Micke
Bovino · ··^v´¯`×)MēxIhCah(×´¯`v^· ··
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Ricardo Ravelo/Proceso
Tomado de Tribuna de los Cabos
Mientras el gobierno federal insiste en desplegar un mayor número de efectivos militares, ejecutar operativos con retenes y otras medidas obsoletas, los siete cárteles de la droga afincados en poco más de 20 estados de la República se baten con las fuerzas federales al tú por tú, lo que pone en evidencia que los narcotraficantes sí se prepararon para enfrentar la guerra.
A juicio de expertos consultados por Proceso, el combate al crimen organizado por la vía de la represión –fuerza contra inteligencia criminal–es el más atrasado del mundo, pues mostró sus fallas en Colombia, donde la exportación de drogas sigue siendo un boyante negocio, y en Italia, donde el Estado continúa luchando contra la mafia. Lo grave es que en México se sigue aplicando esa estrategia pese a sus nulos resultados, ya que el nervio financiero del narco permanece incólume.
"La del Ejército es una derrota moral", dice sin cortapisas José Luis Piñeyro, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y experto en temas castrenses. Afirma que este año han desertado del Ejército entre 30 mil y 40 mil efectivos, buena parte de los cuales se enganchan con el crimen organizado.
"¿De qué sirven las armas si, como ocurrió en Vietnam e Irak, los soldados no quieren pelear? La política de combate al crimen está fracasada, no hay duda, y no veo por dónde el gobierno pueda revertir este embrollo", señala.
Además de que el patrimonio del crimen organizado "ha sido intocable hasta ahora", agrega Piñeyro, el gobierno no trabaja en temas torales como la rehabilitación de drogadictos para reducir las ganancias del narco; tampoco reconoce que el desempleo y la pobreza son detonadores de la violencia y el principal "caldo de cultivo del narcotráfico", y peor aún, no vemos que al presidente le interese estimular a la sociedad para que denuncie, pues "conviene que siga anestesiada".
Erubiel Tirado, analista en temas de seguridad y defensa, y maestro en ciencia política por la London School of Economics, indica: "Ante la impotencia frente al crimen organizado, el presidente Felipe Calderón no sólo recurre a su retórica gastada, sino a la mentira, cuando habla de que su gobierno va ganando esta guerra. Es claro que nadie le teme al Ejército, salvo aquellos que han sido víctimas de sus abusos, es decir, la sociedad civil".
–¿El Ejército se preparó para esta guerra? –se le pregunta.
–Por supuesto que no. Y a esto se suma algo peor: un error de cálculo en la estrategia calderonista. El presidente pensó que con operativos y mayor presencia militar en las calles inmediatamente iban a bajar la delincuencia y la violencia. Pensó que nadie se atrevería a tocar y a enfrentarse al Ejército. Ya vimos que no es así: hemos constatado que los narcos cazan a los militares, a los policías, y hasta los decapitan.
"Es más que claro que hay un aprendizaje del crimen organizado para enfrentar al Ejército. En contrasentido, en lugar de haber aprendido de las lecciones del pasado, los militares vuelven a reproducir los métodos de la guerra sucia de los años setenta. El Ejército se ha visto avasallado, y los casos ilustrativos son Michoacán y Guerrero, donde han sido atacados agentes de inteligencia militar y hasta oficiales".
José Luis Piñeyro y Erubiel Tirado coinciden en un punto clave: el modelo represivo debe reformularse. Pero señalan que no se percibe la intención gubernamental de cambiar la estrategia, puesto que –sostienen en entrevista por separado– parece que a Calderón no le importa la psicosis que generan las matanzas y balaceras, ocupado como está en sumar puntos a su imagen internacional.
Y en efecto, la DEA estadunidense ha calificado al mandatario como "un héroe", pero sólo por enfrentar al crimen organizado, no por descabezar realmente a los cárteles.
El fracaso
Según Piñeyro, la incapacidad policiaca para enfrentar al narcotráfico es evidente: la Policía Federal Preventiva (PFP) sólo dispone de 30 mil agentes, lo que implica que el Ejército no regresará a los cuarteles. En el caso de las Fuerzas Armadas, tan sólo el Ejército dispone de entre 30 mil y 40 mil soldados para combatir el narcotráfico, pero toda esta fuerza es insuficiente, dice el experto.
