre la SEDESOL con la Universidad Politécnica de Chiapas, para llevar a cabo la supervisión, control, mejora y monitoreo de los comedores comunitarios en el Estado de México, el primer convenio con número de identificación 710.33901.13/2015 tuvo una vigencia del 14 de abril al 31 de diciembre de 2015, mientras que el segundo convenio con número 710.33901.14/2015 tuvo una vigencia del 6 de mayo al 31 de diciembre de 2015; la inconsistencia reportada por la ASF al Órgano Interno de Control en la dependencia consiste en la subcontratación de la totalidad de los servicios, estimando un daño de $121,600,000.00 pesos, con motivo de lo anterior se integra un expediente de investigación administrativa.

Por otra parte, respecto del convenio suscrito con la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl del Estado de México, con vigencia del 16 de febrero al 31 de diciembre de 2015, que tenía como objetivo el operar la coordinación de diversos proyectos vinculados con la Cruzada Nacional Contra el Hambre; la ASF reportó posibles irregularidades al Órgano Fiscalizador en la SEDESOL, dando lugar a un expediente de investigación administrativa.

Las irregularidades planteadas se refieren a dos supuestos que no son atribuibles a la SEDESOL, el primero de ellos a una probable subcontratación que no relizó dicha dependencia y que en todo caso tampoco constituye por sí un hecho irrefutable de no haber recibido los servicios contratados; y el segundo a la valoración subjetiva del auditor respecto de los documentos con los que se acredita la prestación de servicios, lo que no implica necesariamente que estos no se hayan materializado.

En todo caso, los procedimientos de contratación en los cuales se presumen irregularidades, son objeto de investigación tanto en el ámbito administrativo como en el penal y solamente hasta que las autoridades investigadoras, y de ser el caso, los órganos jurisdiccionales lleguen a conclusiones definitivas, se pueden establecer verdades legales o imputaciones a servidores públicos, hacer lo contrario puede ser un acto difamatorio.

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Como la misma nota refiere, los convenios que la SEDESOL celebró con las universidades, cobraron vigencia 16 de febrero, 5 de marzo, 14 de abril y 6 de mayo de 2015, fechas todas ellas anteriores al período de gestión de José Antonio Meade Kuribreña al frente de la SEDESOL, que va del 27 de agosto de 2015 hasta el 7 de septiembre de 2016, por lo tanto, atribuirle hechos anteriores a su encargo se traduce en una injuria.

Es importante mencionar que, en todas sus responsabilidades públicas, José Antonio Meade Kuribreña se ha conducido en total apego a los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas que rigen el actuar de los servidores públicos.

Consecuentemente se niega categóricamente la aseveración vertida en dicho reportaje respecto a “malos manejos” durante su gestión como Secretario de Desarrollo Social, pues más aún, la celebración de los convenios cuestionados no tuvo lugar durante dicho encargo.

En ese mismo orden de ideas, ante el cambio de titular de la Secretaría de Desarrollo Social, el 27 de agosto de 2015, durante el último trimestre de 2015 y en el ejercicio fiscal 2016 se establecieron diversas acciones a efecto de atender diversas problemáticas, a decir:

• Se rescindieron anticipadamente algunas contrataciones;
• Se limitó la temporalidad y alcance de la participación de las Universidades (Ejemplo: Universidad Autónoma del Estado de México, misma que dejó de operar las ventanillas de incorporación de Adultos Mayores.);
• Se instrumentó un ejercicio ordenador del presupuesto para 2016, consistente en la aplicación de “Controles Operativos” a las asignaciones presupuestarias de diversos programas de subsidio;
• Se restringieron los accesos y privilegios a sistemas de pago, minimizando la práctica de reintegros, y las reclasificaciones presupuestarias y contables; y
• Se fortaleció el esquema de “Pago Directo” a beneficiarios, erradicando la práctica de depósito de recursos de subsidios de programas sociales, en cuentas bancarias de Unidades Responsables y Delegaciones.

En adición a lo anterior, el entonces Secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade Kuribreña, solicitó al Órgano Interno de Control la realización de diversas auditorías a los programas sociales, destacando las observaciones del “Programa de Pensión para Adultos Mayores”, mismas que derivaron en 489 suspensiones de servidores públicos, lo cual representa el número de sanciones más grande que se haya realizado en la historía de la Secretaría de la Función Pública derivadas de un mismo asunto. Si a lo anterior sumamos otras sanciones administrativas consistentes en amonestaciones, inhabilitaciones y sanciones económicas, que también derivaron de investigaciones solicitadas por José Antonio Meade Kuribreña durante su período al frente de la SEDESOL, deja en claro su convicción para combatir aquellas conductas irregulares que atentaban contra la ejecución de los programas sociales, así como el compromiso permanente con un adecuado ejercicio del servicio público y la rendición de cuentas.

