jarochilandio
Bovino de la familia
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Durante su pre-campaña, su campaña y ahora como presidente electo, AMLO ha prometido una y otra vez que él será "el bueno" que acabará con la corrupción, la impunidad, la inseguridad y la violencia que privan en el país. Que en sólo TRES AÑOS se "echará al plato" todo el problema (no sé porqué me ha recordado al Chente Fax, quien dijo que "en 15 minutos" resolvería el conflicto en Chiapas, si el SubComediante Charcos se reunía con él; de ahí la percepción que ha dejado el macuspano de que su idea es pactar con los grupos delictivos para "cumplir" su promesa).
Pues bien, en este contexto ya desde el pasado 18 de Enero de este año, en un Reportaje Especial aparecido en PROCESO en línea, Arturo Rodríguez García nos alertaba acerca de...
Proyecto 18, la receta con la que AMLO buscará concentrar el poder
Arturo Rodríguez García
18 Enero, 2018
El equipo de AMLO para garantizar la paz. Foto: Germán Canseco
Andrés Manuel López Obrador presentó en noviembre, una especie de guía sobre cambios que pretende en seguridad y justicia. De llegar a la Presidencia, piensa sustituir el Consejo de la Judicatura por una sala que asuma sus funciones, rediseñar el sistema de nombramientos de los ministros de la Corte, tener facultades para designar al fiscal y, entre otras cosas, crear una guardia nacional con militares. Para Alfonso Durazo y Alejando Gertz Manero, sus cercanos en la materia, el tabasqueño sólo quiere ejercer la función de comandante supremo de las Fuerzas Armadas que Peña y Calderón no asumieron.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Persistente en su abordaje, polémico como ninguno de sus oponentes, Andrés Manuel López Obrador ha enfrentado, desde diciembre –inclusive, antes de iniciar la precampaña–, cuestionamientos, críticas y descalificaciones por sus propuestas en materia de seguridad y justicia.
Desde aceptar que podía ofrecer amnistía para pacificar al país, comprometerse a resolver la inseguridad en tres años e insistir en organizar la Guardia Nacional –cuerpo que se supone civil, históricamente inactivo en México– con elementos del Ejército y de la Marina, la temática lo sigue.
Desde el 20 de noviembre, cuando presentó en el Auditorio Nacional su Proyecto de Nación 2018-2024, López Obrador dijo que un grupo de especialistas, empresarios, intelectuales, la mayoría ajenos a Morena, prepararon el documento.
Tercera vez aspirante presidencial, aquel día habló de corrupción, aunque no de seguridad y justicia, excepto porque en su alusión a los privilegiados criticó que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se hubieran asignado sueldos de 650 mil pesos mensuales, “un abuso” por el que recomendará, con respeto a la autonomía del Poder Judicial, que no lo lleven a la práctica.
El documento llamado Proyecto 18, que avala López Obrador, va más allá de eso respecto del Poder Judicial. En el apartado titulado “Mesa de análisis para el reordenamiento de la SCJN”, plantea suprimir el Consejo de la Judicatura Federal y crear una sala que asuma sus funciones “con el objetivo de generar ahorros administrativos y, al mismo tiempo, evitar injerencias de los otros dos poderes sobre el Judicial”.
En otro punto de la propuesta habla de un rediseño del sistema de nombramientos de los ministros de la SCJN, con diferentes opciones por discutir: que no sean nombrados, sino elegidos a través del voto popular, previa propuesta de las universidades y academias; otra, que se elimine el sistema de ternas y, en su lugar, sea una propuesta unipersonal del Ejecutivo, “para evitar el desprestigio de los otros candidatos de la terna y porque la elección de uno solo, de esos tres, deriva en arreglos partidistas”.
La secuencia temática del Proyecto 18 sigue con la procuración de justicia, en la que también aborda rediseños operativos institucionales y reformas.
Para empezar, propone reformar el artículo 102 constitucional para facultar al presidente de la República en la designación de un fiscal que se encargue de la específica atribución de investigar y perseguir aquellos delitos que quebranten la seguridad pública, a fin de lograr la necesaria y no siempre existente coordinación entre el Ministerio Público y las policías.
Por otra parte, plantea el retiro gradual de las Fuerzas Armadas –como en su momento lo prometió Peña Nieto– y un Pacto Nacional de Seguridad que establece en su Apartado B lo que los legisladores de Morena rechazaron en diciembre:
“De continuar en las calles, es necesaria la aprobación de una Ley de Seguridad Interior, ya que es impensable que (el Ejército) continúe realizando labores de seguridad pública, que no le corresponden, sin un ordenamiento legal apropiado.”
Además, plantea la creación de un “Bloque Nacional de Seguridad” que dependa del presidente. La propuesta, en concreto, es que se comisione al subprocurador de delincuencia organizada, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y al procurador fiscal a un área dependiente bajo las órdenes del titular del Ejecutivo federal, que sería él.
El documento original, que después fue corregido, incluía una nota no propicia para publicar respecto de esa concentración institucional bajo mando directo del presidente. El objetivo era sacarle la vuelta al Congreso en un planteamiento redundante: crear esa fiscalía que, bajo las órdenes directas del mandatario y a contrapelo con la tendencia a la autonomía, concentre la lucha contra la delincuencia organizada, contra la corrupción y los delitos electorales cuando estas dos últimas instancias correspondientes, actualmente, son autónomas.
Hubo más descuidos que se oponen a los propósitos de la división de poderes y las competencias institucionales. Por ejemplo, en el apartado “Sociedad segura y estado de derecho”, el documento expone: “Tenemos que trasladar totalmente al Poder Judicial la competencia en la investigación, persecución y sanción de la corrupción, porque el principio de independencia del órgano competente constituye la única esperanza para su erradicación”.
