Liliana Estrada
Julio 13, 2017

Si se concede el amparo a la CFE en contra de las disposiciones para generar energías limpias o renovables, se estará frenando la posibilidad de que los consumidores generen su propia energía y reduzcan alrededor del 75 % de sus costos del recibo de la luz.


En México, durante 2016, se generaron alrededor de 319 mil 364 Gigawatts -hora (GWh) de energía eléctrica, de los cuales el 69 % es producido por termoeléctricas, el 11 % por carboeléctricas, el 2 % por bioenergía y cogeneración eficiente, el 3 % por nucleoeléctricas, y el 15 % por renovables (hidroeléctricas, geotérmicas, eólicas y solares). Asimismo, de este total, el 54.7 % es producido por centrales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el 27.8 % por productores independientes que venden su energía a CFE y el 17.5 % por particulares bajo las figuras de autoabastecimiento, cogeneración, generación distribuida, pequeña producción y exportación (SENER, 2017).

Lo anterior indica la transición del sector eléctrico nacional tras la Reforma Energética y sus leyes secundarias, al implementarse y materializarse los primeros pasos para una mayor utilización de energías limpias, así como para lograr un mercado abierto con competencia real entre diferentes actores. De igual manera, exterioriza el empleo de tecnologías que permiten nuevas formas de obtener energía donde pueden participar el gobierno, las empresas y la sociedad a fin de cambiar la forma centralizada y a gran escala de generar electricidad en el país.

En este último punto, la generación distribuida cada vez adquiere un mayor peso en la creación de energía eléctrica[1], principalmente por particulares (empresas y ciudadanos), ya que permite generar o almacenar energía a pequeña escala (menor a 0.5 Megawatts (MW)), lo más cerca del lugar del consumo, y destinarse para diferentes usos tales como electrificación de zonas, abastecer el consumo propio de energía o vender electricidad a la red eléctrica nacional. Además, abre la posibilidad de producir electricidad a precios bajos y desde diferentes partes como hogares, edificios, espacios públicos o instalaciones con bajos consumos de energía, a través de uso de tecnologías que aprovechen fuentes renovables como la solar, eólica, hidroeléctrica y biogás a partir de residuos sólidos (basura).[2]

Por ello, con la finalidad de incrementar su competitividad, rentabilidad y cumplir con los mandatos en materia de generación distribuida que se establecen en la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y la Ley de Transición Energética (LTE)[3], la Secretaría de Energía (SENER) publicó el Primer Análisis sobre los beneficios de la generación limpia distribuida y la eficiencia energética en México, al igual que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) decretó el Manual de Interconexión de Centrales de Generación con Capacidad Menor que 0.5MW y las Disposiciones Administrativas de Carácter General (DACG); los modelos de contrato; la metodología de cálculo de contraprestación y las especificaciones técnicas generales aplicables a las centrales eléctricas de generación distribuida y generación limpia distribuida.

No obstante, y aunque la mayoría de los instrumentos anteriores estuvieron bajo proceso de consulta pública en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), a fin de recibir comentarios, y con ello realizar adecuaciones antes de publicarse, el 25 de abril del 2017, CFE interpuso un amparo contra las DACG ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, con la finalidad de que el 10 de julio del 2017 se celebrara una audiencia constitucional a favor de la empresa. Cabe mencionar que ésta no se realizó debido a que la oficina se declaró incompetente para resolver la situación, por lo que pasaría a un comité especializado para una reunión a finales de este mes.

Entre los argumentos que interpuso CFE para el amparo destaca que las disposiciones administrativas provocan la pérdida de clientes e ingresos para la empresa productiva, así como la obligación a la compra forzosa de energía sin considerar costos de distribución. Esto debido a que dichas disposiciones mencionan que la organización debe interconectar y permitir el libre acceso a todos los proyectos de generación distribuida que se instalen en el país sin ninguna discriminación y obstáculo, y con ello comprar la energía que produzca. Por lo tanto, una vez que los consumidores conozcan los beneficios de las tecnologías optaran por instalarlas, lo que significaría la pérdida masiva de usuarios.

Igualmente, menciona que se le exige pagar los excedentes de energía que se generen a precios muy elevados, esto a pesar de que la electricidad por renovables tiene costos de generación muchos más baratos que las energías convencionales (termoeléctrica, ciclo combinado y carboeléctrica), al no utilizar o integrar en su coste los precios de los combustibles y de distribución. Lo anterior se debe a que las DACG instituyen que la electricidad que tenga que comprar CFE debe ser pagada al precio marginal local (PML), esto es, al costo que cuesta la energía en un punto y tiempo determinado de la red eléctrica (nodo) sin importar si la energía es convencional, limpia o renovable.

Sin embargo, estos argumentos no son del todo válidos, pues las mismas disposiciones establecen la finalidad de lograr que el 5 % de la capacidad instalada para producir energía limpia del país sea generación distribuida (actualmente es el 0.33 % (SENER, 2017). Además, en caso de que se necesite incrementar dicha capacidad, debe realizarse una revisión de la planeación, operación y desarrollo de la infraestructura para su adopción a fin de que siga siendo rentable para todas las partes. Lo que indica que no existiría una pérdida masiva de consumidores, y con ello de vendedores de energía.

Por otra parte, aunque cada vez son más baratas las energías renovables, la razón de pagar un mismo precio sin importar la tecnología de producción radica en que es necesario un costo competitivo y justo para que los pequeños productores puedan recuperar la inversión realizada en la compra e instalación de los sistemas de generación y obtener ganancias.

En este sentido, CFE más allá de estar defendiendo sus ingresos, se resiste a la existencia de otras formas de generación de electricidad sustentables que puedan en un largo plazo competir en el mercado y sacarlo de su área de confort. Ello se debe a que la mayoría de sus centrales de generación de energía son convencionales, las cuales cada día son menos rentables y competitivas por los altos precios de los combustibles y su impacto en el medio ambiente.

Por lo tanto, de aprobarse el amparo por el Poder Judicial, se estaría frenando la posibilidad de que los consumidores generen su propia energía, y reduzcan alrededor del 75 % de sus costos del recibo de la luz (SENER, 2017), principalmente para aquellos que no reciben un subsidio a través de las tarifas eléctricas, los cuales abarcan alrededor de 4.8 millones de usuarios que pertenecen a la tarifa doméstica de alto consumo (DAC), comercial e industrial (SENER, 2017).

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