Aunque 2009 es el año en el que se ha destinado mayor presupuesto a reforzar el aparato de seguridad, los casi 11 mil crímenes perpetrados desde que inició la administración calderonista confirman la visión de los entrevistados: el modelo represor ha fracasado en el combate al narco.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en las que descansa la batalla contra el crimen, ejercen un presupuesto sin precedente. La primera dispone de 42 mil 423.3 millones de pesos y la segunda de 30 mil 995.9 millones. Pese a ello el narcotráfico sigue imparable.
No es todo: el gobierno federal sigue padeciendo las filtraciones de información desde sus propias filas. A pesar de que en la Procuraduría General de la República (PGR) se dio por terminada su llamada Operación Limpieza desde marzo pasado, los narcos son enterados sobre operativos, investigaciones y hasta los traslados de detenidos a penales de alta de seguridad para que puedan ser liberados por sus cómplices en el trayecto.
Ejemplo de lo anterior fue el asesinato, el pasado 18 de abril, de seis agentes federales –Mauricio Azazola Valle, Juan Hernández Salvador, Julio César Sánchez Rivas, Luis Antonio Ferrer Sánchez, Ángel Mauricio Méndez Montiel y Samuel Romero– y dos funcionarios del penal de Tepic, Nayarit, cuando trasladaban a ocho personas para internarlas en esa prisión de mediana seguridad.
Un comando de 30 hombres disparó contra el convoy policiaco poco después de que salió del aeropuerto de Tepic, en un intento de liberar a los detenidos, entre quienes se encontraba Jerónimo Gámez García, acusado de ser el cerebro financiero de los hermanos Beltrán Leyva. Presuntamente, desde los atacantes recibieron información sobre el traslado desde la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
En medio de esta nueva oleada de violencia, en las principales dependencias responsables del combate al narcotráfico privan la descoordinación y la desconfianza, vicios que se arrastran desde hace varios sexenios.
De acuerdo con una nota publicada por el diario La Jornada el jueves 16, el Ejército y la Marina condicionaron su participación en los operativos conjuntos, ante las filtraciones de información que se dan en la SSP, que encabeza Genaro García Luna.
El poder de los cárteles
De acuerdo con datos de la SSP, ocho cárteles se disputan abiertamente el control territorial del país. Aunque hay nuevas alianzas, el tráfico de drogas sigue en manos de los cárteles del Golfo, Sinaloa, Tijuana, Juárez, los hermanos Beltrán Leyva y Amezcua Contreras; Los Zetas y la organización encabezada por la familia Díaz Parada.
Sin embargo, desde hace tres años ha crecido vertiginosamente La Familia Michoacana, grupo criminal que anunció su presencia en su estado de origen mediante desplegados periodísticos. Apenas el martes 14 y utilizando esta vez un noticiario televisivo, ese grupo criminal le planteó al gobierno federal un "pacto" a través de Servando Martínez, La Tuta, uno de sus diez representantes en el país y encargado de la plaza en Apatzingán.
No es la primera vez que un cártel pretende pactar con el gobierno: en 1996 el capo Amado Carrillo Fuentes, hoy fallecido y entonces jefe del cártel de Juárez, envió a su publirrelacionista Eduardo González Quirarte a negociar con la Sedena el cese de la persecución en su contra. En junio de 1997 Carrillo Fuentes falleció en condiciones extrañas (Proceso 1097).
Entre mayo y junio de 2007 representantes de los cárteles del Golfo y de Sinaloa, aparentemente sin mediación oficial, pero monitoreados por los organismos de inteligencia, tuvieron al menos siete reuniones para lograr acuerdos sobre el control de territorios y rutas (Proceso 1606).
Fuentes oficiales sostienen que el pacto entre ambas organizaciones resultó exitoso, y tanto que en la actualidad esas dos organizaciones criminales no están enfrentándose. Incluso, de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, no se habla desde marzo pasado, cuando la revista estadunidense Forbes le atribuyó una fortuna de mil millones de dólares.
Desde que el presidente Calderón le declaró la guerra al narcotráfico, los cárteles se han afianzado en sus territorios y han demostrado una mayor capacidad de fuego. La violencia empezó a recrudecerse a finales de mayo, pero al iniciar julio creció, y en lo que va del mes se han registrado 480 ejecuciones en Michoacán, Guerrero, Jalisco, Colima, Veracruz, Chiapas, el Estado de México, Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa y Tamaulipas.