Por todo lo anterior, se considera que el contenido de la nota referida supera por mucho el derecho a la libertad de expresión con que cuentan los gobernados en un Estado de Derecho, vulnerando la esfera jurídica de terceros, en el caso, los derechos de José Antonio Meade Kuribreña, pues lo ahí manifestado constituye una injuria gratuita a su persona, es por ello que se valorará emprender las acciones legales en contra del portal de noticias que publicó la nota y en contra del autor de la misma.

Eduardo del Río
Vocero

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La respuesta de Animal Político:

La nota se sustenta en el informe de resultados de la auditoría financiera 277-DS, que concluyó en tres denuncias penales que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso en la PGR, tal como dice nuestra nota. Todas las irregularidades descritas en el texto son las reportadas por los auditores.

En la investigación de la ASF, se establece que las anomalías están relacionadas con tres convenios, firmados por SEDESOL en 2015. La vigencia de dos de esos convenios abarca tanto el periodo de Rosario Robles al frente de esta dependencia como el de José Antonio Meade.

A pesar de que el informe de resultados de esta auditoría fue revelado a principios de 2016 como parte de la revisión del Ejercicio Fiscal 2015, la ASF no presenta una denuncia penal de inmediato porque espera que la dependencia justifique las anomalías. Pero decidió ya presentarla porque ni SEDESOL ni las universidades involucradas pudieron solventar las anomalías reportadas.

La nota en ningún lado atribuye a Robles o a Meade el apoderarse del dinero. Sólo se menciona que eran los titulares de la secretaría cuando ocurrieron los presuntos desvíos.

Más importante aún: La Auditoría documentó que José Antonio Meade estaba al frente de SEDESOL cuando se tramitó el pago a la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCh), que involucra más de 400 millones de pesos (septiembre y octubre de 2015).

El informe de la Auditoría dice:

“En cuanto al pago realizado a la UPCH por los servicios proporcionados con base en los Convenios General de Colaboración número 710.33901.12/2015, Primer Convenio Específico número 710.33901.13/2015 y Segundo Convenio Específico número 710.33901.14/2015, se verificó que se generó la CLC (Cuenta por liquidar certificada) número 4450 por 400,000.0 miles de pesos del 29 octubre de 2015.

La ASF también dice que:

“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto total de 121,600,000.00 pesos (ciento veintiún millones seiscientos mil pesos 00/100 M.N.) derivado de que la Universidad Politécnica de Chiapas subcontrató con un proveedor de servicios la totalidad de los servicios convenidos con la Secretaría de Desarrollo Social mediante el Primer Convenio Específico número 710.33901.13/2015 y el Segundo Convenio Específico número 710.33901.14/2015, consistentes en el Servicio Integral de Supervisión, Monitoreo, Control y Mejora de los Comedores Comunitarios del Estado de México en diversos municipios, de lo cual recibió como pago 400,000,000.00 pesos (cuatrocientos millones de pesos 00/100 M.N.) por la presentación del primer entregable y ésta, a su vez, pagó al proveedor que realizó el servicio encomendado por la Secretaría de Desarrollo Social la cantidad de 278,400,000.00 pesos (doscientos setenta y ocho millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.).”

Otro ejemplo:

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto total de 62,877,192.00 pesos (sesenta y dos millones ochocientos setenta y siete mil ciento noventa y dos pesos 00/100 M.N.) derivado de que la Universidad Intercultural del Estado de México subcontrató con dos prestadores de servicio la totalidad de los servicios convenidos con la Secretaría de Desarrollo Social mediante el convenio de coordinación núm. UCD/33901/010/2015 consistentes en el Servicio integral de aplicación de Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIS) en zonas rurales y semiurbanas para la identificación y localización de pobres extremos alimentarios, en las 32 entidades federativas del país, conforme a los términos y condiciones indicados en su anexo técnico por lo cual recibió como pago la cantidad de 124,100,000.00 pesos (ciento veinticuatro millones, cien mil pesos 00/100 M.N.) y ésta a su vez pagó a los prestadores del servicio que realizaron el trabajo encomendado por la Secretaría de Desarrollo Social la cantidad de 61,222,808.00 pesos (sesenta y un millones doscientos veintidós mil ochocientos ocho pesos 00/100 M.N.).”

