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LA LEY Y LA UNIDAD DE INTELIGENCIA


Raúl Cervantes, titular de la PGR y José Antonio Meade, titular de la SHCP. El dinero sucio fluye. Foto: Cuartodcuro


Cuando en 2013 se aprobó la Ley Antilavado, el Gobierno federal atendió las recomendaciones hechas (en 2008) por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), organismo internacional dedicado al combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Entre otras cuestiones, el GAFI señaló que nuestro país carecía de un adecuado marco normativo antilavado y que la cantidad de acusaciones penales en la materia era baja.

Con la Ley Antilavado, la actual administración buscó establecer mecanismos para detectar los casos de blanqueo, obtener pruebas y bloquear o asegurar los recursos ilícitos. Y a partir de su entrada en vigor, las personas físicas y morales (empresas) que realizan alguna de las actividades consideradas como “vulnerables” -como los servicios crediticios, los juegos y los sorteos, la comercialización de monedas y metales, las operaciones en aduanas, entre otros-, tienen la obligación de reportarse ante el SAT, que se encarga de supervisar y ejecutar la Ley.

El registro más actual del SAT, mayo de este año, da cuenta de 72 mil 647 actividades vulnerables y 64 mil 468 personas físicas y morales obligadas a cumplir con la Ley Antilavado. Sin embargo, el 28.2 por ciento de las personas no cumplieron con las obligaciones de Ley y fueron multadas; y un 23 por ciento fueron omisos parciales. Esto implica que sólo el 49 por ciento de los sujetos obligados cumple con la norma. ¿Por qué?


Además, como consecuencia de la nueva Ley, las instituciones bancarias, de seguros y fianzas y de fondos del retiro, deben de reportar al Gobierno federal -supervisadas por la CNBV, CNSF y CONSAR, respectivamente- cualquier actividad irregular o sospechosa.

Según Mejía, al obligar al sector económico a detectar operaciones cuestionables, que nunca “había tenido una obligación como esta, no saben qué hacer”. Ante ello, dice, el sector contrata consultorías inadecuadas, “o simple y sencillamente les importa muy poco y cumplen por cumplir”.

En el caso del sector financiero, el especialista señaló que aunque “está mucho más fortalecido, es más sencillo mandar reportes que analizar las operaciones”.

Lo anterior implica que la UIF tenga datos, pero no los datos adecuados para poder avanzar en el análisis de las redes financieras o de las redes de vínculos.


Que la Unidad de Inteligencia de Hacienda no reciba la información adecuada para poder realizar una investigación robusta, explicó, limita su capacidad para presentar casos y sustentarlos de modo adecuado. Y sin pruebas contundentes, el Ministerio Público Federal no puede fundamentar los casos, de modo que éstos terminen con una sentencia penal en los tribunales.


De 2013 a 2016, el número de averiguaciones de la PGR que terminaron en manos de algún juez y que fueron devueltas por fallas en su integración, aumentó. En 2013, el 17 por ciento eran regresadas. Tres años después, más de la mitad de las averiguaciones (57 por ciento) fueron devueltas.

Lo mismo sucede con las carpetas de investigación que la PGR consigna –o que forman parte de un proceso penal y que llegan a un juez-: mientras que durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa la Procuraduría consignó el 39.2 por ciento de las carpetas iniciadas por lavado de dinero (mil 520), durante la actual administración sólo ha logrado consignar el 18 por ciento de ellas (mil 955).

LA PGR Y LAS SENTENCIAS

Los datos oficiales de la Unidad de Inteligencia Financiera refieren que de 2012 a la fecha, el número de investigaciones aumentó.

De 2012 a 2016, el número de reportes de operaciones inusuales (actividades con irregularidades) que recibió la SHCP a través de la UIF se triplicó (pasó de 57 mil 263 a 167 mil 860 reportes). Hasta junio de este año, la Secretaría recibió 85 mil 739 reportes. En el caso de las operaciones preocupantes (actividades que pueden violar la Ley), de 2012 a junio de este año el incremento fue de casi el doble (de 157 a 286).