El narco incluso ha tocado al poder. Algunos ejemplos: en Veracruz, entidad dominada por el cártel del Golfo, fue secuestrado el 1 de junio Francisco Serrano Aramoni, administrador de la Aduana Marítima. Ya había sido amenazado junto con otro funcionario aduanal mediante un mensaje: "Déjennos trabajar".
Un informe de la Sedena le atribuye el secuestro de Serrano al cártel del Golfo, y se menciona como probables responsables a Heriberto Lazcano y a Eduardo Costilla, El Coss, jefe de esa organización criminal. Hasta la fecha Serrano Aramoni no aparece.
El domingo 5 en Tetepantla, Estado de México, fueron halladas dos personas decapitadas y La Familia Michoacana se adjudicó el crimen. Ese mismo día se halló la cabeza de un presunto narcomenudista en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.
En Chihuahua se reportaron 11 crímenes en vísperas de las elecciones intermedias. Y el martes 14 fue ejecutado el alcalde de Naquimipa, Héctor Ariel Mixueiro Muñoz, que ya había sido amenazado por el narco. Lo acribillaron en el poblado Casas Coloradas, a dos kilómetros de la cabecera municipal.
En Chiapas, un comando armado arremetió el miércoles 8 contra una oficina de la Procuraduría de Justicia de Tuxtla Gutiérrez. Presuntos narcotraficantes lanzaron granadas de fragmentación contra el edificio, en el que fue el segundo ataque contra policías en menos de un mes. El ataque, atribuido a Los Zetas, fue considerado por las autoridades estatales como una respuesta a la captura de Albertino Rodríguez, El Comandante Morro o El Tino, cabecilla del cártel del Golfo en el estado.
El martes 14, en León, Guanajuato, fue acribillado Heladio Romero Durán, subinspector de la Unidad Modelo de Investigación Policial. Lo cazaron cuando llegaba a su casa.
Y el lunes 13, en Michoacán, los cadáveres de 11 hombres y una mujer se hallaron apilados y abandonados sobre el entronque carretero de la autopista Siglo 21-Lázaro Cárdenas, muy cerca de la demarcación conocida como La Huacana.
Dos días después Monte Alejandro Rubido, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, confirmó que esos 12 cuerpos correspondían a agentes federales. El funcionario calificó la matanza como una reacción de La Familia tras la detención de Arnoldo Rueda Medina, La Minsa, uno de sus líderes.
El mismo lunes, militares y presuntos narcos del grupo Gente Nueva se enfrentaron en el centro del puerto de Veracruz. Testigos dijeron que el tiroteo duró unos 20 minutos. El saldo: dos personas calcinadas tras el estallido de una granada.
En el límite
De acuerdo con el investigador Erubiel Tirado, el Ejército Mexicano inició esta guerra con pocos recursos: sin modernizar su armamento y sin un entrenamiento eficaz para atacar al narcotráfico, lo que ha propiciado que los soldados se extralimiten en sus acciones al grado de afectar a la población civil.
–¿Esto quiere decir que el Ejército Mexicano aplica mucha fuerza y poca inteligencia?
–No tiene la fuerza en los términos que se requiere para abatir la crisis. Si (los militares) son el último recurso, ya estamos llegando al límite, porque al Ejército se le ha empleado mal. Hay otra realidad: en las Fuerzas Armadas hay más generales que tropa.
Explica Tirado que el Ejército Mexicano tiene una estructura vieja: "Después de Rusia, China y Estados Unidos, México es el país que tiene más generales en sus Fuerzas Armadas. No hay una relación racional en términos de mandos y tropa: hay muchos generales que son de escritorio, y ese problema lo venimos arrastrando desde el Estado posrevolucionario".
–La estrategia del narco ha sido corrupción y violencia. ¿Esta táctica ha sido más eficaz que la del gobierno federal?
–Yo creo que sí, y eso es peligroso porque el gobierno le otorgó una carta en blanco al Ejército para actuar. No vemos una respuesta institucional conforme a derecho y mucho menos una visión estratégica, ya no digamos para contener o reprimir, de acuerdo con los instrumentos legales que existen para ello.
"Tal parece que al Ejército le dicen ‘te hicieron, entonces te puedes desquitar’. Y esto deriva en un patrón de conducta que nos está llevando a escalar cada vez más el conflicto".
