Alberto Cárdenas Jiménez: un político dedicado a dañar el campo y el medio ambiente

Como titular de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), de abril de 2001 a agosto de 2003, priorizó la política de reforestación sobre otros programas y fomentó las Asociaciones Regionales de Silvicultores, por encima de otras organizaciones con más trayectoria y antigüedad.

En Semarnat, de agosto de 2003 a junio de 2005:

• Permitió las modificaciones a la NOM 022, de protección a los manglares, para favorecer a desarrolladores turísticos.
• En complicidad con la Profepa, entonces encabezada por José Luis Luege Tamargo, toleró la construcción del desarrollo Mayan Palace, en Playa del Carmen, con 3 mil habitaciones en lugar de las 700 permitidas y con la destrucción de 90 por ciento de la cobertura vegetal, en violación de una multitud de disposiciones legales.
• Anunció que la tasa de deforestación se había reducido casi a la mitad (de 630 mil ha/año a 314 mil ha/año), contradiciendo los estudios de la UNAM y Conabio que muestran que la tasa de deforestación en México es de alrededor de 500 mil ha/año.
• Promovió la modificación del reglamento de áreas naturales protegidas (artículo 81-f), que enorgullecía a México internacionalmente, incrementando la captura incidental permisible de especies protegidas y en peligro de extinción (mamíferos y tortugas), para favorecer al sector pesquero en el Alto Golfo de California, ello con graves repercusiones para las áreas protegidas.
• Toleró la matanza de 8 vaquitas marinas, especie exclusivamente mexicana protegida por la ley y por el derecho internacional por estar en peligro de extinción.
• Promovió la autorización de la Escalera Náutica en el Golfo de California, cuya manifestación de impacto ambiental no cumplía las disposiciones legales.
• Sin haber efectuado consulta pública, promovió reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico (artículo 47 bis), de manera discrecional, para abrir al desarrollo turístico las zonas núcleo de la mayoría de las áreas naturales protegidas del país.
• Toleró la ilegal desclasificación de lodos peligrosos de Pemex, en Pánuco, Veracruz, así como la incineración masiva de residuos tóxicos, fuente de emisión de dioxinas y furanos, incumpliendo el Convenio de Estocolmo. Aprobó el proyecto de Chevron Texaco para una planta regasificadora a 600 metros de Islas Coronado, propuesta como área natural protegida por el Congreso.
• Apoyó el proyecto de minería de tajo a cielo abierto, técnica prohibida en muchos países, en el Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, y permitió que la empresa canadiense Minera San Xavier acosara a los pobladores.
• Aceptó la construcción de las presas Arcediano, en Jalisco y La Parota, en Guerrero, por encima del rechazo de las comunidades afectadas y violando disposiciones legales; el incumplimiento de la ley y la negativa a imputar responsabilidades en la criminal contaminación causada por el basurero tóxico Cytrar, en Sonora, y la autorización ilegal del proyecto Punta Maguey, en Huatulco.
• Entregó la política de bioseguridad a las corporaciones promotoras de los transgénicos, desatendiendo las recomendaciones que recibió de la Comisión de Cooperación Ambiental del TLC (CCA) para proteger el maíz criollo de la contaminación transgénica.
• En la Sagarpa, de diciembre de 2006 a septiembre de 2009, Cárdenas Jiménez se dedicó a desmantelar el campo mexicano, mendiante el impulso de políticas de importación de granos en vez de apoyar el desarrollo de los productores del país y con una fuerte promoción a favor de los transgéncios, que ha desembocado en la autorización de las siembras experimentales de cultivos de maíz tranagénico, que podrían autorizarse en las próximas semanas, para el periodo de siembra otoño - invierno.

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