Con base en estas conclusiones, la nota plantea que hay probables desvíos de recursos y también se establece que hubo una comprobación “dudosa” de los servicios o de la calidad de los mismos, porque el informe de resultados eso dice.

Por citar tres casos:

Ejemplo 1 Página 27:

“Es importante señalar que los documentos que sustentan los entregables de ambos proveedores que fueron proporcionados a la UIEM, es idéntica a la proporcionada por el UIEM a la SEDESOL, e inclusive contiene los logotipos de la SEDESOL y de la UIEM.

En respuesta de los resultados, la dependencia fiscalizada informó que no es posible pronunciarse respecto de la subcontratación realizada por la UIEM, debido a que corresponde a hechos ajenos a su control.

No obstante lo anterior, al no acreditarse que la SEDESOL cumplió con los criterios de transparencia e imparcialidad en la selección del prestador de servicios, ello propició que no se garantizaran las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”

Ejemplo 2 Página 34:

“Respecto de los 4 entregables derivados del cumplimiento de cada convenio formalizado con la UPCH, la SEDESOL no proporcionó evidencia que acredite que recibió en tiempo y forma los trabajos realizados por dicha universidad”

Ejemplo 3 Página 39:

Asimismo, proporcionó copia simple de la relación de las carpetas que se integraron por cada uno de los comités en los 63 municipios y se presentaron para su revisión los expedientes de 86 personas que ocuparon los puestos de Promotor Comunitario, así como de 550 personas que se desempeñaron como promotores, de su revisión no se pudo acreditar que los recursos humanos cumplieran con el perfil señalado por la SEDESOL en el Anexo Técnico; además, no se proporcionaron los expedientes de las personas que ocuparon los puestos de Apoyos Técnicos.

En resumen, la carta que envía el equipo jurídico de José Antonio Meade creemos que debía dirigirse a la Auditoría Superior de la Federación. Animal Político sólo consignó que se presentaron denuncias penales y qué dicen las auditorías.

Daniel Moreno

Director General de Animal Político


Fuente
 
JAJAJAJAJAJA... Apenas es el candidote, ¡perdón pre-candidote!, y ya se empieza a portar como dictadorzuelo. Qué sería con él en la presidencia: ¡cállese y no se atreva a siquiera pensar en mí, porque lo refundo en la celda más aislada, negra y oscura de Almoloya, totalmente incomunicado de por vida! ¡Nadie tiene derecho a tener siquiera un pensamiento acerca de mi persona sin mi debida autorización! Para eso estoy aquí en La Grande. Qué pronto "mostró el cobre" el supuesto corderito que eligió el PRI para suceder al reyezuelo actual.
 
#LaEstafaMaestra: Rosario Robles emite postura sobre presuntos desvíos en Sedesol

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Redacción
Enero 12, 2018


Rosario Robles externó su postura ante la nota “Con Robles y Meade hubo desvíos al estilo Estafa Maestra por 540 mdp en Sedesol, revela Auditoría”; se reproduce la carta textual, al igual que la respuesta de Animal Político.

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Rosario Robles Berlanga, Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)........Cuartoscuro


Rosario Robles emitió este viernes su postura acerca de la nota publicada por Animal Político el pasado miércoles 10 de enero, con el título “Con Robles y Meade hubo desvíos al estilo Estafa Maestra por 540 mdp en Sedesol, revela Auditoría”.

A continuación reproducimos su réplica y presentamos también la respuesta de Animal Político:

En torno a la información que publicó recientemente el sitio web Animal Político sobre convenios de SEDESOL con tres universidades en 2015, me permito hacer las siguientes precisiones.

Desde antes de la publicación de su primer reportaje al respecto, les entregamos personalmente toda la información con base a los procedimientos legales referentes a este caso en la que se demuestra que se actuó con apego a derecho y de forma transparente.

Desafortunadamente esta información no fue tomada en cuenta. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó y auditó los ejercicios fiscales 2013 y 2014 de la SEDESOL concluyendo que los convenios y los procesos administrativos derivados de estos, se desarrollaron bajo los términos establecidos en la legislación.

Incluso, al atender las observaciones de la propia ASF, SEDESOL presentó las actas finiquito de los contratos con las universidades, concluyendo así el proceso de revisión y auditoría.

En torno a la cuenta pública de 2015 está en proceso de análisis.