Tomado de Tribuna de los Cabos
Mientras el gobierno federal insiste en desplegar un mayor número de efectivos militares, ejecutar operativos con retenes y otras medidas obsoletas, los siete cárteles de la droga afincados en poco más de 20 estados de la República se baten con las fuerzas federales al tú por tú, lo que pone en evidencia que los narcotraficantes sí se prepararon para enfrentar la guerra.
A juicio de expertos consultados por Proceso, el combate al crimen organizado por la vía de la represión –fuerza contra inteligencia criminal–es el más atrasado del mundo, pues mostró sus fallas en Colombia, donde la exportación de drogas sigue siendo un boyante negocio, y en Italia, donde el Estado continúa luchando contra la mafia. Lo grave es que en México se sigue aplicando esa estrategia pese a sus nulos resultados, ya que el nervio financiero del narco permanece incólume.
"La del Ejército es una derrota moral", dice sin cortapisas José Luis Piñeyro, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y experto en temas castrenses. Afirma que este año han desertado del Ejército entre 30 mil y 40 mil efectivos, buena parte de los cuales se enganchan con el crimen organizado.
"¿De qué sirven las armas si, como ocurrió en Vietnam e Irak, los soldados no quieren pelear? La política de combate al crimen está fracasada, no hay duda, y no veo por dónde el gobierno pueda revertir este embrollo", señala.
Además de que el patrimonio del crimen organizado "ha sido intocable hasta ahora", agrega Piñeyro, el gobierno no trabaja en temas torales como la rehabilitación de drogadictos para reducir las ganancias del narco; tampoco reconoce que el desempleo y la pobreza son detonadores de la violencia y el principal "caldo de cultivo del narcotráfico", y peor aún, no vemos que al presidente le interese estimular a la sociedad para que denuncie, pues "conviene que siga anestesiada".
Erubiel Tirado, analista en temas de seguridad y defensa, y maestro en ciencia política por la London School of Economics, indica: "Ante la impotencia frente al crimen organizado, el presidente Felipe Calderón no sólo recurre a su retórica gastada, sino a la mentira, cuando habla de que su gobierno va ganando esta guerra. Es claro que nadie le teme al Ejército, salvo aquellos que han sido víctimas de sus abusos, es decir, la sociedad civil".
–¿El Ejército se preparó para esta guerra? –se le pregunta.
–Por supuesto que no. Y a esto se suma algo peor: un error de cálculo en la estrategia calderonista. El presidente pensó que con operativos y mayor presencia militar en las calles inmediatamente iban a bajar la delincuencia y la violencia. Pensó que nadie se atrevería a tocar y a enfrentarse al Ejército. Ya vimos que no es así: hemos constatado que los narcos cazan a los militares, a los policías, y hasta los decapitan.
"Es más que claro que hay un aprendizaje del crimen organizado para enfrentar al Ejército. En contrasentido, en lugar de haber aprendido de las lecciones del pasado, los militares vuelven a reproducir los métodos de la guerra sucia de los años setenta. El Ejército se ha visto avasallado, y los casos ilustrativos son Michoacán y Guerrero, donde han sido atacados agentes de inteligencia militar y hasta oficiales".
José Luis Piñeyro y Erubiel Tirado coinciden en un punto clave: el modelo represivo debe reformularse. Pero señalan que no se percibe la intención gubernamental de cambiar la estrategia, puesto que –sostienen en entrevista por separado– parece que a Calderón no le importa la psicosis que generan las matanzas y balaceras, ocupado como está en sumar puntos a su imagen internacional.
Y en efecto, la DEA estadunidense ha calificado al mandatario como "un héroe", pero sólo por enfrentar al crimen organizado, no por descabezar realmente a los cárteles.
El fracaso
Según Piñeyro, la incapacidad policiaca para enfrentar al narcotráfico es evidente: la Policía Federal Preventiva (PFP) sólo dispone de 30 mil agentes, lo que implica que el Ejército no regresará a los cuarteles. En el caso de las Fuerzas Armadas, tan sólo el Ejército dispone de entre 30 mil y 40 mil soldados para combatir el narcotráfico, pero toda esta fuerza es insuficiente, dice el experto.