También destaca la organización de una Guardia Nacional, cuerpo que se supone civil, pero que López Obrador plantea integrar con militares y marinos, como lo ha propuesto reiteradamente en sus discursos de precampaña.
[CONTINUA EN LA SIGUIENTE ENTRADA]
Pues bien, en este contexto ya desde el pasado 18 de Enero de este año, en un Reportaje Especial aparecido en PROCESO en línea, Arturo Rodríguez García nos alertaba acerca de...
Proyecto 18, la receta con la que AMLO buscará concentrar el poder
Arturo Rodríguez García
18 Enero, 2018
El equipo de AMLO para garantizar la paz. Foto: Germán Canseco
Andrés Manuel López Obrador presentó en noviembre, una especie de guía sobre cambios que pretende en seguridad y justicia. De llegar a la Presidencia, piensa sustituir el Consejo de la Judicatura por una sala que asuma sus funciones, rediseñar el sistema de nombramientos de los ministros de la Corte, tener facultades para designar al fiscal y, entre otras cosas, crear una guardia nacional con militares. Para Alfonso Durazo y Alejando Gertz Manero, sus cercanos en la materia, el tabasqueño sólo quiere ejercer la función de comandante supremo de las Fuerzas Armadas que Peña y Calderón no asumieron.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Persistente en su abordaje, polémico como ninguno de sus oponentes, Andrés Manuel López Obrador ha enfrentado, desde diciembre –inclusive, antes de iniciar la precampaña–, cuestionamientos, críticas y descalificaciones por sus propuestas en materia de seguridad y justicia.
Desde aceptar que podía ofrecer amnistía para pacificar al país, comprometerse a resolver la inseguridad en tres años e insistir en organizar la Guardia Nacional –cuerpo que se supone civil, históricamente inactivo en México– con elementos del Ejército y de la Marina, la temática lo sigue.
Desde el 20 de noviembre, cuando presentó en el Auditorio Nacional su Proyecto de Nación 2018-2024, López Obrador dijo que un grupo de especialistas, empresarios, intelectuales, la mayoría ajenos a Morena, prepararon el documento.
Tercera vez aspirante presidencial, aquel día habló de corrupción, aunque no de seguridad y justicia, excepto porque en su alusión a los privilegiados criticó que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se hubieran asignado sueldos de 650 mil pesos mensuales, “un abuso” por el que recomendará, con respeto a la autonomía del Poder Judicial, que no lo lleven a la práctica.
El documento llamado Proyecto 18, que avala López Obrador, va más allá de eso respecto del Poder Judicial. En el apartado titulado “Mesa de análisis para el reordenamiento de la SCJN”, plantea suprimir el Consejo de la Judicatura Federal y crear una sala que asuma sus funciones “con el objetivo de generar ahorros administrativos y, al mismo tiempo, evitar injerencias de los otros dos poderes sobre el Judicial”.
En otro punto de la propuesta habla de un rediseño del sistema de nombramientos de los ministros de la SCJN, con diferentes opciones por discutir: que no sean nombrados, sino elegidos a través del voto popular, previa propuesta de las universidades y academias; otra, que se elimine el sistema de ternas y, en su lugar, sea una propuesta unipersonal del Ejecutivo, “para evitar el desprestigio de los otros candidatos de la terna y porque la elección de uno solo, de esos tres, deriva en arreglos partidistas”.
La secuencia temática del Proyecto 18 sigue con la procuración de justicia, en la que también aborda rediseños operativos institucionales y reformas.
Para empezar, propone reformar el artículo 102 constitucional para facultar al presidente de la República en la designación de un fiscal que se encargue de la específica atribución de investigar y perseguir aquellos delitos que quebranten la seguridad pública, a fin de lograr la necesaria y no siempre existente coordinación entre el Ministerio Público y las policías.
Por otra parte, plantea el retiro gradual de las Fuerzas Armadas –como en su momento lo prometió Peña Nieto– y un Pacto Nacional de Seguridad que establece en su Apartado B lo que los legisladores de Morena rechazaron en diciembre:
“De continuar en las calles, es necesaria la aprobación de una Ley de Seguridad Interior, ya que es impensable que (el Ejército) continúe realizando labores de seguridad pública, que no le corresponden, sin un ordenamiento legal apropiado.”
Además, plantea la creación de un “Bloque Nacional de Seguridad” que dependa del presidente. La propuesta, en concreto, es que se comisione al subprocurador de delincuencia organizada, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y al procurador fiscal a un área dependiente bajo las órdenes del titular del Ejecutivo federal, que sería él.
El documento original, que después fue corregido, incluía una nota no propicia para publicar respecto de esa concentración institucional bajo mando directo del presidente. El objetivo era sacarle la vuelta al Congreso en un planteamiento redundante: crear esa fiscalía que, bajo las órdenes directas del mandatario y a contrapelo con la tendencia a la autonomía, concentre la lucha contra la delincuencia organizada, contra la corrupción y los delitos electorales cuando estas dos últimas instancias correspondientes, actualmente, son autónomas.
Hubo más descuidos que se oponen a los propósitos de la división de poderes y las competencias institucionales. Por ejemplo, en el apartado “Sociedad segura y estado de derecho”, el documento expone: “Tenemos que trasladar totalmente al Poder Judicial la competencia en la investigación, persecución y sanción de la corrupción, porque el principio de independencia del órgano competente constituye la única esperanza para su erradicación”.
También destaca la organización de una Guardia Nacional, cuerpo que se supone civil, pero que López Obrador plantea integrar con militares y marinos, como lo ha propuesto reiteradamente en sus discursos de precampaña.
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