Raúl Rodríguez Cortés
20/12/2017

Han transcurrido trece años sin que autoridad alguna haya podido frenar, ni mucho menos detener o castigar, al grupo de vivales que, constituidos en la asociación civil Moradigna y amparados en el secreto fiduciario, han defraudado más de mil 500 millones de pesos a medio millón de mexicanos, la mayoría de la tercera edad, a quienes no dejan de cobrar cuotas mensuales, en un esquema piramidal, con la promesa de que recibirán recursos para vivienda concentrados en diversos fideicomisos.

Desde el primero de junio de 2009, cuando este reportero publicó en EL GRÁFICO una serie de tres columnas tituladas Moradigna: traficantes de esperanzas, no ha dejado de recibir correos o mensajes vía redes, remitidos por defraudados que no acaban de aceptar que por años les han tomado el pelo o de familiares de las víctimas que ya no saben cómo impedir que sus parientes sigan pagando cuotas mensuales en espera del dinero prometido.

El más reciente fue enviado en días pasados por Juan Carbonell Alatriste, a la que adjunta documentos que establecen que se ha recurrido a las máximas instancias posibles: 1. La investigación realizada en 2012 por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de la que derivó un punto de acuerdo en el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y a la PGR para que “lleven a cabo las acciones necesarias que determinen la legalidad de las operaciones de Moradigna… relativas a un supuesto programa social de apoyo para la adquisición de vivienda”; y 2. La relatoría de hechos enviada a Enrique Peña Nieto el pasado 31 de mayo y a la que la Presidencia le da seguimiento según la respuesta firmada por Gabriel Zorrilla de la Concha, secretario particular del Jefe de la Oficina.

Esta asociación civil, constituida con el permiso 0905084 de la Secretaría de Relaciones Exteriores y con la escritura pública 75563, exige a sus miembros cuotas que van de los mil a los cinco mil pesos, primero para afiliarse con la promesa de recibir al cabo de unos meses entre uno y tres millones de pesos, supuestamente concentrados en fideicomisos provenientes del Banco Mundial y la Unión Europea, y después con el pretexto de agilizar trámites, evitar burocracia, liberar cheques y, en todo momento, para no perder lo aportado ni el derecho a recibir el beneficio ofrecido.

Esas cuotas, por las que solamente en algunos casos se entregan recibos sin validez legal alguna, son cobradas a los afiliados por 42 coordinadores nacionales que las entregan a los dirigentes de Moradigna, a quienes prácticamente nadie ve, pero casi todos temen. Se les conoce como los “cuatro fantásticos” y son el presidente, Eliseo Calderón Rosendo; la tesorera, Karina Berenice Sánchez León Rivadeneyra; la secretaria, Felisa Francisca González Vera; y el vocal, Augusto Gómez Pacheco.

Quien ejerce el verdadero control es Sánchez León Rivadeneyra, quien también se ostenta como apoderada general de Marco Antonio Barroso Arévalo, quien fuera el presidente fundador de Provivienda Mexicana (antecedente de Moradigna) y procesado por fraude con condena de 50 años de prisión, aunque logró salir de la cárcel en 2008 después de pagar a más de 200 defraudados 114 millones de pesos y obtener el perdón de cada uno de ellos.

Moradigna ha pospuesto en ya innumerables ocasiones el pago de los recursos prometidos con pretextos que obligan al pago de más cuotas. Los afiliados a Moradigna deben denunciar a los presuntos responsables. O ¿de qué influencia goza este grupo de defraudadores?


Fuente


La respuesta a la pregunta

"¿de qué influencia goza este grupo de defraudadores?"

está justo en el párrafo anterior

"Quien ejerce el verdadero control es Sánchez León Rivadeneyra, quien también se ostenta como apoderada general de Marco Antonio Barroso Arévalo, quien fuera el presidente fundador de Provivienda Mexicana (antecedente de Moradigna) y procesado por fraude con condena de 50 años de prisión, aunque logró salir de la cárcel en 2008 después de pagar a más de 200 defraudados 114 millones de pesos y obtener el perdón de cada uno de ellos."

El pagar los daños y adeudos contraídos como obligaciones NO DEBERÍAN CONDUCIR AL PERDÓN DE NADA, NI DE NADIE, que no se trata de un asunto de fe o religioso. Mientras se sigan dando estas perversiones en el sistema legal, seguiremos teniendo bribones, mercachifles, estafadores, delincuentes, asesinos, defraudadores, narcos, violadores y secuestradores paseandose libremente por las calles y pitorreándose de nosotros.

Lo que no acabo de entender es que una organización que es un supuesto fideicomiso de capitales quien prometía que el dinero invertido causaría réditos suficientes para financiar viviendas, autos y hasta proyectos de desarrollo económico se haya constituído con el permiso 0905084 de la... ¡Secretaría de Relaciones Exteriores! Y eso, incluso si la organización inició su operación hace 16 años con recursos provenientes de España (específicamente del Banco Pastor). No sabía que, por tratarse de una inversión proveniente del extranjero fuese la Secretaría de Relaciones Exteriores quien proporcionara los permisos de operación financiera en nuestro país. Para mí, ya desde ahí hay olor putrefacto en el ambiente. Así que, si no es que Raúl Rodríguez Cortés se equivocó en el nombre de la Secretaría de estado que proporcionó el permiso, entonces habría más, mucho más, de fondo en este turbio negocio. ¿Debería extrañarnos?