Aunque 2009 es el año en el que se ha destinado mayor presupuesto a reforzar el aparato de seguridad, los casi 11 mil crímenes perpetrados desde que inició la administración calderonista confirman la visión de los entrevistados: el modelo represor ha fracasado en el combate al narco.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en las que descansa la batalla contra el crimen, ejercen un presupuesto sin precedente. La primera dispone de 42 mil 423.3 millones de pesos y la segunda de 30 mil 995.9 millones. Pese a ello el narcotráfico sigue imparable.
No es todo: el gobierno federal sigue padeciendo las filtraciones de información desde sus propias filas. A pesar de que en la Procuraduría General de la República (PGR) se dio por terminada su llamada Operación Limpieza desde marzo pasado, los narcos son enterados sobre operativos, investigaciones y hasta los traslados de detenidos a penales de alta de seguridad para que puedan ser liberados por sus cómplices en el trayecto.
Ejemplo de lo anterior fue el asesinato, el pasado 18 de abril, de seis agentes federales –Mauricio Azazola Valle, Juan Hernández Salvador, Julio César Sánchez Rivas, Luis Antonio Ferrer Sánchez, Ángel Mauricio Méndez Montiel y Samuel Romero– y dos funcionarios del penal de Tepic, Nayarit, cuando trasladaban a ocho personas para internarlas en esa prisión de mediana seguridad.
Un comando de 30 hombres disparó contra el convoy policiaco poco después de que salió del aeropuerto de Tepic, en un intento de liberar a los detenidos, entre quienes se encontraba Jerónimo Gámez García, acusado de ser el cerebro financiero de los hermanos Beltrán Leyva. Presuntamente, desde los atacantes recibieron información sobre el traslado desde la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
En medio de esta nueva oleada de violencia, en las principales dependencias responsables del combate al narcotráfico privan la descoordinación y la desconfianza, vicios que se arrastran desde hace varios sexenios.
De acuerdo con una nota publicada por el diario La Jornada el jueves 16, el Ejército y la Marina condicionaron su participación en los operativos conjuntos, ante las filtraciones de información que se dan en la SSP, que encabeza Genaro García Luna.
El poder de los cárteles
De acuerdo con datos de la SSP, ocho cárteles se disputan abiertamente el control territorial del país. Aunque hay nuevas alianzas, el tráfico de drogas sigue en manos de los cárteles del Golfo, Sinaloa, Tijuana, Juárez, los hermanos Beltrán Leyva y Amezcua Contreras; Los Zetas y la organización encabezada por la familia Díaz Parada.
Sin embargo, desde hace tres años ha crecido vertiginosamente La Familia Michoacana, grupo criminal que anunció su presencia en su estado de origen mediante desplegados periodísticos. Apenas el martes 14 y utilizando esta vez un noticiario televisivo, ese grupo criminal le planteó al gobierno federal un "pacto" a través de Servando Martínez, La Tuta, uno de sus diez representantes en el país y encargado de la plaza en Apatzingán.
No es la primera vez que un cártel pretende pactar con el gobierno: en 1996 el capo Amado Carrillo Fuentes, hoy fallecido y entonces jefe del cártel de Juárez, envió a su publirrelacionista Eduardo González Quirarte a negociar con la Sedena el cese de la persecución en su contra. En junio de 1997 Carrillo Fuentes falleció en condiciones extrañas (Proceso 1097).
Entre mayo y junio de 2007 representantes de los cárteles del Golfo y de Sinaloa, aparentemente sin mediación oficial, pero monitoreados por los organismos de inteligencia, tuvieron al menos siete reuniones para lograr acuerdos sobre el control de territorios y rutas (Proceso 1606).
Fuentes oficiales sostienen que el pacto entre ambas organizaciones resultó exitoso, y tanto que en la actualidad esas dos organizaciones criminales no están enfrentándose. Incluso, de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, no se habla desde marzo pasado, cuando la revista estadunidense Forbes le atribuyó una fortuna de mil millones de dólares.
Desde que el presidente Calderón le declaró la guerra al narcotráfico, los cárteles se han afianzado en sus territorios y han demostrado una mayor capacidad de fuego. La violencia empezó a recrudecerse a finales de mayo, pero al iniciar julio creció, y en lo que va del mes se han registrado 480 ejecuciones en Michoacán, Guerrero, Jalisco, Colima, Veracruz, Chiapas, el Estado de México, Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa y Tamaulipas.