Por su parte, el número de denuncias registradas por la Secretaría de Hacienda tuvo un incremento del 220 por ciento (de 35 a 112) entre 2012 y 2016. Hasta junio de 2017, la UIF registró 61 denuncias.

Sólo los reportes de operaciones relevantes (transacciones que implican riesgo de lavado) y de operaciones con dólares en efectivo fueron a la baja en ese periodo de tiempo: 10.2 y 25 por ciento, respectivamente.

A pesar de que hay más investigación, lo cierto es que hay menos resultados.


En esto concordó Villalobos de Deloitte, quien aseveró que “a la PGR le falta recurso tecnológico de punta con la cual puedan hacer sus investigaciones y analizar el cúmulo de información que se presenta en sistemas financieros y actividades vulnerables que requieren investigación. Le falta capacitación a su recurso humano en temas de investigación en este flagelo que es tan complejo; y un sistema de peritos especializados en todos los temas financieros. Es decir, el tema financiero enfocado principalmente a la investigación y prevención de lavado de dinero”.

Al cierre del año pasado, la PGR recibió 116 mil 589 averiguaciones previas. De esas, el 1.7 por ciento (2 mil 026) estuvieron relacionadas con delitos en materia financiera. Sólo el 22 por ciento (444) de los presuntos casos de delitos financieros fue “despachado”, o bien, terminó en manos de algún juez.

De las 444 averiguaciones previas despachadas en materia de delitos financieros, únicamente 98 -el 4.8 por ciento de las 2 mil 026 registradas hasta finales de 2016- fueron consignadas o formaron parte de un proceso penal, refiere la ASF.

Sin embargo, sólo tres de las 98 averiguaciones previas consignadas fueron sentenciadas por un juez, lo que representa el 0.1 por ciento de las 2 mil 026 averiguaciones previas por delitos financieros, recibidas por la PGR en 2016.

Aunado a ello, entre 2013 y 2016, el despacho de averiguaciones previas se redujo en un 37 por ciento (pasó de 706 a 444); las consignaciones aumentaron en un 10.1 por ciento (de 89 a 98); las sentencias se redujeron en un 85 por ciento (de 20 a 3 en tres años); y las averiguaciones devueltas por los jueces -por falta de pruebas suficientes- se incrementaron de 17 a 57 por cada 100 casos.

En consecuencia, la ASF determinó en su revisión de la Cuenta Pública 2016 que la investigación y persecución de los delitos en materia financiera “fueron insuficientes para reducir la impunidad de esos delitos”. Situación que vulnera al sistema financiero mexicano.

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LA INVERSIÓN EN INTELIGENCIA A LA BAJA

Para este año, la Secretaría de Hacienda destinó 196 millones 129 mil 497 pesos para la “detección y prevención de ilícitos financieros” a través de la UIF, refiere el Presupuesto de Egresos de la Federación -el año pasado fue de 202 millones, es decir, un 3 por ciento más que ahora-.

De 2015 al presente, la Unidad Especializada en Análisis Financiero (UEAF) de la PGR, que investiga la información necesaria para dar solución a los presuntos casos de lavado de dinero, tuvo una reducción en su presupuesto del 42 por ciento (pasó de 65.2 a 37.9 millones de pesos anuales).

Lo mismo le sucedió a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM) de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), misma que se encarga de investigar los casos de lavado de dinero relacionados con el crimen organizado. La reducción de su presupuesto fue del 5 por ciento (pasó de 69.3 a 65.8 millones de pesos anuales entre 2015 y 2017).


Fuente


Pero si es que eso, el dinero sucio, es el que alimenta los bolsillos de todos los corruptos funcionarios públicos, desde el presidente de la república, hasta el más insignificante de ellos. Entonces, ¿cómo creen que van a matar a "la gallina de los huevos de oro"?