No es verdad que el dinero haya desaparecido. SEDESOL entregó el mismo a una institución y recibió a cambio un servicio. Decir “buena parte del dinero simplemente desapareció” no se apega a lo que informa la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF). También consta el uso y destino que le dieron esas instituciones.

La misma nota refiere los nombres de las empresas e instituciones con las que se firmaron los convenios de colaboración.

Actualmente existe un proceso abierto en el que se indaga si la supervisión de SEDESOL y la calidad de los entregables son los adecuados, pero de ninguna forma se desconoce el destino de los recursos. En los casos en que los servicios convenidos no sean cumplidos se atenderá a las sanciones de los responsables.

Reitero que soy la primera interesada en que se concluyan las investigaciones y exista un dictamen al respecto.

ATENTAMENTE

Rosario Robles Berlanga.

Respuesta del equipo de Animal Político

La nota se sustenta en el informe de resultados de la auditoría financiera 277-DS que concluyó en tres denuncias penales que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso ante la Procuraduría General de la República, tal como dice el texto publicado. Todas las presuntas irregularidades descritas en lo publicado son las reportadas por las auditorías. No son aseveraciones ni conclusiones de este medio de comunicación.

El documento de la auditoría claramente señala que en dos de los tres convenios denunciados, las universidades Politécnica de Chiapas e Intercultural del Estado de México recibieron el total del recurso pactado con la Secretaría de Desarrollo Social, pero éstas, a su vez, subcontrataron con terceros los servicios, pero pagando una cantidad inferior a la recibida. De ahí que se haya cometido un presunto fraude al erario pues no hay explicación respecto a la diferencia entre lo pagado por Sedesol y lo facturado con terceros.

A continuación se trascriben textualmente las conclusiones de la ASF sobre las diferencias del dinero en estos dos casos:

“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto total de 121,600,000.00 pesos (ciento veintiún millones seiscientos mil pesos 00/100 M.N.) derivado de que la Universidad Politécnica de Chiapas subcontrató con un proveedor de servicios la totalidad de los servicios convenidos con la Secretaría de Desarrollo Social mediante el Primer Convenio Específico número 710.33901.13/2015 y el Segundo Convenio Específico número 710.33901.14/2015, consistentes en el Servicio Integral de Supervisión, Monitoreo, Control y Mejora de los Comedores Comunitarios del Estado de México en diversos municipios, de lo cual recibió como pago 400,000,000.00 pesos (cuatrocientos millones de pesos 00/100 M.N.) por la presentación del primer entregable y ésta, a su vez, pagó al proveedor que realizó el servicio encomendado por la Secretaría de Desarrollo Social la cantidad de 278,400,000.00 pesos (doscientos setenta y ocho millones cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.).”

“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto total de 62,877,192.00 pesos (sesenta y dos millones ochocientos setenta y siete mil ciento noventa y dos pesos 00/100 M.N.) derivado de que la Universidad Intercultural del Estado de México subcontrató con dos prestadores de servicio la totalidad de los servicios convenidos con la Secretaría de Desarrollo Social mediante el convenio de coordinación núm. UCD/33901/010/2015 consistentes en el Servicio integral de aplicación de Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIS) en zonas rurales y semiurbanas para la identificación y localización de pobres extremos alimentarios, en las 32 entidades federativas del país, conforme a los términos y condiciones indicados en su anexo técnico por lo cual recibió como pago la cantidad de 124,100,000.00 pesos (ciento veinticuatro millones, cien mil pesos 00/100 M.N.) y ésta a su vez pagó a los prestadores del servicio que realizaron el trabajo encomendado por la Secretaría de Desarrollo Social la cantidad de 61,222,808.00 pesos (sesenta y un millones doscientos veintidós mil ochocientos ocho pesos 00/100 M.N.).”

La nota señala que desapareció parte del dinero porque en las conclusiones los auditores señalan que no se ha identificado qué ocurrió con el monto de diferencia entre lo pagado por Sedesol y lo facturado con terceros.

Finalmente se reitera que las auditorías aludidas en la nota ya se convirtieron en denuncias penales interpuestas por la ASF ante la PGR luego de que la información entregada por SEDESOL y por las universidades no solventó las irregularidades que advierten los auditores.


Fuente


Pobre Chayito, siempre que ocupa un puesto público, termina teniendo que dar explicaciones por asuntos turbios que ocurrieron durante su gestión. Lo mismo pasó cuando fue Jefa del DDF. ¿Se acuerdan del desastroso caso Ahumada? Ella al menos no terminó con las amenazantes frases del pre-dictadorzuelo Meado.
 
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