El narco incluso ha tocado al poder. Algunos ejemplos: en Veracruz, entidad dominada por el cártel del Golfo, fue secuestrado el 1 de junio Francisco Serrano Aramoni, administrador de la Aduana Marítima. Ya había sido amenazado junto con otro funcionario aduanal mediante un mensaje: "Déjennos trabajar".
Un informe de la Sedena le atribuye el secuestro de Serrano al cártel del Golfo, y se menciona como probables responsables a Heriberto Lazcano y a Eduardo Costilla, El Coss, jefe de esa organización criminal. Hasta la fecha Serrano Aramoni no aparece.
El domingo 5 en Tetepantla, Estado de México, fueron halladas dos personas decapitadas y La Familia Michoacana se adjudicó el crimen. Ese mismo día se halló la cabeza de un presunto narcomenudista en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.
En Chihuahua se reportaron 11 crímenes en vísperas de las elecciones intermedias. Y el martes 14 fue ejecutado el alcalde de Naquimipa, Héctor Ariel Mixueiro Muñoz, que ya había sido amenazado por el narco. Lo acribillaron en el poblado Casas Coloradas, a dos kilómetros de la cabecera municipal.
En Chiapas, un comando armado arremetió el miércoles 8 contra una oficina de la Procuraduría de Justicia de Tuxtla Gutiérrez. Presuntos narcotraficantes lanzaron granadas de fragmentación contra el edificio, en el que fue el segundo ataque contra policías en menos de un mes. El ataque, atribuido a Los Zetas, fue considerado por las autoridades estatales como una respuesta a la captura de Albertino Rodríguez, El Comandante Morro o El Tino, cabecilla del cártel del Golfo en el estado.
El martes 14, en León, Guanajuato, fue acribillado Heladio Romero Durán, subinspector de la Unidad Modelo de Investigación Policial. Lo cazaron cuando llegaba a su casa.
Y el lunes 13, en Michoacán, los cadáveres de 11 hombres y una mujer se hallaron apilados y abandonados sobre el entronque carretero de la autopista Siglo 21-Lázaro Cárdenas, muy cerca de la demarcación conocida como La Huacana.
Dos días después Monte Alejandro Rubido, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, confirmó que esos 12 cuerpos correspondían a agentes federales. El funcionario calificó la matanza como una reacción de La Familia tras la detención de Arnoldo Rueda Medina, La Minsa, uno de sus líderes.
El mismo lunes, militares y presuntos narcos del grupo Gente Nueva se enfrentaron en el centro del puerto de Veracruz. Testigos dijeron que el tiroteo duró unos 20 minutos. El saldo: dos personas calcinadas tras el estallido de una granada.
En el límite
De acuerdo con el investigador Erubiel Tirado, el Ejército Mexicano inició esta guerra con pocos recursos: sin modernizar su armamento y sin un entrenamiento eficaz para atacar al narcotráfico, lo que ha propiciado que los soldados se extralimiten en sus acciones al grado de afectar a la población civil.
–¿Esto quiere decir que el Ejército Mexicano aplica mucha fuerza y poca inteligencia?
–No tiene la fuerza en los términos que se requiere para abatir la crisis. Si (los militares) son el último recurso, ya estamos llegando al límite, porque al Ejército se le ha empleado mal. Hay otra realidad: en las Fuerzas Armadas hay más generales que tropa.
Explica Tirado que el Ejército Mexicano tiene una estructura vieja: "Después de Rusia, China y Estados Unidos, México es el país que tiene más generales en sus Fuerzas Armadas. No hay una relación racional en términos de mandos y tropa: hay muchos generales que son de escritorio, y ese problema lo venimos arrastrando desde el Estado posrevolucionario".
–La estrategia del narco ha sido corrupción y violencia. ¿Esta táctica ha sido más eficaz que la del gobierno federal?
–Yo creo que sí, y eso es peligroso porque el gobierno le otorgó una carta en blanco al Ejército para actuar. No vemos una respuesta institucional conforme a derecho y mucho menos una visión estratégica, ya no digamos para contener o reprimir, de acuerdo con los instrumentos legales que existen para ello.
"Tal parece que al Ejército le dicen ‘te hicieron, entonces te puedes desquitar’. Y esto deriva en un patrón de conducta que nos está llevando a escalar cada vez más el conflicto".
